El día que Eufemiano Fuentes no se presentó ante el juez para dar carpetazo a la Operación Puerto

Cuatro años y medio después de su absolución, el doctor Eufemiano Fuentes ha tenido este viernes la opción de recoger los enseres incautados en las pesquisas de la Operación Puerto, la macroinvestigación que lo sentó en el banquillo por crear una estructura de dopaje de la que se beneficiaron decenas de ciclistas y atletas de todo el mundo. Citado a las 10.00 de la mañana en el Juzgado 21 de lo Penal de Madrid, el médico, que vive en Las Palmas, no se presentó en la fría mañana madrileña en la sede de la calle de Julián Camarillo para llevarse el material y cerrar al fin la cuestión judicial casi 15 años después de su arresto. Su abogado, Tomás Valdivielso, envió hace días un escrito al magistrado en el que explicaba que por razones logísticas Fuentes no podía acudir a recoger sus pertenencias, entre las que está la ACP 215 Haemonetics, la máquina con la que congelaba hematíes (glóbulos rojos) para conservarlos durante meses y después reinyectar la sangre, una práctica prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

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El final de la trama judicial de la Operación Puerto, la mayor investigación contra el dopaje llevada a cabo en España, está tan cerca que solo resta que los acusados —todos salieron libres— recojan sus pertenencias en el juzgado o que el magistrado cierre el caso. Eufemiano Fuentes lleva esperando por este paso cuatro años y medio, desde julio de 2016, cuando ya había sido absuelto y por primera vez pidió que le devolvieran lo incautado el 23 de mayo de 2006, el día de su detención y el registro en su domicilio, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró más de 200 bolsas de sangre congeladas preparadas para autotransfusiones.

En julio de 2018, el juez Eduardo González del Campillo ordenó al instituto armado que le remitiera los enseres de Eufemiano Fuentes, pero hasta el pasado diciembre no lo logró. El día 22 de ese mes, el magistrado envió una providencia a Fuentes y a Ignacio Labarta —exentrenador de ciclismo acusado de cooperar en el sistema de dopaje y también absuelto— y les informó de que sus pertenencias ya están en el juzgado 21 de lo Penal. Los citó a las 10.00 de este viernes 8 de enero. A cero grados y con Madrid envuelta en una capa de nieve por la ola de frío que recorre estos días la Península, Fuentes no se presentó a dar por fin carpetazo a la trama judicial y el magistrado tiene que decidir si lo vuelve a citar o cierra el caso.

Además de la máquina ACP 215 Haemonetics, el Juzgado 21 de lo Penal tiene el manual de instrucciones de la misma y una “bolsa precintada con numeración AG000990 con tres móviles Nokia y dos fundas negras de piel en su interior”, según la providencia. El escrito no dice nada de los dos billetes de Eufemiano Fuentes en poder de la Guardia Civil y que el magistrado pidió a los agentes. Uno es de cinco euros y el otro es de 10 francos suizos, pero el instituto armado no los encuentra. El juzgado también alberga maletas con documentos, agendas, un calentador de agua, un sellador de bolsas de sangre, un neceser con 100 jeringuillas, una nevera portátil, tarjetas con anotaciones y tres llaveros con diez llaves y dos mandos de garaje.

La ACP 215 Haemonetics era el quid del servicio de transfusiones de Eufemiano Fuentes. La máquina congelaba glóbulos rojos durante más de tres meses —con el sistema de refrigeración solo aguantaban tres semanas— y permitía a los deportistas dejar sus bolsas de sangre listas con mucha antelación a las carreras, sin tener que viajar días antes de las pruebas para practicar extracciones y reinfusiones que levantasen sospechas sobre su modus operandi ilegal. En las bolsas también se halló EPO y en la redada se localizaron, entre otras sustancias, anabolizantes, esteroides y hormonas de crecimiento para doparse.

Después de siete años de instrucción y tres meses de juicio, el primer macrocaso de dopaje en el deporte juzgado en España se saldó con una decepción: una sentencia en primera instancia que condenó en abril de 2013 a Fuentes a un año de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer la medicina deportiva —la mayor parte de las defensas pedían dos años de cárcel y dos de inhabilitación— por un delito contra la salud pública debido a la ausencia de una ley antidopaje en el momento de los hechos, mayo de 2006.

En 2016, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al doctor y al resto de acusados, aunque ordenó que las bolsas de sangre se entregasen a las autoridades antidopaje. Sin embargo, doce meses más tarde, en una sentencia aclaratoria, el tribunal estableció que estas solo podían usarse para resolver expedientes sancionadores ya abiertos, y aunque la Agencia Mundial Antidopaje tiene identificados a siete de los 30 deportistas sospechosos, cuatro en activo y tres retirados, los hechos han prescrito y no hay ningún profesional con una investigación en curso. En román paladino: hay unas bolsas de sangre de atletas y ciclistas que se trataban con el médico canario para mejorar su rendimiento de forma ilícita y no se puede saber de quiénes son.