Cultura empieza el proceso para la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quiso comparecer hoy martes en el Congreso para informar “sobre avances en el ecuador de la legislatura”. Para seguir hacia adelante, sin embargo, invitó a mirar atrás: anunció el comienzo de las actuaciones previas para lograr la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas. El 31 de octubre, Cultura envió a la Fundación Francisco Franco el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción” de la organización, paso previo necesario para su cancelación. Tras acelerar el procedimiento más simbólico, el ministerio se dispone ahora a recopilar información y encargar un estudio respecto a los organismos dedicados al fundador de la Falange Española José Antonio Primo de Rivera; al político y jurista Blas Piñar, que luchó contra cualquier apertura durante el régimen e incluso la Transición; la fundación privada Ramón Serrano Suñer, ministro en varios gobiernos de Franco; y la Fundación Pro Infancia [Gonzalo] Queipo de Llano, general considerado un criminal de guerra por muchos historiadores. A dos días de que se cumplan 50 años de la muerte de Franco y el fin de su tiranía, Cultura se lanza a borrar uno de sus legados más visibles.

La iniciativa se basa en la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno el 19 de octubre de 2022. Su disposición adicional quinta vino a recordar que puede ser causa de extinción de fundaciones el hecho de que “no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo”. Y estableció que “se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. El texto también previó la posibilidad de que el órgano judicial correspondiente suspenda provisionalmente la actividad del organismo hasta la sentencia.

Se abrió así la puerta a un procedimiento que Cultura inauguró contra la Fundación Franco y ahora amplía a cuatro más. Su primera fase consiste en pedir un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, algo que ya se hizo respecto al organismo más célebre y se inicia para los otros. La segunda parte supone la apertura del procedimiento, con la comunicación a las fundaciones afectadas y el periodo de alegaciones, donde se encuentra el caso de la Fundación Franco hasta el próximo lunes. Finalmente, se solicita un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual Cultura debe resolver “si procede instar judicialmente la extinción”. La decisión final corresponde a las autoridades judiciales.

“La memoria impide que lo pasado pase y arroja luz sobre el presente. Es un eje transversal y atañe a todas las competencias del ministerio”, subrayó Urtasun ante la Comisión de Cultura. Para la supresión de la Fundación Franco, su ministerio ya encargó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD), que entrevistó a víctimas del régimen, estudió la web de la entidad, detectó textos “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus dirigentes” y también repasó la cobertura en los medios de comunicación del organismo entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de marzo de 2025.

Un rápido vistazo a la web de la fundación Blas Piñar permite encontrar, por ejemplo, la opinión sobre él del ministro franquista José Utrera Molina: “No ha sido uno de los mejores españoles de nuestro tiempo, sino el mejor”. “Consideramos plenamente válida la figura de José Antonio Primo de Rivera, no como referente pretérito sino de cara al siglo XXI”, se lee en la página del organismo dedicado al hijo del dictador Miguel Primo de Rivera.

“Un gobierno democrático, digno de tal nombre, no puede permitir que el olvido de todo lo ocurrido en este país se infiltre en nuestra memoria colectiva y la desintegre; un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia, y así lo hacemos y haremos, de la mano de la ley”, apuntó Urtasun.

Pablo de Greiff, antiguo relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, siempre ha denunciado que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa“. El experto, autor de un informe en 2014 sobre España, destacó que en ningún país de la UE hay algo parecido ―ni mucho menos fundaciones en Italia o Alemania para ensalzar a Mussolini o Hitler― ni tampoco una legislación que permitiese la apología del odio.

Logros, omisiones y fricciones

La intervención de Urtasun se alargó casi una hora. Más incluso de lo previsto, tanto que el ministro se disculpó al finalizar. Quiso tocar, eso sí, todos los ámbitos de su competencia. Presumió de logros, dio datos ―algunos descontexualizados o sesgados― y omitió los problemas de su gestión, como le recordaron los portavoces de algunos grupos. “Siento un legítimo orgullo por lo que hemos hecho en el ministerio. Se parece menos al siglo XX, camina con mayor firmeza al paso de su tiempo y no ha esquivado ningún tema, por polémico que fuera”, declaró. “Un bienio negro. Que pena ver la cultura reducida a un par de proclamas. Prometieron mucho, han cumplido poco. Han tenido más de ideología que de gestión”, le respondió Soledad Cruz-Guzmán García, portavoz del PP.

Urtasun celebró entre otros éxitos la organización de la conferencia global Mondialcult en Barcelona, la mayor inclusión de las lenguas cooficiales en las convocatorias ―anunció que “en 2026 las obras en asturiano podrán presentarse a los Premios Nacionales”―, el aumento de los fondos a la cinematografía, o la reciente creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música, “un hito histórico al haber hecho posible independizar la acción” sobre las dos disciplinas. También informó de que ha solicitado al Ayuntamiento de Soria “la cesión del Palacio de Alcántara” para que acoja archivo y documentación del Centro Nacional de Fotografía. Y recordó que el apoyo de Cultura a la descolonización en los museos, que enfureció a las oposiciones de derecha en su primera intervención en el Congreso, hace dos años, “ha sido incorporado y normalizado, nada se ha roto, y todos hemos ganado”.

El ministro reivindicó la apuesta por “descentralizar” la cultura y por los derechos culturales con un plan ad hoc, con 146 medidas y 79 millones de euros, 46 de nueva inversión. “Cada día mas gente accede y crea cultura”, afirmó. Aunque los datos, incluidos los publicados por el propio ministerio, muestran que la exclusión de las artes sigue afectando a buena parte de la población: tres de cada cuatro ciudadanos, por ejemplo, nunca acudieron al teatro en el último año y un 10% asegura que no le gusta leer. Menos estudios, nivel de ingresos o tamaño del lugar de residencia se mantienen como barreras ante la implicación cultural, igual que la edad: se participa mucho en la juventud y cada vez menos al crecer.

Cuando el ministro destacó que el 64,9% leyó al menos un libro al año en 2024 y casi la mitad de la población acudió a un espectáculo cultural en directo, evitó decir que en ambos casos se trata de un descenso respecto a la época prepandemia, igual que sucede con muchos indicadores de participación cultural. Los cines, en concreto, han perdido un tercio de sus espectadores y recaudación. Y eso pese a que Urtasun inauguró con éxito un programa de precios reducidos para los ancianos. El ministro mostró su satisfacción también por el crecimiento del Bono Cultural Joven, la ayuda de 400 euros para gastar en el sector a los que cumplan 18 años: ya llega al 68% de sus beneficiarios, aunque mucho menos para los ciudadanos de nacionalidad extranjera o residentes en la España rural.

También es cierto que Cultura aprobó el primer inventario de obras artísticas incautadas durante la guerra civil y jamás devueltas por el franquismo, como dijo Urtasun, pero lo hizo ocho meses más tarde del plazo legal; y la restitución a los nietos del exalcalde republicano Pedro Rico de los cuadros expoliados a su abuelo se llevó a cabo tras repetidas quejas de la familia, y después de que el Cabildo de Gran Canaria se mostrara más rápido y dispuesto a otra devolución.

El ministro reiteró su impulso para aprobar tanto la Ley del Cine como la de la Oficina de Derechos de Autor. Ambas, sin embargo, llevan atascadas en el Congreso desde la anterior legisatura, pese a las promesas de su tramitación urgente. “Mi apuesta personal ha sido siempre el diálogo”, defendió Urtasun. “Siempre ha intentado enfrentarnos”, le reprochó Cruz-Guzmán García. Y recordó que el ministro decretó la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, una medida que curiosamente Urtasun no mencionó en el primer largo repaso de su gestión.

Sí reconoció el ministro dos grandes asignaturas pendientes: una mayor protección de los trabajadores autónomos culturales y la regulación del impacto en el sector de la inteligencia artificial. Tareas marcadas en rojo para la segunda parte de la legislatura.