Un proyecto de Cultura para regular la IA generativa enciende debates entre los artistas

La inteligencia artificial (IA) necesita entrenar antes de poder actuar. En eso también se parece al cerebro. Y, sin embargo, su aprendizaje no para de generar enfrentamientos con los seres humanos. Miles de artistas acusan desde hace tiempo a la nueva tecnología de fagocitar sin autorización ni compensación sus obras, para dibujar, filmar o escribir como ellos. Ya hay incluso denuncias en tribunales. Parte de los creadores exigen al menos un pago por derechos de autor. Pero otros no quieren contribuir de ninguna manera a mejorar con sus trabajos lo que consideran un ladrón y un potencial rival en el mercado. Y entre ambas posturas, el avance de la IA y los posibles impactos positivos y negativos, se coloca un proyecto de Real Decreto del Ministerio de Cultura que quiere proteger a los autores, pero también ha encendido las alarmas de algunos. Tanto que ayer lunes, plazo final para las aportaciones públicas, trasladaron por correo electrónico al departamento que dirige Ernest Urtasun su preocupación.

La iniciativa pretende introducir en el ordenamiento español licencias colectivas de derechos de autor para “el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de uso general”. Por un lado, la llamada IA generativa [la que sea capaz de acumular mucha información compleja para generar nuevos contenidos] se alimenta de miles de obras al mismo tiempo. Por otro, los creadores merecen una justa compensación, según el Ministerio. Y, finalmente, “la obtención individual de las correspondientes autorizaciones resulta excesivamente onerosa y prácticamente inviable, hasta el punto de que la obtención de la licencia necesaria se hace improbable”, afirma el texto del proyecto.

De ahí que Cultura busque crear la opción de que las entidades de gestión colectiva “concedan, bajo determinados supuestos, autorizaciones no exclusivas para la explotación de obras y prestaciones en nombre de los titulares de derechos, con independencia de que estos hayan autorizado o no a la entidad a hacerlo, es decir, en ausencia de autorización expresa por parte de todos ellos”. El propio documento recuerda que la directiva europea 2019/790 ofreció a los Estados miembros de la UE implementar esa posibilidad. Y que en otros países ya se aplica. Una fuente del ministerio, además, subraya: “El proyecto está todavía en una fase muy preliminar, de audiencia pública. La intención es que se apruebe con el consenso del sector”.

“Imagino que está hecho con buena intención, pero es un error que solo va a beneficiar a las grandes empresas tecnológicas y no va a hacer más que precarizar aún más el trabajo de los y las artistas que trabajan en este país”, respondió Álvaro Ortiz, uno de los historietistas más conocidos de España, en su aportación al proyecto, que compartió en la red social Bluesky. Precisamente a través de mensajes en esa y otras plataformas, varios artistas expresaron sus temores e intentaron animar a otros profesionales del sector a hacer lo mismo. Hace pocos días, el primer estudio sobre el posible impacto económico en las artes de la IA generativa si su avance no se regula —encargado por Cisac, la organización mundial que reúne a las principales entidades de gestión del derecho de autor— estimó que el sector musical y el audiovisual corren el riesgo de perder, respectivamente, una cuarta y quinta parte de sus ingresos globales para 2028. El proyecto de Cultura, en realidad, quiere precisamente poner ley en el Salvaje Oeste. El cómo, sin embargo, genera opiniones a favor y en contra.

“Ustedes pretenden que mis creaciones, las de muchos otros compañeros, sirvan para alimentar una maquinaria tecnológica que me dejará, precisamente, sin el poco trabajo que puedo hacer”, escribió en su correo a Cultura otro dibujante, El Torres. El artista David López o la editorial Grafito, entre otros, también se mostraron críticos. Incluso con el propio punto de partida.

El proyecto da por hecho que la IA generativa ya está aquí, ha venido para quedarse e irá a más. El texto se refiere además al “adecuado desarrollo de sistemas de inteligencia artificial […] que pueden resultar estratégicos para nuestro país”. El proyecto argumenta que la obligación para las compañías tecnológicas que pretendan nutrir sus IA generativas de ir pidiendo autorizaciones autor por autor generaría “una importante traba” para ello. Y, a la vez, Cultura sostiene que “muchos titulares de derechos estarían dispuestos e incluso desearían autorizar estos usos de sus obras y prestaciones siempre que se amparasen en una licencia”. Ya hay incluso artistas que aprovechan la IA generativa como aliada para sus creaciones. El grupo Prisa, editor de este diario, anunció el pasado marzo una colaboración con OpenAI, la compañía más conocida, admirada y temida en el ámbito de la IA, responsable de ChatGPT. En palabras de una fuente de Cultura, “hablamos de algo que ya es real y está sucediendo. Queremos regularlo en beneficio de los creadores”.

Pero los autores críticos opinan lo contrario: no se sienten defendidos lo suficiente y querrían que la visión del ministerio partiera de una oposición más férrea a la IA, como cuando Cultura se comprometió a no premiar o contratar obras creadas íntegramente con inteligencia artificial. El pasado 22 de octubre, el ministro Urtasun escribió en X: “Es imprescindible proteger los derechos de autor y la normativa que los rige, garantizando el total respeto a las personas creadoras y a los contenidos culturales de los que se nutre la IA generativa”. Y el propio proyecto recoge, a lo largo de sus 10 páginas, las preocupaciones del sector cultural ante el uso desregulado de sus obras.

También por eso el texto de Cultura fija unos cuantos matices. La licencia colectiva podrá darse solo cuando “la obtención por parte de los usuarios de autorizaciones de los titulares de derechos de propiedad intelectual de manera individual resulte tan oneroso y dificultoso que haga improbable la operación requerida” y “se garantice a todos los titulares de derechos la igualdad de trato en relación con los términos de la autorización no exclusiva”, entre otras condiciones. A la vez, las entidades de gestión que estén interesadas en aprovechar esta opción deberán permitir que “los titulares de derechos que no hayan autorizado a conceder la autorización no exclusiva puedan excluir sus obras o prestaciones protegidas de la licencia colectiva ampliada, en cualquier momento, con facilidad y de manera efectiva”. Pero nada de eso le basta a Ortiz. “Espero que recapacitéis”, concluye su correo a Cultura. De momento, una vez cerrado el plazo de aportaciones públicas, el proceso sigue adelante. El debate, también.