‘Caso Pissarro’: un dilema moral para España

El caso pissarro continúa. La familia Cassirer que reclama el cuadro del pintor impresionista al Museo Thyssen de Madrid seguirá batallando más de 20 años después de que empezara este proceso judicial en tribunales de Estados Unidos. Los primeros propietarios de Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia, de 1897, de Camille Pissarro, no están de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Apelaciones de California que este martes concluyó que la pieza es del Museo Thyssen. Las posibilidades de ganar esta guerra judicial parecen complicadas. Pero en este tortuoso camino de juicios, sentencias y sesiones de arbitraje, esta familia alemana y judía encuentra algo de esperanza en el voto particular de la jueza Consuelo Callahan del pleno californiano que ha abierto otro debate en torno al caso. “España debería haber renunciado voluntariamente al cuadro”, dejó por escrito la magistrada. ¿El pissarro es una cuestión moral o legal?

Callahan señala directamente a España en su voto y plantea al Estado que, si reafirmó su compromiso con los Principios de Washington sobre el arte confiscado por los nazis al firmar la Declaración de Terezin sobre los Bienes de la Época del Holocausto y Cuestiones Afines, tal vez el Gobierno debería intervenir y renunciar a que esta pieza siga colgada en el Museo Thyssen. La jueza se dirige a un país y no solo a la pinacoteca porque el pissarro es patrimonio nacional al ser propiedad del Estado desde 1993 y exponerse en un museo nacional.

La Abogacía del Estado se personó en 2017 en apoyo de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en este litigio. En aquel momento, María del Carmen Acedo, abogada del Estado, firmó un escrito en el que defendió la aplicación de un artículo del Código Civil. Es decir, el Gobierno ha formado parte de la defensa del museo y ha respaldado que en este caso debe aplicarse la ley española, como ha dictado el Tribunal de California para darle la razón al Museo Thyssen. Además, como recuerda el gerente de esta institución, Evelio Acevedo, los costes de esta larga batalla judicial se han pagado con el dinero de un museo nacional que recibe una partida estipulada en los Presupuestos Generales del Estado. “Siempre ha habido un respaldo estatal absoluto”, asegura.

“El equipo actual del Ministerio considera que el caso hubiera podido gestionarse de otra manera en el marco de los acuerdos internacionales sobre incautaciones de obras de arte por el régimen nazi, pero respetamos la decisión judicial”, explican fuentes del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun. No dan más detalles de esa manera en la que hubieran manejado años de litigio y la posible devolución del cuadro.

“Nuestra sentencia se ve compelida por las conclusiones de hecho del tribunal de distrito y la legislación aplicable, pero desearía que fuera de otro modo”, añadió la jueza Callahan en su voto particular asumiendo la sentencia, aunque mostrando su incomodidad con la misma. “No vamos a entrar en opiniones personales y esta señora, más que un voto, lo que me parece es que expresa una opinión personal”, subraya Acevedo en respuesta a las palabras de la jueza. El portavoz del Thyssen considera que cumplen con los principios de Washington sobre arte confiscado por los nazis porque en 1976, cuando el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza compró esta obra por 360.000 dólares a una galería neoyorquina lo hizo “de buena fe”. Además, Acevedo considera que los Cassirer ya fueron compensados en 1958 cuando Lilly Cassirer, primera dueña del cuadro, alcanzó un acuerdo con el Gobierno alemán, el marchante Jakob Scheidwimmer y D. Julius Sulzbacher por el que aceptó 120.000 marcos alemanes del Gobierno federal alemán para poner fin a las reclamaciones entre las partes.

Los Cassirer, por el contrario, no valoran de manera tan positiva esta compensación y recurrirán el dictamen del pasado martes del Tribunal de California. Bernardo Cremades, del bufete de abogados español que forma parte de la causa en representación de varias asociaciones judías españolas, considera que “la sentencia omite el hecho de que se está protegiendo que alguien se quede ―o un Estado, que es mucho peor— con arte robado o expoliado por los nazis, en contra de todas las convenciones internacionales”.

Para tratar de evitar que estos litigios se alarguen durante años y los casos se desperdiguen por distintos tribunales del mundo, donde son susceptibles de juzgarse según la ley de cada país, el Gobierno alemán, liderado por Olaf Scholz, anunció en 2022 una corte central para juzgar los casos de restitución de arte expoliado por los nazis. Su objetivo es eliminar cualquier traba burocrática y mejorar el trabajo de la comisión que hasta ahora recibe las reclamaciones relacionadas con las obras que están en colecciones públicas, como pueden ser el caso del Thyssen o el del Museo de Filadelfia. A finales de 2023, la fiscalía de Manhattan sentó un precedente en la restitución de obras de arte robadas por los nazis al obligar a cinco importantes instituciones culturales de EE UU (como el Museo de Arte Moderno) la devolución de siete dibujos del pintor austriaco Egon Schiele que fueron robados a una víctima del Holocausto.

La familia Cassirer, que lleva más de 20 años en esta batalla judicial, tendrá que presentar ahora un recurso de reconsideración ante el pleno del Tribunal de Califronia y de ahí quedaría la opción de elevar su queja de nuevo al Supremo de Washington, que podría aceptar revisar de nuevo el tema o dejarlo estar. Las posibilidades de que este tribunal admita por segunda vez a trámite el caso son remotas.