El valioso archivo de la ‘duquesa roja’ afronta su hora decisiva: bien público o subasta privada

Diciembre de 2007 fue un mes de reconocimientos y misivas elogiadoras para Luisa Isabel Álvarez de Toledo, XXI duquesa de Medina Sidonia. Ella, más cómoda en su sobrenombre de duquesa roja, recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, pese a que no era amante de premios. Los partidos políticos de Sanlúcar de Barrameda se lanzaron a felicitarla y a todos los despachó con una misiva en la que puso más interés en dejarles un mensaje que resultó póstumo y premonitorio: “Que todos los sanluqueños valoren y sientan como suyo este patrimonio, y desde aquí les pido que cuando falte velen para que se cumplan cada uno de los estatutos que yo he redactado de esta Fundación que presido, y que es la de todos los sanluqueños”. Álvarez de Toledo aún no sabía que se moría, pero quizás presentía ya el agrio conflicto hereditario que se abriría con su fallecimiento, apenas tres meses después. Ahora, tras casi 15 años de batalla legal, el sino del archivo privado más importante de Europa ha entrado en su cuenta atrás definitiva. La que le llevará a su salvación como bien público o a acabar subastado en manos privadas.

El último capítulo de esta intrincada historia que mezcla nobleza, cuitas familiares y el impresionante patrimonio artístico y documental de la primera duquesa española abanderada como intelectual de izquierdas y homosexual se ha producido en el Juzgado Mixto Número 1 de Sanlúcar. La jueza titular Clara Arroyo ha dictado un auto en el que ordena la ejecución de la sentencia de 2018 que desbarató los planes de la desaparecida duquesa roja de legar su palacio y el archivo que contiene más de seis millones de documentos a la Fundación Medina Sidonia, participada por cuatro administraciones públicas como patronos—el Ayuntamiento, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura— y presidida por su viuda, la historiadora Liliane Dalhmann. El pronunciamiento consideró que la noble había desheredado a sus tres hijos, Leoncio, Pilar y Gabriel González de Gregorio, y estableció un nuevo reparto para un patrimonio histórico valorado en 50 millones de euros: un tercio de los bienes para ellos; la tercera parte de mejora para Leoncio, actual duque —aunque con el usufructo de Dahlmann—, y el 30% de libre disposición para la Fundación.

Desde aquella sentencia y después de que el Tribunal Supremo no admitiera el recurso de casación de Dalhmann en 2021, la situación legal del nuevo reparto había quedado “en la nebulosa”, según asegura Nicolás González-Cuéllar, abogado de Pilar González de Gregorio. Ha sido el letrado, a petición de su cliente, el que ha activado la ejecución, al solicitarla al juzgado. De hecho, la jueza ha ordenado —en un auto fechado el pasado 7 de febrero y al que ha tenido acceso EL PAÍS— que se libre mandamiento a la Consejería de Cultura, catastros y registros de la propiedad para reconocer solo el derecho de la hija a aparecer como propietaria del “11,6168% del pleno dominio sobre dichos bienes”. El problema está en que no es tan sencillo repartir un palacio del siglo XVI de hectárea y media que acoge preciadas obras de arte y un archivo de 6.316 legajos y casi mil años de antigüedad. Sobre todo, después de que el mismo pronunciamiento de 2018 dejase claro que todo ese patrimonio catalogado como Bien de Interés Cultural es indivisible e indeslocalizable.

“La gestión no va a ser fácil. Cada uno querrá disfrutar de su cuota correspondiente. Va a ser ingobernable”, asegura José Gómez Villegas, abogado y presidente del consejo asesor de la fundación. Fue lo que hizo —pese a que no consta que haya reclamado la ejecución de la sentencia— el actual duque cuando, en 2019, decidió unilateralmente irse a vivir al palacio en el que ya vive Dalhmann. Pero González-Cuéllar descarta esa opción y desvela con claridad sus cartas: “Estamos en una ocasión estupenda para que estos bienes pasen a ser públicos”. O lo que es lo mismo, que la heredera está interesada en negociar con los patronos públicos de la Fundación su parte de la herencia, valorada en unos seis millones de euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el actual duque y su abogado para saber si el primogénito también estaría dispuesto a vender su parte, pero han eludido hacer declaraciones. Con todo, Gómez cree que los otros dos hermanos también estarían dispuestos a negociar.

De entrada, las administraciones públicas son las mejor posicionadas y no solo por el derecho de tanteo que tienen para adquirir bienes culturales. La muerte de Álvarez de Toledo, en 2008, se produjo en un momento en el que el impuesto de sucesiones a la Administración andaluza era mayor que en la actualidad. El letrado González-Cuéllar dice desconocer cuánto le tocará pagar a su representada, pero intuye que es un importe alto y por eso cree que la Junta tiene una “baza importante para llegar a un acuerdo porque puede compensar la parte legalmente”. Pero la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía parece hierática ante la oportunidad. Desde la institución aseguran que están estudiando alternativas con el resto de las administraciones, pero no concretan más: “Vamos a ver y a esperar acontecimientos. Estamos hablando de un asunto nuclear para el estudio de la historia de España”. También parece inmóvil el Ministerio, que solo apunta que la decisión deberá tomarse “de forma conjunta entre las cuatro administraciones, siendo la Junta, por cuestiones competenciales, la responsable de tomar la iniciativa en las gestiones que se quieran plantear”.

O al menos esa es la sigilosa postura oficial. Fuentes cercanas a la negociación explican que, tras la reunión de urgencia que convocó la Fundación a finales de febrero, los cuatro patronos públicos han quedado en reunirse de inmediato y explorar las opciones legales que le asisten. Pero el cronómetro impuesto por la hija de la duquesa ya se ha activado y su abogado también advierte de qué pasará si las administraciones descartan negociar: “Es el momento de reunirnos con la Administración porque es el momento de cumplimentarse los derechos tributarios. Se ha acabado la discusión infantil y ha llegado el momento que las administraciones se preocupen por un patrimonio que debe ser público y que puede salir a pública subasta, y no nos gusta nada. Lo que no tiene sentido es que venga un fondo privado internacional y se haga cargo de un bien”.

Al otro lado, Gómez tampoco alberga dudas de que si los patronos públicos no ejercen su derecho de tanteo con los herederos para que el palacio acabe siendo público, la subasta está a la vista. Y con ella llegará el peligro para un valioso patrimonio documental que catalogó la propia duquesa, pero que, en su mayoría, aún está por digitalizar (apenas se ha actuado sobre 500 de los más de 6.300 legajos). La situación se ha vuelto tan angustiosa que la presidenta Dalhmann, que ha dedicado buena parte de su vida a ejercer de valedora de la conservación del palacio y su archivo desde el fallecimiento de su esposa, prefiere guardar silencio. “Llevo años advirtiendo que esto iba a pasar, aquí habrá cinco llaves y será ingobernable”, avisa. El abogado de la Fundación añade: “Ha llegado el momento de las administraciones asuman su responsabilidad. Había una vocación pública y ahora debe consolidarse”.

Aunque justo este 7 de marzo se cumplieron 15 años desde que Álvarez de Toledo ya no está, en su palacio da la impresión de que nunca se marchó. Dalhmann mantiene vivo el recuerdo de la duquesa en cada rincón, cuajado de cuadros, escritos y libros de la que fuese gran defensora del jornalero andaluz. Mucho escribió la duquesa roja sobre el propio pasado de su casa ducal, sabedora de que esa historia no solo le pertenecía a ella. Y así lo dejó también dicho: “Como titular de la casa, he hecho cuanto está en mi mano para conservar lo que llegó hasta mí. La solución estribaba en crear un centro de memoria colectiva, bajo la doble protección de declaración de monumento histórico-artístico con cuanto contiene, conseguida en 1978, y la de Fundación. Pero nada de esto tendrá consistencia si no existe una voluntad determinada, social o popular, de preservar la memoria de las raíces comunes”.