El legado de la duquesa roja afronta una situación “crítica”

Las ascéticas escaleras que conducen a uno de los archivos privados más importantes de Europa están decoradas por tres lienzos. Una señorita cuajada de tules interpela con gesto serio en el primero. En el segundo, sostiene un cigarro sonriente, rodeada de legajos antiguos. Y, en el último, la misma mujer aparece vestida de presa y encadenada a una corona. “Lo que querían que fuera, lo que yo quería ser y en lo que me convirtieron”, solía bromear su protagonista, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, XXI duquesa de Medina Sidonia. Con su muerte, la ironía se ha convertido en la paradójica realidad de un valioso legado cultural de obras de arte y seis millones de documentos, participado por la Administración, pero atascado en una maraña judicial y familiar sin fin.

En la última planta de un impresionante palacio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la Fundación Casa Medina Sidonia vela con mimo por la conservación de un archivo de 6.316 legajos y casi mil años de antigüedad. Fue Álvarez de Toledo quien encomendó la tarea a esta entidad, en la que implicó al Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Sanlúcar. Pero la preocupación se ha instalado ahora entre los patronos ante la inminente ejecución de una sentencia que pone en serias dudas la supervivencia de la fundación. Para agravar el entuerto, el primogénito y actual duque, Leoncio González de Gregorio, vive desde marzo en el monumento.

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“Luisa Isabel crea la fundación porque cree que estos bienes tienen vocación pública y eso, ahora, está en peligro”, añade Liliane Dahlmann, viuda de la conocida como duquesa roja y presidenta del patronato. En junio de 2018, la Audiencia Provincial de Cádiz confirmó la sentencia que determinó que la noble desheredó a sus hijos al dotar a esta institución del palacio y el archivo. El juez estableció un nuevo reparto en el que sus hijos Leoncio, Pilar y Gabriel González de Gregorio son propietarios de un tercio de los bienes; el actual duque, de la tercera parte de mejora —aunque con el usufructo de Dahlmann— y la Fundación, del 30% de libre disposición.

Indivisible

Pero el magistrado también dejó claro que la hectárea y media de palacio y su contenido, valorados en unos 30 millones de euros, son indivisibles e indeslocalizables. La paradoja es evidente para José Gómez Villegas, abogado y presidente del consejo asesor de la fundación: “La situación es crítica. La sentencia es una entelequia, prácticamente inejecutable”. Pero no lo ve así el abogado de Leoncio González de Gregorio, Eduardo Ferreiro: “Que sea indivisible no quiere decir que los propietarios no puedan hacer uso ordenado del mismo”.

Y es justo lo que ya está haciendo su cliente desde que se mudó y se empadronó en el palacio. “Me lo han recomendado mis abogados”, reconoce el duque por escrito a EL PAÍS. Todo ello, pese a que la sentencia está pendiente de ejecutar porque una parte —que no afecta al monumento— está recurrida ante el Tribunal Supremo y a que González de Gregorio aún no ha recibido la herencia que, previsiblemente, le obligará a pagar un importante montante en concepto del impuesto de sucesiones.

El duque vive recluido en “una dependencia anexa al palacio”, como él mismo explica. No abona nada por los gastos, según apuntan desde la fundación, aunque él asegura que su presencia no supone “ningún costo extra”. “Más bien creo que, por las circunstancias históricas, por mi profesión [profesor de Historia en la Universidad de Castilla La Mancha] soy un activo para la Fundación”, sentencia González de Gregorio. Pero en el palacio no lo ven igual. “Cuando hay cualquier evento o visitas, aparece y se presenta como el duque e interfiere en la interpretación cultural que se está realizando. No son actuaciones de una institución seria. Además, es un peligro, si pasa algo, la responsable soy yo”, explica Dahlmann preocupada.

Esto hay que blindarlo. Sé que Isabel no descansará tranquila hasta que eso ocurra 

Liliana  Dahlmann 

Para Gómez, esta forma de actuar del duque oculta otro fin: “Se ha marcado una hoja de ruta para desprestigiarla y quitarla de en medio [en referencia a Dahlmann]”. Y la situación podría complicarse más si a los otros dos hermanos les diese por mudarse un un palacio que también será de su propiedad. “Este patrimonio gestionado con cinco llaves, los hijos, la fundación y yo, sería imposible”, adelanta Dahlmann.

El desasosiego trasciende los vetustos muros de palacio y llega a las cuatro administraciones implicadas como patronos desde 1990. Mientras que el Ayuntamiento y la Diputación guardan silencio y el Ministerio de Cultura muestra su “respeto” por las decisiones judiciales, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, reconocía el pasado lunes su “preocupación” por la viabilidad de la institución y manifestaba su deseo porque todo “algún día sea público”.

No a las negociaciones

El duque le agradece sus palabras y le anima “a un debate interno sincero”. Pero también dice que “no es momento” de hablar de negociaciones concretas. No lo ve así Miguel Ángel Vázquez, anterior consejero de Cultura de la Junta: “La obligación es llegar a un acuerdo entre las distintas administraciones para hacer frente común”. El socialista incluso llegó a estudiar la posibilidad de ofrecer a los herederos la compra de sus partes de la propiedad en la que se les compensase “en especies” el pago del impuesto de sucesiones andaluz.

La sentencia es una entelequia, prácticamente inejecutable 

José Gómez Villegas, abogado de la fundación

La pasión de la duquesa roja porque el palacio y su contenido no se perdiesen ya la llevó a promover una protección que, convertida hoy en bien de interés cultural, ha sido clave para evitar su fragmentación durante el proceso judicial. “Como mis hijos no parecen inclinados a sacrificarse por conservar este patrimonio, aunque sí a disfrutarlo, transformando el cuadro y el documento en ‘bien vendible’, quisiera pedirle que, con el fin de evitar nuevas pérdidas, lo declarase monumento histórico-artístico”, llega a afirmar Álvarez de Toledo en una misiva enviada en mayo de 1977 a Fernando Chueca Goitia, entonces director de Patrimonio Artístico Nacional.

Hace ya 11 años que la duquesita, como era conocida en Sanlúcar, falleció poco después de casarse con la que también fue artífice de ordenar el legado de los Medina Sidonia. La historiadora Dahlmann se unió hace 38 años a un proyecto personal que ya enfrascaba buena parte del tiempo de Álvarez de Toledo, que tardó una década en catalogar los documentos que languidecían en un guardamuebles de Madrid. La duquesa consiguió poner en pie su archivo, pero su voluntad está lejos de cumplirse.

En la calurosa mañana del domingo, los visitantes pasean despreocupados por el palacio de los Medina Sidonia. Ni se percatan del desasosiego que campa a sus anchas en la sede de una fundación que, envuelta en un entuerto familiar, teme que el valioso legado cultural que custodia acabe convertido en carne de papel cuché. “Esto hay que blindarlo. Sé que Isabel no descansará tranquila hasta que eso ocurra”, zanja Dahlmann apesadumbrada.