Vox, entre la “guerra cultural” y la guerra contra la cultura
El partido ultra pide “libertad de expresión” para mensajes de odio en las redes y censura para manifestaciones artísticas que ofenden sentimientos religosos
El ataque del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, contra el festival de cine de Valladolid, la Seminci, al que acusó de promocionar “la ingeniería de género y verde”, por dedicar una sección al cambio climático, ha sido el último choque entre Vox y el mundo de la cultura. El más alto cargo institucional del partido ultra reclamó al Ayuntamiento de Valladolid, principal financiador del festival, que “promocione nuestra industria audiovisual” y apueste “por el cine sin ideología”. El alcalde de la ciudad, Óscar Puente, le respondió que no estaba entre sus cometidos dar instrucciones a la Semici sobre su programación.
No resulta fácil saber cuál es ese “cine sin ideología” que Vox quiere promocionar. En Viva 22, el megafestival que el partido de Abascal organizó en Madrid en octubre pasado, se ofreció un espectáculo audiovisual titulado La historia que hicimos juntos en el que se proyectó la imagen de 70 literatos y artistas españoles que han destacado en distintas disciplinas. En la lista no figuraba un solo cineasta (ni Buñuel, ni Saura, ni Berlanga), aunque sí José María Sánchez-Silva, autor de Marcelino Pan y Vino, la novela en la que se basó uno de los mayores éxitos cinematográficos del franquismo.
En los programas electorales con los que Vox ha concurrido a las elecciones tampoco se dice una palabra sobre cinematografía. Hay que remontarse al libro Santiago Abascal. España vertebrada, una larga conversación con Fernando Sánchez Dragó editada en 2019, para saber lo que el líder ultra piensa del cine español. “Me molestan algunas películas españolas. Son truculentas y siempre sacan lo peor. […] No me gusta el cine que viene a tocarnos las narices para que nos sintamos mal”, afirmaba sin citar ninguna. Aunque Vox es férreamente proteccionista cuando se trata de la agricultura o la industria nacional, no considera necesario defender la cultura española. “En lo relativo a la cultura, tiene que existir lo que la gente quiere ver o leer o escuchar”, sostiene Abascal.
Con una excepción: “Creo que el Estado tiene que conceder subvenciones solo a las películas que fomenten el patriotismo”. Su modelo, explica, es Sangre de mayo, el filme que la entonces presidenta de Madrid Esperanza Aguirre encargó a José Luis Garci para conmemorar el bicentenario del levantamiento contra la invasión francesa de 1808 y por el que la comunidad autónoma pagó 15 millones de euros.
El hecho de que la Agenda España, un documento de casi 40 páginas que constituye la más reciente y extensa plasmación del programa político de Vox, no incluya una sola medida de fomento de la cultura no significa que esta palabra esté ausente del texto. Al contrario, Vox proclama la “cultura de la vida” para justificar la prohibición del aborto y la eutanasia; carga contra la “multiculturalidad” en nombre de una homogeneidad cultural que asocia la identidad nacional con la religión católica; y sitúa como uno de sus principales objetivos la lucha contra la “hegemonía cultural”, y no solo política, de la izquierda.
El pasado día 26, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró en el Ateneo de Madrid que “la batalla cultural es la más importante de las batallas”. “En estos años hemos tenido que escuchar muchas veces que lo importante es la economía”, argumentaba. “Claro que la economía es importante. Pero prácticamente todas las medidas económicas son reversibles: si alguien sube los impuestos, se pueden bajar mañana. El problema esencial que aqueja a España es de ideas. Y de todas estas ideas equivocadas y de la falta de defensa de las ideas correctas se derivan luego problemas económicos. Pero no podemos mirar solo las consecuencias, tenemos que ir a la raíz del problema, que es el mundo de las ideas”, concluía, marcando distancias con el PP, representante de una derecha que supuestamente se limitaría a gestionar la economía sin cuestionar la “hegemonía cultural” de la izquierda.
Espinosa de los Monteros no es la primera voz que desde el espacio político de la ultraderecha se apropia del concepto de “hegemonía cultural”, acuñado por el pensador marxista italiano Antonio Gramsci. El filósofo francés Alain de Benoist, fundador de la Nouvelle Droite y líder del GRECE (Grupo de Investigación y Estudios para la Civilización Europea), surgido como reacción a la revolución parisina de mayo del 68, ya teorizó que la conquista del poder político no es sino la culminación de la conquista del poder cultural. Por su parte, Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, es el artífice del rearme de la alt-right estadounidense gracias al control de las nuevas tecnologías: big data, microtargeting e inteligencia artificial. Sus ideas (supremacismo blanco, capitalismo salvaje, integrismo religioso) son las mismas, pero los instrumentos de manipulación a su servicio no tienen precedentes.
En el caso de Vox, la “guerra cultural” pasa por la revisión de principios que ya forman parte del consenso científico y social: la responsabilidad del ser humano en el calentamiento global; la persistencia de una violencia estructural contra la mujer; o la denuncia de una supuesta política de fronteras abiertas que propiciaría la entrada masiva de inmigrantes.
Vox se ha ido rodeando de una pléyade de entidades que replican las manifestaciones genuinas de la sociedad civil: un sindicato, una fundación, una organización femenina (que no feminista), asociaciones de vecinos, de mayores, de maestros contrarios al adoctrinamiento en la escuela (sic) e incluso de defensores de los portadores de armas de fuego, entre otras. El macrofestival Viva ha servido, por su parte, de escaparate a un ramillete de intérpretes como el rapero neonazi G. Babe o el grupo que corea “Vamos a volver al 36″, supuestamente en tono irónico.
Una de los banderines de enganche de Vox entre los jóvenes es la defensa de la “libertad de expresión” en las redes sociales. Así se titula uno de los 20 capítulos de Agenda España en el que reclama, entre otras medidas, una legislación que impida que las grandes tecnológicas se conviertan en “tribunales de excepción” que puedan suspender cuentas de sus usuarios, como le ha sucedido al partido ultra en varias ocasiones; y el fin de la persecución de los “delitos de odio”, en los que incurre Vox cuando vincula indiscriminadamente a los inmigrantes con la delincuencia.
La defensa de la libertad de expresión para criminalizar a la comunidad musulmana en su conjunto es compatible, sin embargo, con reclamar la censura de aquellas manifestaciones artísticas que puedan herir la sensibilidad de algunos católicos. Vox aplaudió la decisión de la Comunidad de Madrid de cancelar la representación de la obra de Paco Bezerra Muero porque no muero, inspirada en la vida de Santa Teresa. Aunque el Gobierno de Díaz Ayuso adujo razones económicas, el portavoz del partido ultra, Gonzalo Babé, no ocultó su satisfacción por la retirada del cartel de una obra, en su opinión, “dañina y esperpéntica”, que ataca a “la cultura española y a una santa doctora de la Iglesia”, a pesar de que la SGAE (Sociedad General de Autores de España) le había otorgado su premio anual de teatro. No es un caso aislado: Vox pidió el cierre del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) por una exposición de dibujos de la argentina Diana Raznovich que ilustraba la insensibilidad de algunos jueces ante el maltrato a las mujeres.
En marzo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, Vox lanzó una campaña bajo el lema “España puede vivir sin sus titiriteros, pero no sin sus agricultores y ganaderos”, ilustrada con fotografías de los cineastas Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Eduardo Casanova. Poco más de dos años después, tomaba posesión el nuevo Gobierno de Castilla y León, en el que Vox ocupa una vicepresidencia y tres consejerías, incluida la de Cultura. En los primeros presupuestos de la Junta de coalición entre el PP y Vox, aprobados el pasado día 27, no figura ninguna partida específica para “promocionar nuestra industria audiovisual”, como pedía García-Gallardo al Ayuntamiento de Valladolid, pero sí 290.000 euros para la promoción de la tauromaquia.
Babelia
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