Turismo masivo para el milenario monasterio

La Diputación de Ourense no pone freno a su decisión de ensanchar la carretera de acceso al monasterio rupestre de San Pedro de Rocas, en pleno corazón de la Ribeira Sacra. El presidente provincial, José Manuel Baltar, quiere que puedan acceder hasta el milenario cenobio, sobre el que pesan nueve figuras de protección, grandes autocares. Ni el contencioso administrativo interpuesto por los dueños del terreno alertando de que la obra supone talar de más de un centenar de árboles catalogados, ni la denuncia ante el Seprona acusando a la Diputación de un supuesto delito de expolio en grado de tentativa, invasión de terreno privado y daños patrimoniales, ni la registrada ante la Fiscalía por expertos historiadores advirtiendo del riesgo de desaparición de elementos patrimoniales y arqueológicos, han detenido a Baltar, que ya ha adjudicado la obra. La Xunta lo respalda.

El titular de la Diputación mantiene intacta su hoja de ruta respecto a la carretera que lleva hasta el monasterio, asentado en el municipio de Esgos, en donde él es teniente de alcalde. El cenobio, excavado en roca natural y cuyo origen se sitúan en el año 10.000 antes de Cristo, según las últimas investigaciones, ha sido utilizado ya por Baltar como sede para la celebración de actos del PP o como plató de películas o de videoclips musicales que patrocina la Diputación que preside.

La adjudicación de la obra se produce con los procesos judiciales abiertos. Expertos historiadores y arqueólogos están citados para declarar el próximo marzo como peritos en el contencioso abierto con el fin de paralizar la reforma del vial. Y la familia propietaria de los terrenos afectados, objeto de expropiación forzosa, sigue interponiendo demandas.

Entre las últimas figura una contra la jefa territorial de Cultura y Turismo de la Xunta en la provincia de Ourense, Sandra Quintas Vázquez, persona del núcleo duro del presidente Baltar y alcaldesa del Ayuntamiento ourensano de Bande en donde ha sustituido al exmarido de su tía, la diputada en Cortes Ana Belén Vázquez Blanco, quien a su vez había cedido antes el bastón de mando a su exmarido.

Quintas ha autorizado, con firma delegada de la directora general de Patrimonio de la Xunta, la autorización para la obra de la carretera obviando dos informes negativos previos de sus predecesores en el cargo correspondientes a los años 2008 y 2011, cuando ese entorno tenía menor protección que ahora -en 2018 toda la Ribeira Sacra fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC)- y en los que constaba que la ampliación de la carretera provocaría la pérdida irremediable de bienes protegidos.

En ambos informes se autorizaban únicamente obras de mejora del firme y se especificaba que debía mantener el trazado de la carretera existente. Los antecesores de Quintas en la jefatura territorial advertían entonces que la obra afectaría a un BIC y apelaban al cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

En la demanda registrada ante el Seprona, los dueños del terreno acusan a Quintas de “encubrimiento de las protecciones de la normativa de patrimonio que por su cargo está obligada a conocer”. Los demandantes sostienen que la jefa territorial elude mencionar en su informe la legislación de mayor protección, la Declaración de BIC de la Ribeira Sacra-Paisaje Cultural, de diciembre de 2018 “teniendo en cuenta que no puede alegar desconocimiento puesto que la resolución de aprobación del proyecto de carretera es posterior y de mencionarlo, el proyecto de carretera no se podría llevar a cabo.”

La Diputación prepara las excavadoras. En la memoria del proyecto, el organismo provincial reconoce que una parte del ámbito de actuación “está dentro del área de protección del monasterio de San Pedro de Rocas, en suelo rústico de Protección de Patrimonio Arqueológico”. No obstante, destaca que se lleva cabo con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la proximidad del monasterio dado que, puntualiza, “presenta todavía un trazado anticuado, se trata de un tramo muy estrecho de vial y con curvas muy cerradas”. Algo que, sumado a la frecuencia de autobuses “complica la circulación del tráfico”, añade.

La obra ha sido adjudicada a la empresa Opain, SL (Obras, pavimentos e instalaciones industriales, SL), sucesora de la filial Ocasa (Obras, Caminos y Asfaltos, SA) que durante una década llegó a ser referente en Ourense y que en 2012 inició su declive: fue denunciada por estafa e investigada por el Ministerio de Fomento por la adjudicación de contratos en la Demarcación de Carreteras de Ourense (se presentaban tres empresas en competencia ficticia: todas compartían el administrador). También fue acusada por Competencia de haber formado parte del llamado “cartel del asfalto en Galicia”, empresas que acordaban ofertas a la baja para presentarse a licitaciones de las administraciones como competidoras aunque después la ganadora, compensaba económicamente a las otras. En 2020 se vio abocada a la liquidación.