La justicia da la razón a la Maestranza de Sevilla en la disputa sobre el IVA planteada por la empresa Pagés

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla ha fallado a favor de la Real Maestranza de Caballería en el pleito que hace dos años planteó la empresa Pagés sobre el cobro del IVA en el canon anual que esta debe abonar por el alquiler de la plaza de toros sevillana.

El empresario Ramón Valencia, cabeza visible de Pagés, reclamaba la devolución de seis millones de euros por el IVA abonado desde 1986, alegando que el contrato entre las partes se firmó en el año 1932, y la actual normativa fiscal es muy distinta a la de entonces.

La sentencia, a la que ha tenido acceso el diario Abc de Sevilla, señala que el acuerdo es plenamente vigente y legal, y que cuando se firmó la prórroga en 2002, fecha en la que finalizaba la concesión de 80 años que se fijó en 1932 con Eduardo Pagés, —abuelo de la esposa de Valencia—, se mantuvieron las condiciones.

La sentencia aclara que el contrato establece el pago del canon sobre los ingresos brutos y hace constar una aclaración clave: “sin que se detraiga cantidad alguna por razón de exacciones e impuestos para la aplicación de dicho porcentaje”.

Por esta razón, la juez Ana María León señala que “para determinar la renta del arrendamiento, el porcentaje fijado se ha de aplicar sobre el total pagado por los espectadores, incluidos los impuestos, sea cual sea la figura impositiva que pudiese existir”.

“Con independencia de los pactos a que las partes pudieran llegar en el futuro, prosigue, “considero que ha sido correcto el pago de la renta en la cantidad satisfecha por la arrendataria y aceptada por la arrendadora, y no existe ningún pago indebido o enriquecimiento injusto de las codemandadas a que hayan de hacer frente, por lo que no procede devolución de cantidad alguna por tal concepto”.

El primer contrato se firmó en 1932 entre la Real Maestranza y el empresario Eduardo Pagés, y, posteriormente, se renovó en 1937, 1941, 1945, 1964 y 2002.

La cláusula quinta del documento firmado el 12 de julio de 2002 señala que la renta fijada es del 21,5 por ciento de los ingresos brutos que Sevilla Pagés perciba por los espectáculos que se celebran en la plaza, “al que se adiciona un 0,38 por ciento de dichos ingresos en pago del alquiler del local adyacente, al que en el año 1979 trasladó la actora sus oficinas, lo que hace un total del 21,88%”.

Por otra parte, la sentencia sí da la razón a Pagés en la gestión de las visitas turísticas a la plaza de toros, que gestiona en exclusiva la Real Maestranza. La juez señala que a la empresa de Ramón Valencia le corresponde el 50 por ciento de los beneficios de la citada actividad desde marzo de 2019, fecha en la que se presentó la demanda.

Este espinoso asunto ha enrarecido las relaciones entre la propiedad de la plaza y la arrendataria, y pone en peligro la continuidad del contrato actual, que finaliza en 2025.

A pesar de que en su día ambas partes emitieron un comunicado conjunto sobre el pleito en el que afirmaban que “la relación ha sido y es excelente”, parece que la realidad es muy distinta.

Así lo reflejó en este periódico en marzo de este año Luis Manuel Halcón, miembro de la institución propietaria y maestrante responsable de la plaza, quien expresó abiertamente el estupor y el dolor de la corporación ante la demanda de la empresa Pagés. “Muy pocos maestrantes entienden que intentemos mantener una relación cordial a pesar de ello”, señaló entonces.

Preguntado sobre el futuro, su ambigua respuesta apuntaba la gravedad del problema: “No puedo apuntar nada porque todo es tan cambiante… ¿Querrá la empresa renovar el contrato en esa fecha o estará en otro objetivo vital? ¿Querrá la Real Maestranza seguir con este modelo después de esta experiencia tan dura con una familia que nos ha demandado después de haber mostrado reiteradamente su satisfacción durante 88 años?”.