Cuando el rap rima con la cárcel
El caso Pablo Hasél tiene escasos precedentes en Europa. En EE UU prima la libertad de expresión en los choques entre el ‘hip-hop’ y la justicia
Puede que el francés Maka se sienta algo menos solo ahora que su colega español Pablo Hasél también está entre rejas. El rapero, de 18 años, cumple 21 meses de prisión por apología del terrorismo en una canción en la que hacía referencia a la decapitación del profesor Samuel Paty. Durante el juicio, Maka se disculpó y su abogada pidió que no se le interpretara al pie de la letra. “Samuel Paty puede ser considerado como una especie de símbolo. Maka ha maltratado la imagen y el símbolo, pero no puede reprochársele alabar a terroristas. En estos tiempos hace falta algo de serenidad y hay que evitar mezclar las cosas. Se puede ser subversivo, poco delicado, en el ejercicio artístico. Se puede no estar de acuerdo, indignarse, decir que no vale nada, que es grave, pero no se puede decir que es ilegal”, abogó sin éxito, según relató Le Parisien. La fiscalía replicó que Paty fue asesinado tras la publicación de varios vídeos en las redes sociales donde se denunciaba al profesor que mostró unas caricaturas de Mahoma en clase para hablar, precisamente, de la libertad de expresión.
Antes que él, también pasó por la cárcel, hasta dos veces, el rapero de origen guineano Mohamed Damey, alias Masta Ex, igualmente por apología del terrorismo. En abril de 2020, un tribunal lo condenó a ocho meses de prisión por el vídeo 20/20 feliz año, en el que llamaba a “tomar las armas” y amenazaba explícitamente al presidente, Emmanuel Macron, y al entonces ministro del Interior, Christophe Castaner.
Los casos de Maka y Damey, a los que además de los problemas con la justicia, les une con Hasél su escasa relevancia artística, son una excepción en Francia. En las últimas décadas numerosos artistas han acabado ante los tribunales acusados de violencia y desprecio a las autoridades y los símbolos del país, especialmente la policía, pero pocos en prisión. El caso más célebre es el de la banda NTM, autores de Police, sobre la actuación policial en barriadas pobres. Los cantantes Joeystarr y Kool Shen fueron llevados a juicio por calificar en 1995 durante un concierto a la policía de “fascistas” que “asesinan”. El juez, un expolicía, emitió una pena muy controvertida en la época por su dureza: tres meses de prisión firme y seis meses más de prohibición de tocar en territorio francés por “ultrajes” a la policía. Tras apelar, la sentencia final fue de dos meses de prisión suspendida y una multa de 50.000 francos (7.500 euros). De una quincena de casos recogidos desde los años 1990 por la publicación Sens Critique, la mitad acabaron bien con absolución o archivados, bien con multas. Uno de estos últimos fue el de Nick Conrad, que en 2019 llamó a “matar a bebés blancos” y a “colgar a sus padres”. “La libertad de creación artística no es absoluta”, le recordó el tribunal al condenarle a 5.000 euros de multa exenta de pago.
Francia es uno de los países europeos en los que el rap cuajó con más fuerza fuera de Estados Unidos, lugar en el que el género nació en los años setenta como un vehículo para la fiesta, sí, pero también para la política. El género es habitual en los informes de la ONG Freemuse, especializada en abogar por la libertad de expresión creativa. Su delegado en España, Alberto González, extrae de su documento anual una decena de casos, en países como Israel, Rusia, España, Bielorrusia, Francia o Turquía.
A diferencia de ordenamientos jurídicos como el francés, el español o el alemán, donde el caso más famoso de rapero entre rejas es el de Bushido, cuyos problemas con la justicia han tenido que ver con el fomento de la homofobia, los encontronazos entre las letras de hip-hop y la justicia siempre se han inclinado en Estados Unidos del lado de la protección de la libertad de expresión.
Public Enemy, banda pionera en la historia del rap político, protagonizó una de esas primeras colisiones, cuando estrenó en 1991 By the Time I Get To Arizona, en el que un grupo de paramilitares afroamericanos planificaba y consumaba el asesinato de la cúpula del Gobierno del Estado sureño, que se opuso a la celebración del Día de Martin Luther King Jr. Un año después, el polifacético Ice-T debutaba con su grupo paralelo de hardcore, Body Count, y se ponía en la palestra mediática con Cop Killer (Asesino de policías), canción contra la brutalidad policial en el que el protagonista responde con violencia explícita a los abusos de la autoridad. Pocas semanas después, el vocalista de San Francisco Paris lanzaba su segundo álbum, Sleeping with the Enemy, que incluía dos canciones, Bush Killa (El asesino de Bush) y Coffee, Donuts, and Death (Café, donuts y muerte), donde se relataba un atentado contra el presidente de los Estados Unidos George Bush y el asesinato de dos policías, respectivamente.
En ninguno de los tres casos, como tampoco en los de N.W.A. y su hit Fuck tha Police (Que le jodan a la policía), que se tradujo en una investigación del FBI y en la prohibición explícita de interpretar la canción en los conciertos del grupo, y de 2 Live Crew, formación de Miami que acabó ganando el juicio en que se le acusaba de obscenidad por sus actuaciones y letras de contenido sexual, sus autores acabaron encarcelados. Las discográficas recibieron presiones, las radios y cadenas de televisión prohibieron su difusión, e incluso Ice-T se vio obligado a retirar Cop Killer del disco, pero siempre prevaleció el amparo jurídico de la primera enmienda.
Desde entonces la ley ha dado cobijo a las propuestas más polémicas procedentes del gangsta rap o del rap politizado, con la excepción de Mayhem Mal y Soulja Beaz. En 2012 los dos raperos de Pittsburgh grabaron una canción, Fuck the Police, en la que proponían matar a los policías que habían detenido a Mal por posesión de drogas y armas. El juez consideró que la amenaza era real y no una licencia creativa, y sumó a la causa los cargos de “amenaza terrorista e intimidación a los testigos”.
En el Reino Unido, el otro gran estandarte de la revolución musical promovida por los ritmos urbanos, la atención judicial y policial se centra en el grime y el drill rap, las dos escenas locales que más controversia han desatado en el país. El vínculo de ambas facciones, en especial la segunda, con la cultura de las pandillas y la violencia callejera, no ha pasado inadvertido. El caso más conocido es el de Digga D, un vocalista londinense al que un juez ha prohibido escribir letras relacionadas con el código pandillero y al que obliga a informar a la policía de cada vez que publica música nueva para asegurarse de que sus textos no hacen apología de la violencia. Fue condenado a un año de cárcel por conspiración para cometer desórdenes violentos en un juicio en el que se aportaron sus canciones como prueba. El drill rap, una de las corrientes musicales más estimulantes del momento en el Reino Unido, se siente vigilado, perseguido y criminalizado. Y han surgido propuestas como Political Drilling, un tema del rapero Drillminister construido a partir de citas violentas y agresivas de políticos británicos, para visibilizar un problema que, de momento, solo parece focalizarse en una escena musical muy concreta.
Una relación estrecha y poco amigable
En Estados Unidos, la relación entre el rap y la justicia es larga, estrecha y poco amigable, aunque por motivos que no tienen que ver con la libertad de expresión. De Lil Wayne a Gucci Mane, de C-Murder a Cassidy, los raperos son encarcelados por delitos de tenencia ilícita de armas o drogas, abusos sexuales, agresión, asesinato, resistencia a la autoridad, impago de la pensión de alimentos o tráfico de estupefacientes, pero no por sus canciones, tuits o declaraciones. Se retiran portadas, por ejemplo, la del profético Party Music, de The Coup, que anticipaba el atentado contra las Torres Gemelas, se eliminan expresiones malsonantes en las versiones para radio y se persiguen con ahínco la obscenidad y el escándalo sexual, pero la Primera Enmienda siempre prevalece.
