El juicio del caso SGAE se celebra sin la SGAE

Estaban todos ahí. Los tres jueces, el fiscal, los abogados defensores, los imputados. Faltaba solo la protagonista, pero habrá que ir acostumbrándose: el juicio del llamado caso SGAE se celebra sin la SGAE. Presuntamente, la sociedad de gestión de derechos de autor es la principal damnificada del proceso. A partir de hoy lunes, la sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe decidir si hubo una trama, liderada por José Luis Rodríguez Neri y “autorizada” por el expresidente de la entidad Eduardo Teddy Bautista, otro de los imputados, para desviar masivamente fondos del organismo, que generó perjuicios por 47,6 millones de euros a la SGAE, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción. Y, sin embargo, la SGAE decidió hace semanas apartarse de la causa. Ha pasado de ejercer de acusación particular, y pedir hasta nueve años de cárcel para Bautista, a defender la inocencia de los imputados. Ahora, se limita a reservarse acciones civiles, en caso de que hubiera condena.

Tan peculiar paso atrás centró esta mañana el comienzo del proceso contra el expresidente —para quien el fiscal solicita siete años de cárcel, por apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal—, Neri —se enfrenta a 12 años y medio, también por falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita— y otros ocho acusados. Anticorrupción cree que se montó una “estratagema” fraudulenta para desviar millones de la SGAE hacia su filial digital, SDAE, creada en 2000 y dirigida por Neri, y a una serie de empresas tapadera por servicios que no se realizaban, resultaban innecesarios o se pagaban demasiado.

La defensa, y ahora la propia SGAE, argumentan que todos los desarrollos y herramientas sí se llevaron a cabo, y en muchos casos siguen en funcionamiento. Al fin tras una década, desde que la Guardia Civil detuvo a Bautista en 2011 y puso fin a su largo reinado en la entidad, la llamada Operación Saga tendrá respuestas.

Pero, el primer día, ningún imputado llegó a declarar. La sala se mantuvo ocupada con cuestiones previas y estableció que las empresas presentes como responsables civiles subsidiarias podían marcharse, ya que ningún delito pende sobre ellas. El fiscal protestó, habló de “fraude de ley” y de una entidad que no protege los intereses de sus socios. Pero tuvo que resignarse. Y, acto seguido, se quedó todavía más solo. La letrada de Hermes Calabria, batería de Barón Rojo, personado en la causa como acusación particular, también fue obligada a despedirse. El tribunal decretó que su cliente, básicamente, no pintaba nada allí: no está ni demostrado que sea socio, y reclamaba en nombre de la SGAE algo que la propia entidad ha dejado de solicitar. En palabras de la corte, “un absurdo penal”. Antes, uno de los defensores había avisado al rockero de que tal vez tampoco le conviniera quedarse: en caso de sentencia absolutoria, le cargarían buena parte de los costes procesales.

“Con su venia, ¿me retiro?”, preguntó incrédula la abogada de Calabria. El juez se mostró lacónico: “Sí”. Así, tras la expulsión, en la sala quedó a un lado, el solitario fiscal, y al otro, un ejército de 11 abogados de la defensa, armados de cuestiones previas, recursos e insinuaciones para proteger a sus clientes (10 personas físicas, tras el fallecimiento de una de las imputadas, y 14 empresas). Había tanto letrado que su fila ocupaba toda la longitud de la sala, y el propio juez a menudo confundió quién tutelaba a quién.

Pero, en medio de cierto caos, la defensa mostró tener las ideas claras. Ganadas las primeras dos batallas, se lanzó a acribillar la investigación. Casi todos los letrados recordaron las dos piezas separadas del caso que acabaron en nada. Por un lado, quedó absuelto el músico Ramoncín, en un caso de presuntas facturas falsas, y, por otro, quedó archivada otra causa contra Bautista y Caco Senante.

Desde la bancada de la defensa denunciaron la “vulneración de derechos fundamentales” de sus clientes. “No había visto nada así en 30 años de carrera; el fiscal ha tirado la caña a ver qué caía”, aseveró el abogado de Neri. Uno tras otro, los letrados se quejaron de la “presunción de culpabilidad” de sus defendidos y trataron de tumbar varios de los informes y pruebas que sustentan la tesis acusatoria.

Después de casi cuatro horas, el juez dio por terminado el primer capítulo de un juicio que ya tiene audiencias previstas hasta diciembre. Mañana martes, el fiscal tendrá ocasión de replicar y puede que también empiecen las declaraciones de los acusados. Tras nueve años y tres meses, el momento de la verdad ha llegado. Simplemente, se ha retrasado un día más.