Los toreros acusan a Trabajo de obstaculizar el cobro del desempleo

El ministerio de Trabajo y sus delegaciones provinciales (SEPE) obstaculizan sistemáticamente la concesión de una prestación extraordinaria a los toreros con motivo de la pandemia, reconocida a los profesionales por Cultura en el decreto ley 17/2020 que recoge medidas de apoyo a los trabajadores del sector cultural. Así lo denuncia Antonio José Martínez Marcos, asesor jurídico de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de España (UNPBE), y afirma que solo 6 de las más de 200 solicitudes presentadas han sido aprobadas. Por ello, el sindicato está interponiendo recursos administrativos contra las resoluciones denegadas, y estudia la posibilidad de presentar querellas criminales contra los directores provinciales del SEPE (Servicio Estatal de Empleo Público) por presunta prevaricación administrativa.

A juicio de Martínez Marcos, el ministerio de Trabajo pretende ignorar el derecho de los toreros a la citada prestación, califica de “nefasta” la difusión de la norma entre las delegaciones provinciales y acusa de “desinterés” a una mayoría de delegados provinciales para no aplicarla.

El origen del problema parece radicar en una deficiente comunicación entre los ministerios de Cultura y Trabajo en relación con las prestaciones a las que tienen derecho como artistas de espectáculos públicos. El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, reconocía el pasado lunes en sede parlamentaria que los profesionales del toreo están reconocidos por ley como “artistas en espectáculos” y, como tales, “pueden acogerse y, de hecho, lo están haciendo a las ayudas planteadas por el departamento”.

Sorprende, en consecuencia, que Trabajo deniegue la inmensa mayoría de las solicitudes presentadas por los toreros. No obstante, y al margen de la voluntad de los técnicos del ministerio de Trabajo, el proceso es complejo. Así, el asesor jurídico de la UNPBE explica que las primeras medidas aprobadas por el Gobierno para autónomos o trabajadores que pudieran acogerse a un ERTE no afectaban a los toreros por su especial régimen de contratación, pues carecen de una única empresa con la que mantengan una relación continuada.

Esta situación específica, que también incluye a otros empleados del cine o la música, quedó resuelta posteriormente tras intensas negociaciones con Cultura, que, finalmente, admitió la consideración de los toreros como ‘artistas de espectáculos públicos’, según recoge el real decreto 1435/1985. De ese modo, quedaban acogidos a la percepción de prestaciones económicas ante la suspensión de su actividad laboral a causa de la pandemia.

Tras el reconocimiento oficial, el segundo paso era la regulación, tramitación y concesión de estas ayudas, que dependen del ministerio de Trabajos y sus delegaciones provinciales (SEPE). “Aquí comienzan los problemas”, afirma Martínez Marcos. “El Servicio Público de Empleo Estatal dice desconocer esta prestación, motivo por el que deniega mayoritariamente las solicitudes”, añade. De hecho, y según los datos de la UNPBE, sólo se han aprobado 6 de las 200 presentadas.

A juicio del asesor jurídico, “la difusión de la prestación por parte del ministerio de Trabajo ha sido nefasta, como si quisiera ocultar que existe una ayuda aprobada para el toreo, lo que unido al desinterés de la mayoría de las delegaciones provinciales, desemboca en una grave discriminación laboral”.

Por ello, la UNPBE ha decidido interponer recursos administrativos contra las denegaciones, estudia la presentación de querellas por presunta prevaricación y se mantiene en contacto con Cultura “para que eleve las quejas correspondientes al resto del Gobierno”.

Ya en el pasado mes de abril, los toreros clamaban al Gobierno ante su ‘desamparo laboral’, y remitían una carta a las Secretarías de Empleo y Seguridad Social firmada por la UNPBE, Unión de Toreros y la Asociación Sindical de Mozos de Espadas, que agrupan a los casi 2.000 afectados, entre matadores, rejoneadores, banderilleros, picadores y mozos de espadas. De estos, alrededor de la mitad han podido acogerse al desempleo ordinario por su alta cotización y participación en número de festejos; del resto, una parte percibe la ayuda familiar de 430 euros mensuales, incompatible con cualquier otra prestación, y otros han iniciado una actividad laboral en otros sectores. De ahí, que hasta la fecha solo se hayan presentado 200 solicitudes, que aspiran a percibir 785 euros por un plazo entre cuatro o seis meses, según las cotizaciones de cada torero.