Un tribunal prohíbe exportar un ‘sorolla’ a la familia del pintor

Fin de jornada no puede salir de España. El recurso planteado por Eduardo Lorente-Sorolla, bisnieto del pintor Joaquín Sorolla, ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). No podrá vender el lienzo en el extranjero. La sentencia admite recurso, pero es favorable a las razones que alega el Ministerio de Cultura para declararlo inexportable, por tratarse de “una obra de particular importancia para el patrimonio histórico español”.

El informe redactado por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español señala que Fin de jornada es una de las mejores pinturas realizadas por el artista durante su estancia en Jávea, en el verano de 1900. Apenas hay obras relevantes de ese momento en las colecciones públicas españolas, apunta el organismo del Ministerio de Cultura, que da a entender el interés que la pieza tiene para ingresar en alguno de los museos nacionales. Sin embargo, la familia duda de que el Estado cubra su precio deseado: cinco millones de euros.

El cuadro convive con la familia Sorolla desde que Joaquín lo pintó hace casi 119 años, tal como adelantó EL PAÍS. En España no encuentran comprador dispuesto a desembolsar la cantidad deseada; el precio más alto alcanzado en el país por un Sorolla es de 1,5 millones de euros, en 1990. La pintura forma parte de la exposición que la National Gallery de Londres está dedicando al pintor valenciano y en ella estaba interesada la institución que dirige Gabriele Finaldi.

Quebranto económico

Sobre el precio, el TSJM señala que, aunque en la solicitud de permiso la familia apunta un valor de seis millones de euros, las periciales practicadas lo reducen a un máximo de cuatro millones de euros. La familia alega que la prohibición de exportación provocará un quebranto económico de su patrimonio, porque el valor de la obra se verá reducido en un 10% si no se vende en el mercado internacional, aseguran. Sorolla se vende mejor fuera: uno de sus lienzos de niños en la playa alcanzó los 3,2 millones de euros, en Londres, en 2013. En ese caso, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español concedió el pasaporte a sus propietarios, la familia Pons-Sorolla (parientes de los Lorente-Sorolla). 

La obra en litigio recibió el permiso de exportación en 2007, pero los familiares finalmente renunciaron a su venta. En 2016 volvieron a reclamarlo —dadas las necesidades económicas por las que atravesaban sus dueños— y, sin embargo, la misma obra no obtuvo luz verde para su venta en el extranjero. La familia alegó que entre 2012 y 2017 la junta autorizó 91 exportaciones definitivas o temporales con posibilidad de venta de obras de Sorolla. Y que de la década de 1900 a 1911 hay 468 pinturas en las colecciones públicas españolas del pintor. Pero los magistrados contestan que de ese periodo de tiempo se ha denegado la salida a dos pinturas “porque son las que se ha considerado que revisten una particular importancia para el patrimonio histórico español”. Esto confirmaría el “uso cauteloso de la facultad restrictiva”.

El juicio ha destapado una situación anómala, en la que los abogados del Estado han defendido la importancia de la pintura (aportando informes oficiales) y los abogados de la familia (con informes privados) todo lo contrario, la falta de excepcionalidad de la obra para dejarla marchar. Y a pesar de ello, reclaman un valor de seis millones de euros en el mercado.

Rafael Mateu, abogado de la familia Sorolla en el caso, avanza que estudian recurrir la sentencia, porque "no trata en profundidad la aplicación del derecho de la UE sobre circulación de bienes”. Para el abogado “lo más grave es que se da por sentado que un informe de la Administración sobre el valor artístico de un cuadro goza per se de una presunción de objetividad mayor que la de un informe de experto independiente, de carácter privado".

La generosidad de los Sorolla

El tribunal no duda de la generosidad que la viuda y el hijo del pintor tuvieron con el Estado al legar parte de la herencia, pero le recuerda a la familia demandante que esta virtud es recíproca, “por los recursos que ha dedicado la Administración a que se conozca y aprecie la obra de Sorolla”. La sentencia incide en esa generosidad: “No debe interpretarse como una especie de carta blanca para que los descendientes del pintor puedan libremente sacar del país el patrimonio histórico que es de su propiedad”.

Para los magistrados, la Abogacía del Estado ha defendido los hechos, contra los declarados por la familia, “de forma razonada, documentada e incluso brillante”. A saber: que existen hasta cinco informes que apoyan la denegación del permiso solicitado; que no hay ningún óleo de Sorolla pintado en Jávea en 1900 de temática similar; que una perito señala que es la primera gran obra del pintor, en la que se retrata el tema marinero de forma moderna, con los trabajadores de espaldas, el llamativo uso del escorzo, las diagonales, la pincelada, el color… El tribunal desestima los dos informes privados que la familia ha presentado, porque “por más énfasis que haga en ellos” el demandante, no son imparciales.

Además, los abogados del Estado estiman la venta de Fin de jornada en 3,5 millones de euros. En cuanto a la posible adquisición de la obra por el Estado, los jueces del TSJM aclaran que la normativa no obliga a tal caso. Pero señalan que en las declaraciones prestadas en autos se refleja la existencia de contactos entre ambas partes para proceder a la compra.