Días clave para los derechos de autor

Los derechos de autor y su remuneración se enfrentan hoy y mañana a decisiones decisivas. La Comisión de Cultura del Congreso tiene previsto estudiar este jueves la ponencia sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y mañana se reunirá la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI) para examinar el alud de escritos —a favor y en contra— de la resolución que fija las tarifas que las entidades de gestión cobran a las radios por la música que emiten.

Tanto las enmiendas a la LPI como el dictamen de la SPCPI han avivado el conflicto entre las entidades de gestión de derechos y los usuarios, sobre todo radios y televisiones, los sectores que más dinero aportan por usar el repertorio. La inquietud se ha disparado por la demora en la publicación en el BOE de la resolución de la SPCPI del pasado 20 de septiembre (notificada a las partes el 3 de octubre), en la que se establece que las radios deben pagar un porcentaje de sus ingresos publicitarios en función de la intensidad y la relevancia del uso de la música en las emisoras, inferior al que pagaban cuando la tarifa era fijada unilateralmente por las entidades. Las radios ven incongruente que ofertas generalistas como la SER, Cope u Onda Cero paguen más que las musicales, pese a que las canciones no son un contenido principal ni relevante.

Esta resolución pone orden en el largo y tenso desencuentro abierto en 2010 entre la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y AGEDI-AIE, gestora de los derechos de productores de fonogramas y artistas musicales. Han pasado casi dos meses desde que se firmó, pero aún no ha pasado a las páginas del BOE, situación que las radios tildan de “anómala”.

“Estamos perplejos con lo ocurrido en el seno de la SPCPI”, explica el presidente de la AERC, Rafael Pérez del Puerto, en referencia a la destitución del secretario general, Raúl Rodríguez; la dimisión de su presidente, Julio Costas, horas después de haber firmado la resolución, y la petición de desistimiento de AGEDI-AIE el día siguiente.

“Es insólito y preocupante por la inseguridad jurídica que provoca cuando nos jugamos algo tan importante como son las tarifas que el sector va a tener que soportar en el futuro”, dice Pérez del Puerto.

La reunión de la SPCPI, convocada para mañana viernes, en la que no participará Costas, examinará el aluvión de escritos presentados por las partes enfrentadas. La AERC defiende que “jurídicamente no cabe otra cosa que no sea publicar la resolución”. Solo si se plasma en el BOE tendrá eficacia general, pero las radios consideran que AGEDI-AIE están presionando para obstaculizar su publicación.

Estas entidades no ocultan su disconformidad con la resolución. Alberga “muchas incertidumbres” y “demasiadas incógnitas”, dice Antonio Fernández, presidente de ADEPI, que discrepa del dictamen. “Nos aleja de Europa porque omite las tarifas comparadas de la UE”. Fernández defiende que la parte que insta el procedimiento “pueda desistir en cualquier momento del proceso en función de sus intereses legítimos” y asegura que fue una “coincidencia” que la solicitud de desestimiento se presentara horas después de que la resolución fuera firmada.

La demora en la publicación coincide con la tramitación en la Comisión de Cultura de la reforma de la LPI. Un abanico de usuarios (radios, televisiones, universidades, hoteleros...) han expresado sus quejas por las enmiendas pactadas entre PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Efectuar cambios después del “esfuerzo” que ha costado alcanzar acuerdos generaría “más confusión e inestabilidad en el sector” y sus consecuencias serían “impredecibles”, dicen los canales autonómicos agrupados en la Forta. Las televisiones comerciales piden introducir el principio de “reciprocidad material”, que ya se aplica en Francia, “de modo que se asegure un principio de igualdad para impedir que las multinacionales discográficas cobren en España por actos que en su país de origen son gratuitos”, comenta Miguel Langle, director de Regulación de Atresmedia.

Desde AERC señalan que modificar la composición de la SPCPI a mitad de su mandato —pasará de cuatro miembros a cinco— perjudica su trabajo y afecta a su equilibrio e independencia. “Nos interesa a todos, usuarios y entidades de gestión, contar con un regulador fuerte y estable. Sería deseable que se reforzaran los medios asignados y se garantizara la coordinación entre la SPCPI y la CNMC”, añaden.

Pérez del Puerto lamenta que no se ha dado audiencia a la AERC durante los trabajos preparatorios de selección de alegaciones que iban a ser defendidas por los grupos en la Comisión de Cultura. “Sin embargo, nos consta que sí se les dio voz a otros sectores implicados”, matiza. Recuerda que en julio de este año se les aseguró que esta sería una “reforma técnica, pero a la vuelta del verano nos encontramos con la sorpresa de que a la comisión iban a ir alegaciones consensuadas por los cuatro grupos que favorecían a las entidades de gestión y que reformaban cuestiones que nada tenían que ver con las directivas europeas”.

El presidente de la AERC admite que entre septiembre y octubre han sido recibidos por los grupos parlamentarios. “Hemos podido exponerles el gran daño que esta reforma podría suponer para nuestro sector, que ya soporta una factura superior a los 14 millones de euros anuales por este concepto”.

Desde las entidades de derechos, Fernández afirma que el trabajo de la ponencia ha sido intenso y que se ha escuchado a todos los usuarios: “Tenemos la esperanza de que siga el espíritu de las enmiendas pactadas por los cuatro grupos para intentar reequilibrar un desequilibrio previo”.

En el ámbito universitario, lo que más preocupa es justamente el cambio en el equilibrio desde el punto de vista de la negociación de los derechos. “En cierto modo, quedamos desprotegidos”, comenta Julio Abalde, rector de la Universidad de A Coruña, quien recuerda que los campus abonan al año tres millones de euros a CEDRO y VEGAP por el uso de material impreso e ilustraciones en las aulas virtuales. “No pretendemos zafarnos del pago, pero pedimos que sea ajustado al uso. Ahora pagamos igual por un alumno de una rama científica que por uno de artes o humanidades. Además, no utilizamos ese material para conseguir beneficios sino para la formación de los estudiantes”, advierte el rector.