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'Caso Alhambra'

10 condenados por un fraude con entradas para La Alhambra

17 meses de cárcel para el guía turístico Francisco C. J. por estafa y falsificación de documento mercantil

Javier Arroyo
Visitantes en el patio de los Arrayanes en La Alhambra.
Visitantes en el patio de los Arrayanes en La Alhambra.M. Zarza

El proceso judicial sobre el uso masivo de entradas fraudulentas que se dio en la Alhambra entre 2002 y 2005 se ha saldado, 13 años después de su denuncia, con condenas menores para 10 de los acusados y la absolución de otros 40. El máximo condenado, Francisco C. J., responde por un delito de estafa a siete meses de prisión, por otro de falsedad en documento mercantil a 10 meses y a indemnizar a la Alhambra con 58.000 euros. Los otros nueve condenados han recibido penas algo menores por similares delitos.Tres de ellos llegaron a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía al inicio del juicio para asegurarse penas que no los llevaran a la cárcel. Tras ese acuerdo, el juicio ha servido para condenar a siete personas más y absolver a 40. El auto reconoce en todos los casos la atenuante muy cualificada de dilación extraordinaria e indebida. El tribunal considera“la antigüedad de la causa”, que se inició en 2005.

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El juez admite, no obstante, que las pruebas de cargo contra Francisco C. J. “resultan abrumadoras [respecto a] la evidencia de una trama urdida que no tenía más designio que el entrar con sus distintos y numerosos grupos de visitantes sin portar la totalidad de las entradas, con entradas ya usadas o incluso falsificadas que reutilizaba cuando convenía”. 

El juicio debía determinar si entre 2002 y 2005 existió una red formada por empresarios, guías turísticos y empleados de la Alhambra que se enriqueció permitiendo el acceso irregular a miles de personas al monumento. Este fraude masivo llegó a tener 77 imputados aunque a juicio oral solo llegaron medio centenar. La acusación estaba representada tanto por la fiscalía como por la Junta de Andalucía como acusación particular. Finalmente, la audiencia no ha podido probar la existencia de esa gran red, aunque sí ha considerado probadas “determinadas irregularidades o infracciones a la normativa reguladora de las visitas y a las normas de adquisición de entradas”.

Los palacios nazaríes de la Alhambra tienen un aforo limitado de 300 personas cada media hora de modo que los visitantes solo pueden acceder a ellos en el día y hora exactos estampados en su entrada. No estar en la puerta en el momento justo supone perder el derecho de visita. Lo que se denunció fue que las personas juzgadas presuntamente actuaban de modo coordinado para facilitar el ingreso irregular en el monumento a más personas de las permitidas. De hecho, previsiblemente se saltaban ese aforo limitado utilizando entradas sobrantes de fechas, horas o grupos distintos al momento real del acceso, se usaban tiques ya utilizados o permitían el acceso a personas sin entrada. Un informe pericial valoró el fraude en 250.000 entradas falsas antes del juicio, algo que no ha podido ser probado.

La fiscalía puso también un valor económico al presunto engaño y cuantificó el perjuicio para la Alhambra en 6,66 millones de euros y los diferenció en dos capítulos distintos. Por un lado, estableció en 3,5 millones el perjuicio económico directo para la Alhambra por el dinero no ingresado en taquilla. Y por otro determinó que los posibles daños materiales causados al monumento al superar el aforo tenían un valor de 3,15 millones. La sentencia desestima la acusación por daño patrimonial y cohecho y no reconoce esa cifra de la fiscalía.

En 2005, la entonces directora del Patronato de la Alhambra, Mar Villafranca, sospechaba de la existencia de esta red paralela de acceso al recinto y lo denunció. En ese momento, recién llegada ella al cargo, el turismo crecía en la ciudad a un ritmo del 4% aproximado. Sin embargo, la estadística oficial de visitantes a la Alhambra caía en una cifra similar. Eso alertó al equipo directivo y lo llevaron al juzgado. Un equipo policial de incógnito se hizo pasar como trabajadores de la Alhambra para certificar el fraude.

En diciembre de 2005 se produjo la primera detención. La fase de instrucción del caso terminó en mayo de 2015. El juicio oral se inició en septiembre de 2016 y quedó visto para sentencia tres meses después, en diciembre. La sentencia se ha conocido 14 meses después, con una demora que ha motivado la queja de los abogados defensores y que llevó al presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Lorenzo del Río, a reconocer que un año excede del plazo razonable para el dictado de una sentencia. Ahora el juez admite ese retraso con la atenuante de dilación extraordinaria e indebida.

El eterno problema de las entradas

Las entradas a la Alhambra no dejan de ser noticia. Hace algunas semanas salió a la luz se conoció la existencia de un refinado sistema de reventa de entradas. El esquema del presunto fraude, según denunció Operadores Turísticos Asociados (OTA), que reúne a las grandes empresas que desarrollan paquetes turísticos, consiste en que pequeñas agencias sin negocio ni clientes recogen los tiques que les corresponde del reparto equitativo que la Alhambra hace entre las empresas del sector. Éstas contactan con los grandes operadores a quienes se las revenden con un considerable sobreprecio. En temporada alta, cuando tenemos mucha presión de conseguir pases, pueden llegar a pedir hasta los 40 euros por ticket”, explica una representante de la OTA.

Los palacios tienen una capacidad diaria máxima de 5.400 personas en invierno y de 6.600 en verano, con más horas de apertura. El recinto monumental tuvo 2.615.188 visitantes en 2016, último año del que se han dado datos completos.

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