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El juez cifra en 21 millones la “depredación” de Teddy Bautista en la SGAE

El juez concluye la investigación principal sobre el fraude en la sociedad gestora de los derechos de autor

Fernando J. Pérez
Eduardo 'Teddy' Bautista, en un seminario en 2011.
Eduardo 'Teddy' Bautista, en un seminario en 2011.ÁLVARO GARCÍA
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido este lunes la investigación principal abierta en 2010 sobre la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y ha propuesto juzgar a su expresidente Eduardo Teddy Bautista por el desvío “masivo” y “depredatorio” de fondos de la sociedad gestora de derechos de autor.

El magistrado –que ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento– considera que Bautista asignó a la empresa Microgénesis, comandada por José Luis Rodríguez Neri, decenas de millones de euros de la SGAE para el desarrollo de soluciones tecnológicas, lo que causó “perjuicios y pérdidas constantes” a la organización. Rodríguez Neri era a su vez el máximo responsable de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), filial de la SGAE para cuestiones tecnológicas. Entre 2001 y 2011, la SGAE transfirió un total de 57,1 millones de euros a la SDAE. Sólo de los fondos de SDAE Microgénesis recibió 31 millones. Los perjuicios para la SGAE según la investigación fueron de 21 millones de euros.

La resolución judicial, que afecta a Bautista, Rodríguez Neri y otras nueve personas, considera que los hechos investigados constituyen delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad documental, administración desleal y apropiación indebida. Estos dos últimos delitos son los que se imputan directamente a Teddy Bautista.

El auto, de 129 páginas, relata cómo Bautista, presidente de la SGAE desde 1995, introdujo tras años después a Rodríguez Neri y su empresa Microgénesis para introducir tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión de derechos de autor. En el año 2000 se crea SDAE para llevar a cabo la transición de la sociedad de autores hacia un nuevo modelo en esa línea. “Desde el comienzo SDAE fue concebida como un mero artificio, sin existencia real, con capacidad instalada, sin actividad propia y sin empleados”, recuerda el magistrado. Su “única finalidad”, añade, era “firmar contratos con SGAE para, cada vez con carácter inmediato, ese mismo día, firmar un contrato de idéntico contenido con Microgénesis, burlando el marco estatutario y los mecanismo de control de SGAE”, dice De la Mata.

Añade que no consta que a lo largo de esta relación, que se extendió como un auténtico monopolio desde 1998 a 2011, se realizaran nunca procesos de petición y selección de ofertas de contratación entre SDAE y Microgénesis, ni que la oferta de esta última se hiciera a precio de mercado o contratado con otras, ni de que se siguiera la regla de pedir tres presupuestos que existía en SGAE.

Esta situación de contratación arbitraria, automática y no sometida a controles de SDAE y el Grupo Microgénesis fue “inmediatamente aprovechado por la organización de Rodríguez Neri” su socio, Rafael Ramos Díaz”.

Así, Rodríguez Neri y su pareja, junto con varios miembros de sus familias y otros investigados, se pusieron supuestamente de acuerdo y bajo la dirección de aquel, con un alto grado de coordinación y distribución de roles, “activaron un entramado de sociedades alrededor de Microgénesis, que les permitió la distribución y apropiación de los fondos de SGAE (a través de SDAE, de Portal Latino y de otras sociedades del Grupo SGAE, incluida directamente la propia SGAE en ocasiones), con la seguridad que les daba el haber montado un sistema cuasi monopolístico, arbitrario e incontrolado de contratación con SGAE a la que, en sus propios términos, tenían atrapada”.

Según De la Mata, la organización constituida tenía como finalidad” enriquecerse de forma sistemática con cargo a fondos de SGAE, mediante la obtención de contratos y otros mecanismos depredatorios”. Rodríguez Neri, en su rol de directivo de SDAE, “permitió graciosamente que Microgénesis no pagara a SDAE el coste del alquiler de las oficinas ocupadas por Microgénesis cuando esta compañía decide abandonarlas por razón de apariencia. Esta “gentileza” ocasionó perjuicios a SGAE por 233.624 euros”.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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