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Google retiró 2.421 millones de direcciones ‘online’ por violar el derecho de autor

El buscador cumplió con la petición del Gobierno español de eliminar 69.324 URL que daban acceso a contenido pirata

Dos usuarios buscan en Google.
Dos usuarios buscan en Google.

Google siempre sabe. Por eso, millones de usuarios fían cada día sus dudas al principal buscador de Internet. Acostumbrado a contestar, Google cumple también cuando los internautas le preguntan cómo llegar a disfrutar de algún taquillazo, disco o libro colgado en la Red sin la autorización de sus creadores. De ahí que a menudo se haya acusado al gigante estadounidense de no luchar con suficiente dureza contra la piratería, o incluso de contribuir a ella. Pese a que su actividad favorita es responder, Google no suele hacerlo cuando la pregunta afecta a su funcionamiento interno. Por una vez, sin embargo, la compañía ha querido defenderse de los ataques con un informe de transparencia sobre sus actuaciones: resulta que en seis años —entre marzo de 2011 y junio de 2017— ha retirado 2.421 millones de URL, es decir, direcciones online, por infracciones del derecho de autor, repartidas entre más de un millón de páginas web por todo el mundo. En el último mes, por ejemplo, las URL retiradas suman 82 millones.

¿Muchas? ¿Pocas? A saber. El universo de Internet ofrece una marea incalculable de webs y direcciones. Pero lo cierto es que el informe de Google proporciona aun así datos interesantes: las solicitudes de retiradas de contenidos por supuestas violaciones del copyright, por ejemplo, han pasado de algo más de un millón en junio de 2012 a 20,7 millones hace un mes, en mayo de 2017, con una tendencia al alza casi constante a lo largo de los años. El gigante explica además el proceso que suele seguir ante una solicitud de eliminación: si ha sido rellenada correctamente y no hay errores, retira el contenido y avisa al dueño de la web; si este presenta una “contranotificación”, el equipo de Google la valora y decide si volver a poner a disposición el material. A partir de ahí, si el dueño de los derechos continúa convencido de que se trata de piratería, puede acudir a la vía judicial.

El estudio también relata distintos casos que la compañía ha afrontado. Se descubre así que de vez en cuando recibe “solicitudes de personas que se hacen pasar por grandes empresas de lucha contra la piratería”, que acaba rechazando por fraudulentas. “Una empresa de lucha contra la piratería que representa a un sello discográfico presentó una reclamación por infracción de derechos de autor en que nos pedían que retiráramos decenas de páginas principales que contenían la palabra 'café' en el título. Estas URL no tenían nada que ver con la obra protegida por derechos de autor que se mencionaba”, es otro de los casos expuestos. Un “músico de indie-pop” que denunció la presencia en el portal Vimeo de un vídeo con una canción de su banda, en cambio, convenció al buscador, que retiró el contenido.

Actuación, en España, entre enero y junio de 2016

Total de solicitudes de retirada de contenido recibidas: 102

Elementos mencionados para su retirada: 81075

Porcentaje de solicitudes judiciales que cumple Google: 52%

Porcentaje de solicitudes de organismos gubernamentales o autoridades competentes que cumple Google: 79%

Porcentaje de solicitudes por supuesta difamación: 9%

Porcentaje de solicitudes relacionadas con la privacidad o la seguridad: 60%

Además de las notificaciones de autores y propietarios de derechos, Google recibe solicitudes gubernamentales o de tribunales, por las razones más variadas: difamación (una de cada tres peticiones de retirada), materiales que infrinjan las leyes locales que prohíben la promoción del odio o el contenido para adultos, o piratería, entre otras. Aunque en ocasiones detrás de esos términos se esconden otras intenciones. “Las solicitudes gubernamentales a menudo intentan evitar la publicación de contenido político y críticas al Gobierno. Para ello, los representantes del Ejecutivo alegan motivos de difamación, privacidad e incluso de infracción de derechos de autor”, deja claro el propio buscador.

Sea como fuere, las solicitudes gubernamentales de retirada de contenido van dirigidas sobre todo a tres canales: YouTube, el portal de blogs Blogger y la propia búsqueda en Google. Las peticiones han aumentado constantemente desde diciembre de 2009 (primer dato disponible, 1.062) y hasta se duplicaron entre junio de 2015 y el mismo mes de 2016: de 3.467 a 6.552, la cifra más reciente que ofrece el informe. Entre otras actuaciones recientes, Google destaca una activada a raíz de una solicitud española: “Recibimos una orden judicial por la que se confirmaba la solicitud de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de España para que retiráramos de la Búsqueda de Google 69.324 URL por una supuesta infracción de derechos de autor”. El buscador dio la razón a las autoridades españolas y cumplió con sus deseos.

También aceptó la petición de un "alto cargo político" de Corea del Sur, que pedía eliminar 23 URL donde se insinuaba que era hijo ilegítimo y se le relacionaba con una "organización controvertida": aunque Google solo retiró 18 de las direcciones. En otros casos, sin embargo, el buscador se negó a actuar. “Algunas solicitudes pueden no ser lo suficientemente específicas como para que sepamos lo que el Gobierno quiere que retiremos (por ejemplo, no se especifica ninguna URL), y otras informan de acusaciones de difamación a través de cartas informales de organismos gubernamentales en lugar de hacerlo mediante órdenes judiciales. Por lo general, confiamos en que los juzgados decidan si una declaración es difamatoria de acuerdo con la ley local. De vez en cuando, recibimos órdenes judiciales falsificadas”, son algunas de las razones que alega el buscador.

Entre otros no, el Ministerio de Comunicaciones de Ecuador pidió retirar un vídeo de YouTube crítico con el expresidente Rafael Correa, que aparecía retratado como el Increíble Hulk, “por infringir los derechos de autor del fonograma de dicho Ministerio”, pero Google se negó, porque el material no incluía “contenido de audio propiedad del Gobierno”; o una autoridad india exigió la desaparición de un vídeo donde “aparece un oficial superior de policía abofeteando a un anciano”, pero el buscador consideró que no violaba ninguna ley local; de ahí que, para los interesados, ambos vídeos aun se puedan encontrar. ¿Dónde? ¿Cómo? Pregúntenle a Google.