La gran lucha de pequeños pueblos por su patrimonio

El antiguo poblado morisco de L’Atzuvieta muestra un paisaje desolador. Fundado antes de 1356 y con una estructura de calles y 10 casas aún en pie, pese a su estado de abandono, este asentamiento es uno de los mejores conservados de España. Se sabe que hasta 1609 lo habitaron 17 familias, que tras la expulsión de los moriscos fue ocupado por cristianos y después sus estancias utilizadas como corrales, gracias a lo cual sobrevivió. Fue declarado en 2012 Bien de Interés Cultural, si bien ello no impidió su descenso a los infiernos. Muros caídos, malas hierbas hasta la cintura, ninguna vigilancia y carteles explicativos destrozados componen el panorama hoy. “Es solo un ejemplo de la dejadez y la miopía política”, dice Pablo Martínez Sarch, alcalde de La Vall d’Alcalà, el municipio al que pertenece el enclave.

Y añade que L’Atzuvieta es solo uno de los bienes patrimoniales caídos en desgracia en la Marina Alta, comarca rica en castillos, restos de poblados íberos, pozos árabes y yacimientos de arte rupestre, declarados en 1998 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. “Para un pequeño ayuntamiento, proteger su patrimonio al aire libre es un drama”, confiesa Martínez, elegido alcalde (por el PSOE) en las últimas elecciones.

Como en la mayoría de los pequeños municipios, las arcas de La Vall d’Alcalà no alcanzan para nada y eso que ni los concejales ni el alcalde cobran un salario. “El presupuesto anual es de 150.000 euros y, tras los gastos fijos y lo imprescindible, quedan 10.000. Con eso, poco puede hacerse”, señala. A las escasas inversiones de las instituciones en Cultura, se suman “la falta de voluntad política y los mecanismos burocráticos, que muchas veces son lo que más entorpece la preservación del patrimonio”, dice Martínez.

Esta tarea desde hace 30 años está transferida a las autonomías. Junto a las diputaciones, se ocupan de la preservación y puesta en valor del patrimonio, fundamentalmente con subvenciones. Y he aquí uno de los problemas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la Consellería de Cultura obliga al ayuntamiento al que concede una ayuda a cofinanciar la obra con al menos un 25% del valor. Esto asfixia a los pequeños municipios. Juan José Sendra, quien durante más de una década fuera alcalde de La Vall d’Alcalà por el PP, cuenta que tras la declaración como Bien de Interés Cultural, el consistorio recibió 300.000 euros para L’Atzuvieta: “Pero teníamos que poner 40.000 euros y financiar la obra entera previamente, que la Consellería nos pagaría dos años después. Así que perdimos la subvención”.

Se trata de algo “bastante habitual”, constata Araceli Pereda, directora de la revista Hispania Nostra, que elabora la Lista Roja del Patrimonio en peligro, con más de 750 castillos, iglesias, yacimientos o paisajes naturales. Está cansada de ver cómo cada mes entran a la Lista nuevos pacientes, y no pocos, como L’Atzuvieta, en estado grave. “Las instituciones suelen llegar tarde y mal a la conservación del patrimonio. Se actúa cuando alguien protesta, pero no hay un plan general”, afirma Pereda. Y el exdirector del Reina Sofía Tomás Llorens, que en los ochenta fue responsable de Patrimonio de la Generalitat valenciana, destaca el papel clave de las “asociaciones culturales locales” para poner en valor el patrimonio.

“Cada vez la gente tiene más conciencia de la importancia de conservar los bienes patrimoniales, ha habido un cambio de paradigma”, dice el director general de Bellas Artes, Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas, Miguel Ángel Recio. Pablo Martínez está de acuerdo. “Pero si los españoles hemos mejorado, las instituciones no tanto”, asegura. “Si no hay un cambio de modelo, pequeños ayuntamientos como La Vall d’Alcalà seguiremos asfixiados por el corsé de las normativas y de la falta de inversiones”.

El cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana ha traído esperanzas para L’Atzuvieta. “En 2015 las subvenciones a los Ayuntamientos eran de 450.000 euros, pero por la desidia del PP no se convocaron. En 2016 se hará en el primer trimestre y su dotación será de 500.000 euros”, afirma Carmen Amoraga Toledo, directora general de Patrimonio de la Generalitat. Promete que la cuantía mínima de cofinanciación de los ayuntamientos se rebajará al 20%, y el dinero adelantado por los municipios se reintegrará antes de finalizar el año. Un avance, pero en l’Atzuvieta las malas hierbas siguen creciendo.