La Fiscalía pide para Ramoncín casi cinco años de cárcel

El cantante Ramoncín ha negado en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Nacional que cobrara 57.402 euros de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por trabajos que no realizó. La Fiscalía Anticorrupción pide para el artista una pena de cuatro años y diez meses de prisión por delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta en una de las piezas separadas del caso SGAE, abierto en el año 2010.

Ramoncín ha afirmado, respecto a uno de los cinco encargos por los que cobró –la llamada caja fuerte virtual­- que su labor no se limitó a entregar un PowerPoint y un vídeo en un CD, como sostiene el fiscal. “No es un Powerpoint hay una cosa que se llama talento, que es lo que aporta el autor”, ha señalado.

Ramoncín, en una declaración de unas tres horas, se ha esforzado en demostrar que los trabajos por los que facturó a la SGAE eran efectivos. El cantante ha afirmado que en 2010, cuando se efectuaron los pagos, él estaba fuera de la entidad y cobraba como una especie de asesor externo. Según él, el hecho de ser la “cara visible” de la sociedad de autores en una época en la que esta había reforzado sus mecanismos para garantizar que los creadores cobraran sus derechos le había situado en el centro de las iras populares y acabado con su carrera.

“Desde 1996 sufro una persecución brutal, me apedrearon en el escenario del Viña Rock, mi hija de diez años vio imágenes de mi cabeza cortada, grupos anarquistas me insultaban y vejaban, me hicieron la vida imposible y desarrollo otras actividades”, dijo en referencia al formato de televisión “El Creador”, un programa de descubrimiento de talentos que nunca se llevó a antena.

Ramoncín –para los tribunales José Ramón Julio Márquez Martínez– se enfrenta desde este miércoles en la Audiencia Nacional al juicio por apropiarse supuestamente de 57.402 euros de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), de la que fue directivo, mediante la presentación de facturas falsas por servicios que la entidad de gestión nunca recibió. La Fiscalía Anticorrupción pide para el artista una pena de cuatro años y diez meses de prisión.

Junto a Ramoncín se sientan en el banquillo José Luis Rodríguez Neri, director de la filial digital de la sociedad de autores (SDAE), Enrique Loras –exdirector general de la SGAE- y Pedro Antonio Hernández, antiguo director de los servicios jurídicos de la entidad de gestión de derechos de autor. Para Rodríguez Neri, el ministerio público solicita la misma pena que para Ramoncín, cuatro años y diez meses de prisión, mientras que para Loras y Hernández reclama dos años y dos años y nueve meses de cárcel respectivamente.

El juez instructor del caso, José de la Mata, consideraba, una vez acabada la investigación, que el cantante “durante años presuntamente habría estado emitido y cargando a la Sociedad General de Autores y Editores facturas por supuestos servicios (…) que en determinados casos no se corresponden con contraprestación alguna o son simuladas”. Todo ello lo hizo, según el magistrado, “en connivencia” con el resto de imputados, según la resolución del juez De la Mata por la que llevó a juicio a los integrantes de esta trama. El importe de las cinco facturas supuestamente fraudulentas, emitidas entre septiembre de 2008 y marzo de 2011, suma 57.402 euros.

El escrito acusatorio de Anticorrupción detalla los proyectos que conformaron la supuesta actividad delictiva de Ramoncín, Neri, Loras y Hernández Arroyo. Por ejemplo, El creador: el músico ingresó 10.000 euros de la sociedad Portal Latino a cambio de "unas páginas referidas a un programa de televisión, el cual jamás fue objeto de desarrollo ni de expectativa de beneficio alguno para la sociedad pagadora". Y para el proyecto La caja fuerte virtual, que según la Fiscalía se limitó a un documento en Power Point y un CD con un vídeo, Ramoncín recibió de SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores, cuyo director general era Neri) 5.800 euros "sin que mediara contrato por escrito" ni hubiese "ningún tipo de desarrollo ni de utilidad para la mercantil compradora".

Tampoco llegó a ningún lado, según Anticorrupción, el Plan de divulgación de los derechos de autor, unas veinte páginas que Ramoncín entregó a la SGAE y por las que cobró 6.962 euros. En ellas, el músico presumía de su experiencia al frente de la entidad, sugería un acercamiento de la entidad a los artistas más jóvenes a través de un programa de colaboración con varios Ayuntamientos y se ofrecía personalmente para coordinar el proyecto, "con una retribución de 15.000 euros" a percibir en diez meses. Una vez más, "este escrito no fue jamás objeto ni basa para la suscripción de contrato o convenio alguno".

Desde el inicio de la investigación contra él, en el año 2010, el cantante ha defendido en todo momento su inocencia y su honradez, tanto públicamente como en sus declaraciones en el juzgado.