Acosta gana en el caos de la SGAE

Antes, ya había pocas certezas. Y después de las elecciones, también. Porque los socios de la SGAE votaron el jueves a su nueva junta directiva, pero el recuento oficial de hoy deja una situación tan caótica como en el pasado. Los 39 miembros escogidos nombrarán el próximo 9 de marzo al mandatario. De ellos, 17 son afines al presidente saliente, José Luis Acosta, a los que hay que sumar los ocho representantes de los editores que, a priori, votarían a su favor: total, 25. Los otros 14 apoyan al vicepresidente saliente y principal opositor, José Miguel Fernández Sastrón. Así que la matemática diría Acosta. Pero en la SGAE dos más dos casi nunca es igual a cuatro.

Varios socios consultados consideran una segunda presidencia de Acosta –fue desautorizado el pasado junio por la Asamblea, y obligado a convocar comicios anticipados- como el escenario más probable. Sin embargo, todos invitan a la prudencia. Los habituales cambios de bando, los tres presidentes en tres años, la independencia de los editores y la posibilidad de que salga una tercera opción para la presidencia son enemigos de los pronósticos fiables. Más seguros se mostraban dos socios, de bandos distintos, en su previsión de un enésimo caos ingobernable, con la prolongación de la guerra y los problemas que llevan años paralizando a la entidad.

La división de los votos es un buen indicio de ello. El colegio de Pequeño Derecho, el que representa a los músicos, el grupo más numeroso, apostó en su casi totalidad por Sastrón. Gran Derecho (artes escénicas) y Audiovisuales, en cambio, escogieron nombres pro-Acosta. Y el colegio de los Editores, en principio, también. “Es increíble que no se refleje la preferencia de los músicos, que representamos el 82% de SGAE y sus ingresos”, se quejaban dos socios pro-Sastrón.

Entre las certezas, se puede contabilizar la escasa afluencia: solo votó el 11,85% del censo electoral, es decir, 2.582 miembros de los 21.778 con derecho a participar. En realidad, la entidad cuenta con más de 100.000 socios, pero solo pueden votar los que recaudan, con una cantidad de consensos proporcional a sus ingresos. Entre ellos, sí fue a votar a la sede madrileña el expresidente Eduardo Teddy Bautista, detenido en 2011 por la Guardia Civil e imputado en la causa que investiga un supuesto delito de apropiación indebida en la entidad. Bautista fue recibido por los aplausos de algunos de los presentes y gritos de “Teddy vuelve” y “¡presidente!”.

Y eso que aquel verano de 2011 fue quizás el comienzo de una caída que la SGAE sigue sin detener. De ahí que sean muchos los problemas que se alzan ante la nueva junta. El principal, como en toda casa de España, es el económico. De hecho, el recuento de las elecciones se hizo manualmente porque el software alquilado en los últimos comicios costaba demasiado. Sea como fuere, las cuentas de 2013 -las últimas disponibles y por otro lado aún pendientes de aprobación- dan fe de una caída de los ingresos del 3,2% respecto al año anterior y pérdidas por cinco millones. Todo ello mientras se reparten millones entre dietas a la cúpula e indemnizaciones y el propio Acosta, en su anterior mandato, contaba con un sueldo cercano a los 200.000 euros. A los agujeros, además, podrían sumarse pronto las tres multas por un total de 50 millones que la SGAE sufrió de la Comisión Nacional de Competencia y Hacienda, que están recurridas.

La junta hereda también la venta de los teatros de la Gran Vía madrileña, Lope de Vega y Coliseum, ya cerrada por 58 millones a Stage –costaron 81- a la espera de que el nuevo patronato poselecciones dé su visto bueno. Y otro legado, aún más polémico, es la guerra de la llamada Rueda, la madre de todas las batallas. Justo antes de los comicios, la junta saliente aprobó una modificación del reparto de los ingresos procedentes de las televisiones (la mitad de los 250 millones que recauda la SGAE) castigando la música emitida en la franja nocturna y premiando el prime time. Así, buscaba parar a 11 miembros que aprovecharon una estratagema legal para lograr recaudaciones millonarias con temas en programas de madrugada y escasísima audiencia. Sin embargo, la medida ha indignado a cientos de músicos que también beben de las emisiones nocturnas y piden una negociación más en profundidad.

Todo ello, sin embargo, tendrá que esperar. Porque más urgente todavía es hacerle caso a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que impone a la SGAE y las otras entidades de gestión de los derechos de autor la creación de una ventanilla única para los usuarios y de un nuevo sistema tarifario. La normativa establece un plazo de seis meses. Matemática sin interpretaciones, incluso para la SGAE.