La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pasa su penúltimo trámite

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como Ley Lassalle, ha pasado esta noche su penúltimo trámite en el pleno del Senado con los votos del grupo popular, en un debate cruzado de acusaciones de utilización y castigo al mundo de la cultura. Tras ser bendecido por la Comisión de Cultura del Congreso, la del Senado y el pleno de la Cámara Alta, el proyecto de ley volverá ahora al Congreso para ser aprobado por el pleno definitivamente. Todo indica que lo hará la próxima semana y entraría en vigor el 1 de enero de 2015.

El proyecto, que remite en su texto a una reforma integral de la propiedad intelectual en un año, ha sido aprobado por 132 votos a favor, 90 en contra y 3 abstenciones del Pleno, que ha rechazado los 6 vetos y las más de 200 enmiendas parciales presentadas.

Entre las modificaciones más destacadas están el endurecimiento a la piratería, las multas máximas pasarán de 300.000 a 600.000 euros, y las mínimas de 30.000 a 150.001 euros. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, responsable de investigar y cerrar páginas web por piratería será dotada para que tenga más agilidad en su gestión. Podrá intervenir siempre y cuando haya un nivel "apreciable de audiencia en España de dicho prestador o un volumen asimismo apreciable de obras --no 'notorio'-- y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas".

En cuanto a los derechos de autor, habrá una ventanilla única, para facturación y pago, y se aplicará una mayor transparencia a través de mecanismos que mejoren la identificación y localización de los dueños de dichos derechos de creación. 

Además de la lucha contra la piratería en Internet, la reforma incluye otros temas como la compensación por copia privada, la búsqueda de una mayor transparencia en las entidades de gestión, la ventanilla única como único sistema de recaudación para la facturación y pago de los derechos de autor o la compensación de los agregadores de noticias a los editores, conocida como "tasa Google".

No obstante, según ha precisado en varias ocasiones el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, esta es una reforma parcial, puesto que el Gobierno realizará una modificación de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre propiedad intelectual.

'Tasa Google' y copia privada

Una de las novedades de esta reforma de la LPI es la compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, conocida como "tasa Google", un aspecto que ha generado también polémica y posiciones enfrentadas.

Otro de los aspectos que incluye esta norma es la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, un sistema con el que se sustituyó mediante un Real Decreto aprobado en 2012 al canon digital y que encuentra oposición en las entidades de gestión de derechos, que argumentan que la cantidad destinada de las arcas públicas (un total de cinco millones de euros) es muy inferior a la que podría obtenerse con el sistema de canon.

Cabe apuntar que el Tribunal Supremo acordó el pasado 18 de septiembre preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si este nuevo sistema de compensación ajusta a la legislación europea. En caso afirmativo, cuestionará si la cantidad total destinada a la compensación, "aún siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos en cada ejercicio".

Entidades de gestión y obras huérfanas

Respecto a las entidades de gestión de derechos de autor, la LPI establece obligaciones a las entidades de gestión para mejorar la identificación y localización de los titulares de derechos a quien deben realizar los pagos y la posibilidad de acrecimiento del reparto o de la compensación de los excedentes negativos de las entidades.

Asimismo, se crea un mecanismo de ventanilla única como medio de facturación y pago, para lo que se obliga a las entidades de gestión a nombrar a una persona jurídica privada que estará encargada de centralizar estas operaciones. De esta forma, se pretende simplificar y reducir los costes de transacción para los usuarios, tales como restaurantes, hoteles o peluquerías, entre otros.

Otra novedad de esta reforma es la transposición de dos directivas. Por un lado, la ampliación del plazo de protección de los derechos de los artistas o intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años, que pasa de 50 a 70 años.

Otra hace referencia a las obras huérfanas y tiene como objetivo establecer un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en el uso de estas obras por parte de las instituciones culturales y de los organismos públicos de radiodifusión.

Reproducción, alquiler y préstamo de libros

Por otro lado, se limita a 10 el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, tal y como solicitarone colectivos como CEDRO y la CRUE, con el fin de aclarar qué es lo que se puede reproducir.

Asimismo, se ha incorporado la transposición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros "para aclarar qué es el préstamo de libros" y evitar que "bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro".

Esta directiva señala que "procede excluir de los conceptos de alquiler y préstamos determinadas formas de puesta a disposición de fonogramas o de películas (obras cinematográficas o audiovisuales o imágenes en movimiento, con o sin acompañamiento de sonido) para fines de representación pública o radiodifusión, la puesta a disposición con fines de exhibición o la puesta a disposición para consulta 'in situ', que, con arreglo a la presente directiva, el préstamo no incluye la puesta a disposición entre entidades accesibles al público".

Debate en el Senado

Durante el debate el portavoz del grupo popular, Alberto Casero, ha acusado al PSOE de utilizar de manera reiterada la cultura a favor de sus intereses: "el mundo de la cultura no es de ustedes, es de este país pero siempre lo han entendido como una cultura subvencionada a su interés" mientras que su partido, ha dicho, nunca ha pedido "que salgan en una fotografía" apoyando a un candidato.

Por su parte, el senador socialista Félix Montes ha asegurado que los elementos fundamentales de la reforma, que ha calificado de "desastre", tienen "un claro tufillo de 'vendetta' al mundo cultural y creativo" y ha dicho que el PP insiste en "demonizar a la sociedad civil".

En la defensa del proyecto, el portavoz del grupo parlamentario popular ha argumentado que era necesario y urgente realizar una reforma parcial de la ley sin renunciar a otra integral "con el objetivo principal de salvaguardar los derechos de los creadores".

"Dicen que para qué hacemos esto si dura un año, pero el Gobierno cree que es necesario porque la situación de la piratería en España no se sostiene más", ha recalcado Casero.

Los grupos de la oposición han coincidido en calificar la reforma de "parche" y han reiterado sus críticas a la financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como a la previsión de que los agregadores de contenidos paguen un canon a los grandes editores de periódicos de forma irrenunciable.

Por parte del grupo socialista, Domingo Fuentes ha asegurado que con esta reforma, que ha calificado de injusta y arbitraria, el Gobierno crea un problema donde no lo había.

"El diálogo ha brillado por su ausencia y el Gobierno ha sido abducido por los grandes grupos de presión, olvidándose del consenso", ha asegurado Fuentes.

La portavoz de ERC Ester Capella ha sostenido que la capacidad de consenso del Gobierno y del grupo popular se ha visto en "cómo han logrado poner de acuerdo" a toda la oposición y los sectores afectados en contra de la reforma.

El senador de Izquierda Unida José Manuel Mariscal ha destacado también el "amplio consenso de oposición" que ha cosechado esta norma en todos los sectores, algo que pasa "cuando se utiliza el rodillo para imponer y no se utilizan las orejas para escuchar a los sectores afectados por la ley".

Jordi Guillot, de Entesa pel Progrés de Catalunya, ha destacado la inoportunidad de la norma y la falta de diálogo y ha asegurado que con esta reforma "no tenemos un canon, sino dos", en referencia a la previsión de que los agregadores de contenidos paguen un canon a los grandes editores de periódicos de forma irrenunciable.

Carles Martí Jufresa ha defendido el segundo de los vetos presentados por Entesa expresando su sospecha de que la reforma "es un ajuste de cuentas por la espalda", porque con todos los cambios que propone "salen ganando siempre" las grandes empresas tecnológicas y editoriales "y nunca los trabajadores de la cultura".

La senadora del grupo vasco Rut Martínez ha mostrado su rechazo total a la ley, que ha considerado un "auténtico despropósito", y ha explicado que no presentaron veto porque creyeron las declaraciones del Gobierno diciendo que iban a negociar y, por el contrario, la sensibilidad ha sido "cero"