Manual para el buen defensor del ‘copyright’

Pelean en el mismo bando. Al fin y al cabo, comparten enemigo: la piratería. Pero lo que Gobierno e industria cultural no parecen tener en común es la estrategia para la batalla. Porque el Ejecutivo está intentando aprobar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que endurece las sanciones contra las páginas piratas. Y los creadores no se cansan de organizar conferencias para señalar que la reforma se queda corta y subrayar todos los aspectos por los que creen que no funcionará. La última, esta mañana, con algunas novedades: la Coalición de creadores ha ofrecido quejas concretas. Y ha presentado un estudio, del Instituto de Derecho de Autor, sobre cómo otros 14 países del mundo, de EE UU a Francia, pasando por Corea del Sur, tutelan la propiedad intelectual.

En España, esa tarea correrá a cargo del anteproyecto de reforma de la LPI, que está siendo debatido el Congreso. Tras un nuevo aplazamiento, el martes 17 de junio finalizará la fase de enmiendas. Por tanto, según el cálculo de la Coalición de creadores, la reforma pasará por el Senado antes del verano y volverá hacia finales de año al Congreso para su aprobación definitiva. Es decir, la nueva ley se estrenaría con el nuevo año.

La presidenta de la Coalición de creadores, Carlota Navarrete, espera que a la sazón ya cuente con sus sugerencias. Básicamente, se pueden resumir en cuatro puntos: “Queremos que la sección segunda de la llamada Comisión Sinde [el órgano administrativo que monitora y combate la piratería online] sea compuesta por profesionales independientes y no por funcionarios ministeriales; que cuente con más recursos que permitan acortar los plazos de sus acciones; que el bloqueo de una web no sea el último paso sino una medida que se tome en 72 horas desde que la Comisión avise al juez de una violación del copyright. Y, finalmente, pedimos claridad: la ley contiene muchos términos ambiguos”.

En realidad, cierta ambigüedad muestran también los creadores sobre un punto en concreto: la persecución de los usuarios que descarguen contenidos ilícitos. “No se entiende que se disculpe a alguien que vulnere el derecho de autor por ser usuario. Aunque no es ese nuestro objetivo, el internauta es un aliado”, afirmó esta mañana Navarrete. Pero es frecuente que, en estos encuentros con entidades de gestión y miembros de la industria, se subraye la necesidad de un elemento disuasorio –a menudo una multa- contra el usuario. La reforma de la LPI de momento castiga con hasta 300.000 euros de sanciones a los dueños de páginas tanto de enlaces como de descargas pero no responsabiliza al internauta que disfrute ese contenido.

En otros países incluidos en el estudio presentado hoy, y editado por la fundación SGAE, sí se castiga también al usuario. Francia, por ejemplo, aprobó bajo el mandato de Sarkozy la llamada ley Hadopi que preveía multas e incluso el bloqueo del acceso a la Red para los internautas que descargaran contenidos ilícitos. Sin embargo, el Gobierno de Hollande anuló el corte de Internet para los usuarios y prepara una reforma menos restrictiva de la ley.

“No sé si el papel de la Administración sea castigar a los usuarios. El problema principal es cultural: cómo convencer a la gente de que hay que respetar a los creadores”, defendió hoy Alain Fohr, consejero cultural de la Embajada de Francia y director del Instituto Francés de Madrid, que acogía el encuentro. Aun así Moscoso destacó la legislación francesa “por su elemento disuasorio”, así como la de Corea del Sur por considerar ya desde 2009 que los proveedores de servicios [las compañías que proporcionan la conexión a Internet] también son responsables de las violaciones del derecho de autor de sus clientes. La autora del mapa de la propiedad intelectual elogió los esfuerzos de las leyes de Italia y Reino Unido por “concienciar a los internautas”. Y ofreció una conclusión de su análisis de cuatro años y 14 países: “Las propuestas más efectivas son las que han promovido un acuerdo entre proveedores de servicios y titulares de derechos”.

Pocos son sin embargo los pactos que se han alcanzado, al menos en España, en el infinito debate sobre la piratería. Hay blancos, negros e infinidades de grises. La mayoría de los creadores la indican como el enemigo número uno y sin embargo hay artistas de fama mundial–el último, el guionista de cómic Neil Gaiman- que no la consideran un problema. Hay sentencias de las que presume la industria, como el ya célebre caso Svensson con el que el Tribunal Superior de Justicia Europeo dio la razón a la Asociación Sueca de Periodistas contra una empresa digital de su país que enlazaba, sin permiso, noticias de sus medios. Y hay fallos, como el caso que acaban de perder las discográficas contra Pablo Soto, creador de tecnologías de intercambio de archivos P2P (entre usuarios), que van en la dirección opuesta.