Suma y sigue en la controversia de los ‘papeles de Salamanca’

La restitución a la Generalitat de los documentos requisados tras la Guerra Civil parece condenada a no tener fin. La sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2013 en la que se avalaba el envío de documentos a Cataluña y se negaba el expolio, parecía ser el punto y final a un proceso que comenzó hace 75 años, cuando las tropas franquistas trasladaron a Salamanca 150 toneladas de papel. Pero un nuevo obstáculo impedirá, por ahora, que sea así: El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo que pide que vuelvan a la capital charra unos 215.000 documentos que han retornado de forma “ilegal”.

La denuncia, presentada por el investigador Policarpo Sánchez, promotor de la recién constituida asociación Salvar el Archivo de Salamanca, asegura que se han devuelto documentos que no fueron incautados en Cataluña; que la documentación no ha sido devuelta en su integridad a sus legítimos titulares o sus sucesores; que no se han digitalizado y realizado copias de muchos de los documentos con el fin de que quede depositada en el Archivo una copia auténtica. Todos ellos aspectos que recogía la ley del 17 de noviembre de 2005 de restitución que permitió que comenzaran a viajar de vuelta a Cataluña los documentos a partir de 2006.

Cataluña señala que se ha gastado 1,5 millones en identificar y digitalizar

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes aseguran que “toda la documentación que ha salido de Salamanca ha cumplido escrupulosamente las prescripciones técnicas que marca la legislación, habiendo sido digitalizados correctamente, constituyendo lo que se denomina copia auténtica”. Reconocen que “la determinación de qué documentos deben ser tratados constituye un proceso complejo”, y que la Subdirección General de los Archivos Estatales ha realizado una “revisión y control de calidad riguroso que ha permitido subsanar posibles errores”.

Los documentos en el centro de litigio fueron requisados en Vinaroz

Parecido es lo que aseguran desde la Generalitat. Joan Pluma, director general de Archivos, Museos y Patrimonio, mantiene que no tienen constancia de “que hayan llegado papeles que no correspondan”. Explica que en el proceso se ha “identificado, digitalizado y verificado los documentos en varias comisiones en las que estaba presente el Ministerio”. En total, asegura, “centenares de miles de unidades en los que la Generalitat ha invertido más de 1,5 millones de euros”. En un momento dado reconoce que “si ha habido fallos se corregirán porque no tenemos ningún interés en tener documentos que no provengan de Cataluña. Si comprobamos que es así, se devolverán, porque a diferencia de otros, intentamos hacer un trabajo a conciencia y no tenemos interés en tener algo que no corresponda. Solo queremos recuperar lo que se expolió por la acción represora”.

En cuanto a la denuncia de que no se han restituido los documentos a sus propietarios, ya que la Generalitat “se ha dedicado a buscar la forma de falsear la identidad de estos legítimos dueños a cambio de quedarse los fondos”, explica la denuncia, Pluma mantiene que el proceso no ha acabado. Después de volver a Cataluña en diferentes entregas 1.716 cajas y 579 libros, que representan 417.579 documentos y 827.900 imágenes, “falta un tercio de los documentos por regresar; unas 300 cajas y 3.000 libros”. Además, se sigue buscando a los dueños o sus sucesores. “Muchas personas han decidido, tras recuperar los documentos, entregarlos libremente al Arxiu, porque entiende que así se conservarán mejor”. Para Pluma, no hay duda de que la denuncia es “un acto más para obstaculizar al máximo el proceso. Lo bueno sería que este tema acabe ya de una vez”.

Josep Cruanyes, portavoz de la Comisión de la Dignidad, la plataforma cívica que desde 2001 ha liderado la campaña a favor del retorno de los papeles no ve cambios. “Que se haya admitido a trámite el recurso no quiere decir nada. Si no hay defecto de forma, se aceptan”. Para este abogado e historiador “es muy triste que traten de ladrones a las personas que han trabajado en este tema y lo han hecho de forma escrupulosa. Este señor [por Policarpo Sánchez] siempre ha actuado así, intoxicando como ha podido todo el proceso”.

Cruanyes asegura que la acusación de que se han devuelto documentos no catalanes “es un tema recurrente” y recuerda el caso de Vinaroz (Castellón): “Ya lo planteó el Ministerio y tuvimos que presentar informes en los que se demostró que cuando se ocupó la zona del Ebro se requisó documentación de Amposta y Sant Carles que acabaron en el juzgado de Vinaroz”. Otro tema conflictivo es la numerosa documentación asturiana que se ha enviado a Cataluña. Sánchez ha asegurado que, entre los fondos ilegales, están los del Centro Asturiano de Cataluña que pertenecen, en realidad, a la Agrupación Socialista de Asturias, o sea, el PSOE. “Es una cuestión que se planteó. Durante la guerra muchos de los refugiados eran asturianos. Lo he estudiado directamente. En los primeros días se requisó un fichero de socialistas asturianos que estaban en Cataluña, que no se seleccionó para que volviera a Cataluña, pero la de la Casa Regional Asturiana, que lleva más de cien años aquí, sí”.