La Audiencia Provincial de Oviedo condena a Santiago Calatrava

El culebrón Calatrava suma un nuevo capítulo. Después de la retirada del trencadís en el Palau de les Arts, que empieza a oxidarse y el anuncio del Ayuntamiento de Venecia de que demandará 464.000 euros al arquitecto por su defectuoso puente de la Constitución, ahora el foco de su particular martirio arquitectónico se traslada a Asturias. La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado al arquitecto Santiago Calatrava a pagar una indemnización de 2,96 millones de euros a la promotora Jovellanos XXI por los fallos detectados en la ejecución de la obra del Palacio de Congresos de Oviedo. La indemnización obedece a defectos en los trabajos de construcción y sobrecostes en la obra cuya responsabilidad atribuye el tribunal al arquitecto.

La construcción fue muy polémica desde el principio: por su localización (inserta entre edificios de viviendas) tras un acuerdo entre la empresa privada Jovellanos XXI y el Gobierno local (PP), su diseño (análogo a otros edificios del artista), algunos accidentes (derrumbe de un graderío), averías (la prometida visera movible quedó finalmente rígida), denuncias de otros defectos, la acusación por la empresa de que el arquitecto apenas estuvo pendiente de la construcción y finalmente por el proceso concursal en el que está inmersa la sociedad promotora, propiedad de las familias Cosmen y Lago, ahora en proceso de liquidación, y por las reclamaciones de algunos proveedores.

A todo ello se suma que un dictamen del Consejo Consultivo del Principado acaba de dar la razón hace unas semanas al Ayuntamiento de Oviedo para que pueda recuperar la concesión y gestión del complejo por supuestas vulneraciones del contrato de concesión por parte de Jovellanos XXI. El consistorio argumentó «infracciones gravísimas» del contrato por la empresa concesionaria.

La sentencia suma un nuevo episodio de controversia en la ejecutoria del arquitecto y añade más conflictividad sobre un complejo que, siguiendo la estela de las obras de Calatrava en la capital valenciana -también en manos del PP-, las autoridades locales de Oviedo quisieron erigir en emblema de la modernización urbanística en Oviedo.

El fallo, que condena a Calatrava a pagar 2,9 millones de euros a Jovellanos XXI, es más benigno para el arquitecto que el que había dictado en junio el juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo. La nueva resolución, dictada por la Audiencia Provincial, admite parcialmente algunas pretensiones de las dos partes litigantes en sus respectivos recursos contra la primera sentencia.

El Juzgado número 10 de Oviedo había condenado a Calatrava a pagar 3,27 millones de euros a la empresa promotora de la construcción. La Audiencia reduce ahora esta compensación a 2,96 millones. Esta cuantía es la diferencia entre la indemnización establecida por el derrumbe parcial del encofrado de un graderío durante las obras de edificación y un gasto adicional en el que se incurrió para intentar garantizar la prometida movilidad de la cubierta del edificio (10,24 millones) y lo que Jovellanos XXI aún adeuda a Calatrava por sus honorarios profesionales (7,28 millones de euros). Este fallo puede ser recurrido por las partes.

La movilidad de la cubierta era, según la resolución, "una de las señas de identidad del proyecto". Al final, este atributo del edificio, que figuraba en su diseño inicial, tuvo que acabar descartándose por los problemas y fallos técnicos que surgieron durante la edificación. El tribunal considera que estas deficiencias "evidencian la existencia de un incumplimiento contractual".

Calatrava había brindando una nueva opción para intentar devolver la movilidad a la visera, una innovación técnica incluida en el diseño original y con la que se pretendía dotar de mayor espectacularidad y atractivo al edificio. La reparación consistiría en aumentar la altura de las vigas a la vez que el grosor de sus elementos de apoyo. Pero el fallo estimó que el Ayuntamiento de Oviedo ya había concedido dos prórrogas a la empresa adjudicataria y concesionaria para la entrada en servicio del palacio de congresos y que, de seguir demorando los plazos comprometidos, se incurriría en un riesgo de "elasticidad infinita”, y que esta “prolongación contínua e indefinida lleva aparejados sucesivos sobrecostes de notable magnitud".

En el caso del derrumbe de una parte de la estructura, el fallo de la Audiencia, al igual que el dictado en primera instancia, atribuye al arquitecto la responsabilidad exclusiva del siniestro y reconoce a la empresa Jovellanos XXI como “directamente perjudicada” por el sobrecoste originado por las reparaciones, cuyo coste se elevó a 3,3 millones de euros.