Las ayudas a la TDT son ilegales

Las ayudas públicas otorgadas para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) en España son ilegales. No han respetado la neutralidad tecnológica y han beneficiado a las redes terrestres frente a las infraestructuras por satélite. La Comisión Europa ha publicado la resolución que obliga a devolver al contribuyente las subvenciones concedidas para la extensión de la cobertura a zonas remotas, que superan los 235 millones de euros.

El documento de Bruselas detalla, por comunidades, el gasto público (de la Administración central, regional y local) en la extensión de la TDT. Cataluña encabeza la lista, con 52 millones de euros, seguida de Castilla y León (casi 38) y Aragón (20). En el lado opuesto figuran Murcia, Baleares y Madrid, que fueron las regiones que menos subvenciones recibieron. La Comisión —que no ofrece datos de Castilla-La Mancha, investigada en un procedimiento separado— deja constancia de las dificultades con las que se ha topado para obtener “informaciones precisas”. Los datos incluyen tanto los fondos públicos concedidos como los transferidos a raíz de licitaciones.

Desde el momento de la notificación, España tiene cuatro meses de plazo para recuperar las ayudas que se adjudicaron de manera improcedente. Antes tendrá que elaborar una lista y remitirla al Ejecutivo europeo con los nombres de las empresas beneficiadas y el importe que han de reembolsar (el principal y los intereses), según expone la resolución firmada por el vicepresidente y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia.

En el origen del conflicto está la denuncia interpuesta ante la Comisión en mayo de 2009 por el operador de satélites Astra en la que alegaba que las medidas adoptadas por el Gobierno y las comunidades para llevar la TDT a las zonas más inhóspitas y menos urbanizadas solo contemplaba la transmisión terrestre, algo que, aseguraba, infringía el principio de neutralidad tecnológica.

La Comisión Europa afirma que  España vulneró el principio de neutralidad tecnológica

Hasta tal punto se apostó por el sistema terrestre que Cantabria rescindió en 2008 un contrato que Astra había ganado mediante un concurso público. Aquella comunidad explicó entonces que el Ministerio de Industria les había comunicado su intención de financiar la mejora de la red analógica. El satélite quedaba, pues, fuera de la cobertura de los fondos públicos.

Para la implantación de la TDT, un proceso que culminó en abril de 2010 con el apagón analógico, el Gobierno asignó diferentes partidas para ampliar la cobertura. Según el informe de la Comisión, entre 2008 y 2009 se invirtieron en la zona II casi 163 millones procedente del presupuesto central, 60 de las 16 comunidades investigadas y 3,5 de los Ayuntamientos.

Los argumentos presentados por España han resultado poco convincentes. “El informe preliminar no demuestra suficientemente la superioridad de la plataforma terrestre frente a la de satélite”, expone Bruselas. Además, se queja de que los datos sobre los cálculos de los costes facilitados por las comunidades autónomas no presentan “el grado de detalles y solidez suficiente” para justificar la elección de la tecnología terrestre. “Y lo que es más, ninguno fue realizado por un experto independiente”, precisa.

Tampoco convenció el Gobierno al intentar argumentar que la transmisión por satélite sería más cara que la TDT. Más bien al contrario. La resolución afirma que el Gobierno podría haber animado a las comunidades a que en sus concursos tomasen en consideración “las posibles eficiencias de ahorro de costes que podían obtenerse de determinadas plataformas”.

La mayoría de las subvenciones fueron a parar a operadores regionales dedicados a la distribución de señales, como Aragón Telecom, Itelazpi (País Vasco), Retegal (Galicia), Opnatel (Navarra), Provilsa (Castilla y León) y CTTI (Cataluña). Abertis, el principal operador nacional, expuso que no explotaba ninguna de las redes locales situadas en la zona II por lo que no podía obtener “ninguna ventaja directa”.