Cantabria paga cara la TDT

La comunidad de Cantabria ha sido condenada a pagar 3,5 millones de euros a la compañía de satélites Astra por haber roto unilateralmente el contrato para la extensión de la televisión digital terrestre (TDT) en aquella región. La cuantía que tendrá que desembolsar el Ejecutivo autonómico se divide en dos partes: 1.481.934 euros de "daño emergente" y 2.062.730 euros de "lucro cesante". La compañía con sede en Luxemburgo reclamaba una indemnización de casi 22 millones de euros. Cantabria anunció la interposición de un recurso.

Tres años antes de que se produjera el apagón analógico, las comunidades autónomas buscaron fórmulas para que la señal (digital) de las televisiones llegara al 100% de la población. La ley solo les obligaba a cubrir el 96%, con lo que una parte de los espectadores estaban condenados a quedarse sin ver los nuevos canales. El satélite era la solución más económica para llegar a esas zonas de población dispersas o con especiales dificultades geográficas. Una red de enlaces tradicional (por tierra) implica sembrar el territorio de centros de emisión, lo que encarece el coste de la distribución de la señal.

La comunidad no cumplió el contrato para extender la cobertura

TECNOLOGÍA

Para sortear la compleja orografía cántabra, el Gobierno de esa comunidad (la Sociedad Regional Cantabria I+D+i) convocó un concurso público para la universalización de la señal. Se buscaba que fuera lo más rápido y barato posible. El objetivo era "llevar a cabo una solución para el despliegue de la infraestructura y los servicios precisos para la transmisión y recepción en Cantabria de la televisión digital", según se recoge en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia.

Cantabria adjudicó en marzo de 2008 el contrato a Astra para transportar la señal por satélite, que no necesita saltar de un poste a otro. Con este sistema se garantizaba, además, cubrir el 100% del territorio. El contrato tenía una duración de un año y tres meses y el presupuesto de licitación superaba los 4,5 millones de euros.

Pero en septiembre de ese mismo año la Administración del Estado comunicó a las comunidades que adoptaba una solución técnica para todo el territorio nacional. Por eso Cantabria argumenta que no cumplió el contrato con Astra porque se produjo una situación "sobrevenida". Según la sentencia, la solución estatal implicaba llevar a cabo un gran despliegue de estaciones terrestre de manera que la superficie que se debía servir por satélite era muy pequeña (1,4% en el caso de Cantabria, frente al 30% que proponía Astra).

Además, el Estado subvencionó a las comunidades para extender la TDT (en torno a 320 milones de euros, según los cálculos de los operadores, a los que añaden unos 70 millones anuales para mantener los centros).

Pero los operadores tienen ante sí un segundo apagón a la vista: el que se producirá antes del 1 de enero de 2015. En esa fecha, los canales de televisión habrán tenido que desalojar las frecuencias que ocupan actualmente. Eso obligará a realizar nuevas inversiones, sobre todo para la emisión en simulcast y para reorientar las antenas. El coste de este proceso está cuantificado en 2.000 millones de euros, prácticamente lo que recaudó el Ministerio de Industria por la subasta de lo que se conoce como dividendo digital. En el caso de que no se adapten las antenas, los expertos vaticinan que se producirán interferencias.

Astra considera que dar ayudas para la extensión de la TDT a través de plataformas terrestres es un falseamiento de la competencia. De hecho, la Comisión Europea tiene abierta una investigación para determinar si el plan de subvenciones de España vulneró el principio de neutralidad tecnológica y si atenta contra la libre competencia.