Once socios de la SGAE ganan 25 millones tras registrar 25.000 títulos

La Sociedad General de Autores de España (SGAE) ha realizado una investigación sobre los ingresos de 11 socios y sus empresas desde el año 2005. Se trata de las personas a quienes ha abierto diligencias informativas por haber recaudado cifras astronómicas en los últimos tiempos mediante el negocio de la música en programas de televisión que se emiten de noche y de madrugada. Según las pesquisas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS (cuadro adjunto), los integrantes de lo que Antón Reixa llama “la rueda” –en referencia a un fraude que a finales de los 70 un grupo de socios conocidos como Los tupamaros- registró desde 2006 24.981 canciones en la SGAE, mientras que en 2005 solo había inscrito 106 entre todos. Sus ingresos totales, pasaron de 553.657,76 euros (en un año) a 25.736.577 (en seis años). Este es el documento en el que la entidad se ha basado para comenzar este conflicto. De momento, la SGAE ha reformado el reglamento, que entrará en vigor a partir de la recaudación que se liquide en julio de 2014, para terminar con lo que considera “un fraude”. Mañana la Sociedad realizará mañana su asamblea general.

El origen de este negocio, cuya persecución ha provocado una de las guerras más encarnizadas de en los últimos tiempos en la SGAE, se encuentra en la creación por parte de las televisiones de editoriales musicales con las que pretendían rebajar el dinero que pagan anualmente a la SGAE. A final de año, si las cadenas registran canciones que ellos mismos emiten deben cobrar una serie de derechos de autor que rebajan sustancialmente la cifra total que abonan a la sociedad de autores. Ellos suelen quedarse con el 50% de esos derechos. El otro 50% es el que da entrada a compositores, intérpretes, productores y empresas cesionarias que se reparten porcentajes de esa parte restante. No es una práctica ilegal. El reglamento, hasta ahora lo permitía. Las retribuciones están basadas en variables como minutos de emisión, tipo de música (la sinfónica se cobra más) o si hay alguien interpretándola (la llamada ejecución humana). Pese a ser legal, todo se basa en una “picaresca”, como lo han definido algunos, que ha desembocado en que supuestos autores de temas que nadie conoce ni conocerá cobren hasta el triple que estrellas del pop como Pablo Alborán. Según fuentes de la Junta Directiva de la SGAE, incluso alguno de los que se sientan en ese órgano tiene intereses en este controvertido negocio. Por eso, les acusan algunos, se han opuesto a esta cruzada.

En fin, la división respecto a este tema es total. Los implicados y muchos otros socios que han salido en su defensa recuerdan la legitimidad de esa práctica y reprochan a Reixa la manera en la que ha atajado el problema. Se sienten estigmatizados públicamente y se han agrupado (especialmente en Internet) para hacer frente con sus votos en la asamblea de mañana a lo que consideran una agresión. Detrás de todo este movimiento ven la mano de las discográficas, a quienes atribuyen el control de la SGAE, y que serían algunos de los damnificados del negocio televisivo. Es cierto también que los ochos votos unitarios del sector de los editores han sacado de más de un apuro al actual presidente de la sociedad y serán los que le proporcionen la estabilidad necesaria para seguir adelante ahora que algunos miembros de su Junta le han dado la espalda.