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Reportaje:

La excepción cultural, en vías de extinción

Las Administraciones recortan las partidas para artes escénicas, bibliotecas o asociaciones y la preocupación social es menor que cuando los ajustes afectan a educación o sanidad.- La crisis abre el debate: ¿deben los poderes públicos financiar la cultura?

Este reportaje forma parte del proyecto final de la asignatura de Digital de los alumnos de la 25ª promoción de la Escuela de Periodismo UAM / EL PAÍS 2011

Los profesionales de la cultura dan la voz de alarma: la asignación presupuestaria ha sufrido una poda severa en las tres Administraciones -estatal, autonómica y local-, desde que comenzó la crisis, y los recortes se notan ya en las bibliotecas, los museos y las artes escénicas. Mientras que los ajustes en sanidad o educación han motivado protestas enérgicas, las que afectan a la cultura han provocado quejas sotto voce, expresadas casi con vergüenza, casi inaudibles. Pero si se presta atención, los lamentos se escuchan.

La industria cultural española está fuertemente vinculada al apoyo público, hasta el punto de labrarse en ciertos sectores un calificativo pretendidamente ofensivo: subvencionada. Mario Vargas Llosa, en un artículo publicado en EL PAÍS, daba en 2004 sus razones contra la excepción cultural, ese concepto acuñado en una de las interminables rondas de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio para referirse a la especial protección que merecerían los productos culturales. Decía el premio Nobel que la mera idea de proteger es "peligrosa", que "la cultura se defiende sola", y que la obligación de los poderes es establecer las condiciones de estímulo de la creatividad, no fijar cupos y subsidios. Cuando el artículo fue escrito era una opinión a la contra, pero el viento de la crisis sopla hoy en favor de la tesis de Vargas Llosa, y desde muchas tribunas se alzan las voces a favor de desprenderse de lo que hoy se percibe como una carga. Con un matiz: el argumento es otro. Donde el hispano-peruano escribía "libertad", hoy se lee "crisis". Es la dictadura de los números.

El Ministerio de Cultura prevé este año un gasto de 839,3 millones, un 14% menos que en 2009

Las Administraciones gastaron en cultura 7.055 millones de euros en el año 2009, según el último Anuario de Estadísticas Culturales, publicado por el ministerio el pasado noviembre. De esa cantidad, 1.135 millones correspondieron al Estado; 2.046 a las comunidades autónomas; y 3.874 a los Ayuntamientos. Las cuentas muestran un presente más austero. Aun contando con que el gasto liquidado ha sido durante los últimos años mayor que el estimado, la evolución de las cuentas de la cartera de Cultura para 2011 es reveladora: este año se prevé un gasto de 839,3 millones, un 14% menos que en 2009, cuando se presupuestaron 974,8 millones de euros. El futuro no pinta mejor: el proceso de transformación de las cajas de ahorros en bancos ha sembrado de incertidumbre el futuro de la obra social, que hasta ahora desempeñaba un importante papel en la promoción y difusión de actividades culturales. Antonio Martínez, gestor cultural y director gerente de la empresa pública Murcia Cultural, advierte: "La financiación pública de la cultura se va a reducir aún más, porque así está ocurriendo en la UE y en el resto del mundo. Es el impacto de la crisis".

Ese impacto se nota en las cuentas de 2011. La rebaja ha sido generalizada a nivel estatal: en bibliotecas, 34 millones; archivos, 23 millones; museos, 41 millones; promoción del libro, 1,5 millones; música y danza, 18 millones; conservación y restauración de bienes culturales, 16 millones; protección del patrimonio, 3,6 millones, y cine, "clave en la defensa y promoción de la diversidad cultural", 10,8 millones. Solo se salva el teatro, que ha ganado algo más de 1,3 millones respecto a las cifras de 2009. La crisis clausura festivales y certámenes y revela realidades incómodas, como que infraestructuras a las que antes todos aspiraban sean ahora tachadas de megalómanas.

Por comunidades, el panorama es idéntico. Los presupuestos autonómicos, aun en diferentes momentos legislativos, anuncian más recortes para 2012. En Cantabria, del 8%, en Navarra, del 16%; solo Andalucía aguanta el tirón, con una ligera reducción del 0,3%. Canarias es, hasta ahora, ejemplo de la resistencia del sector ante un recorte especialmente agudo: el anuncio de una rebaja que según los artistas ascendería al 65% (80% si se cuenta solo la cifra destinada a programas culturales) ha provocado la movilización de muchos de ellos, de profesionales y de empresarios. El archipiélago, con ser el ejemplo más claro, no es un caso único. Varias asociaciones teatrales gallegas protestaron en Santiago de Compostela el pasado 27 de octubre por la deuda acumulada por las Administraciones autonómica y local. La Escuela Navarra de Teatro afronta un posible cierre, ahogada por la reducción en 2012 del 90% de la subvención recibida hasta ahora. La Orquesta de Extremadura ha colgado un manifiesto en Internet para protestar por la falta de "compromiso" con su mantenimiento por parte de la Junta. Y en la Comunidad Valenciana, los centros de música asumen como mal menor un recorte del 10% para 2012, en relación con la cifra de 2009. Todo para evitar un recorte del 34%, calificado de "brutal", y del que creen que "colapsará la economía y la educación".

En todos estos casos late la lucha particular de aquellos que se ganan la vida con la cultura: 508.700 personas en 2010, 36.000 menos que en 2009, según el Anuario de Estadísticas Culturales. Pero también es la batalla por el mantenimiento de un bien común, del que se sirvieron el 30,6% de los españoles, que en 2010 acudió a algún museo, el 39,5%, que visitó algún monumento o el 20,5%, que consultó los fondos de alguna biblioteca.

Fernando Rueda, director del Observatorio de Cultura de la Fundación Alternativas, califica la cultura de bien público imprescindible: "Es una necesidad básica, después de la salud y la educación, y las necesidades básicas no se pueden recortar. Gastar en cultura no es un despilfarro". "Hay que recortar, pero con un límite, porque nuestro sistema cultural está configurado sobre las subvenciones", matiza Antonio Martínez.

El manifiesto de la plataforma de artistas catalanes No retalleu la cultura! (¡No recortéis la cultura!) pone el dedo en la llaga: "La cultura no es un gasto, es una inversión. Más allá de ser un valor en sí misma, es fuente de riqueza económica y contribuye de forma importante al PIB. Los recursos invertidos generan puestos de trabajo en ámbitos muy diversos de la sociedad, dentro y fuera del sector cultural". Aquí están las dos vertientes del problema: recortar en cultura tendrá efectos en lo económico pero también, según muchos, en lo social. Y eso puede tener consecuencias más perniciosas a largo plazo. "Recortar o ahorrar en cultura es un gran error. Nos hará más pobres", recoge el manifiesto. Lo dijo Zygmunt Bauman, premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010, en el Congreso Europeo de Cultura celebrado en Polonia el mes pasado: "El futuro de Europa depende de la cultura (...) Es nuestro principal recurso económico".

El sector cultural empieza a levantar la voz por el estrangulamiento financiero que supone la pérdida de parte de los ingresos públicos y recuerda que, como dijo Unamuno, "la libertad que hay que dar al pueblo es la cultura". Y ante la falta de recursos, los profesionales de este gremio echan mano de la imaginación para poder sacar adelante sus proyectos.

Canarias, ejemplo de lucha

Leandro Ojeda narra el desarrollo de la crisis como la extraña historia de un desprecio ejecutado por sorpresa por el poder político, en el que el desentendimiento de la sociedad tiene un papel determinante. Él es el portavoz de la plataforma constituida ad hoc para hacer frente al recorte. "En principio pensamos que el recorte contenido en el anteproyecto era un globo sonda, una posición de máximos". La negociación se complicó cuando comprobaron que entre los ciudadanos había calado el discurso que acusa a los artistas de mantener "relaciones clientelares" con el poder. La importancia del sector cultural en el PIB canario (aporta el 1,7%, y recibe el 0,7%) fue uno de sus argumentos en la negociación. El otro impregna las quejas de muchas de las personas que han puesto su voz en este monográfico: "La educación y la cultura son indisolubles, un bien social básico que debe ser protegido por los poderes públicos".

Con todo, la crisis ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales del sector, consciente de sus propios excesos. En Canarias el derroche ha servido para fomentar el "escaparatismo", espectáculos de alto coste que en opinión de Ojeda no necesitan apoyo público. "Se ha abandonado el discurso de la cultura para abrazar el de la rentabilidad. Si hay crisis, y hay que ahorrar, hay que hacerlo en aquello que no sea provechoso para la economía local", opina. Es el ejemplo canario. "Los que nos dedicamos a esto tenemos que despertar. Las ayudas públicas han tenido también el efecto perverso de provocar un adormecimiento y han contribuido a crear una especie de competencia desleal para las propuestas que quedaban al margen de las subvenciones", lamenta. Pero para Ojeda, la crisis puede tener sus efectos positivos y servir de acicate: "Es el momento de que la gente de la cultura coja las riendas. Solo así, quizá, salgamos reforzados".

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