Estados Unidos: Control, cooperación privada y alternativas comerciales a las descargas
A una estricta legislación y varios castigos ejemplares hay que añadir el dinamismo del sector de contenidos on-line en streaming
En Estados Unidos la ley conocida como 'Digital Millenium Copyright Act', aprobada en 1998, prohíbe el ofrecimiento y la descarga de contenido digital protegido por los derechos de autor. Durante años, las discográficas se centraron en combatir la piratería espiando los sitios web de descargas y demandando a los internautas que ofrecieran o descargaran canciones o vídeos de forma ilegítima. En junio de 2009, en uno de los casos más sonados, un juzgado de Minesota condenó a Jammie Thomas-Rasset (foto) a pagar 1'4 millones de euros por descargarse 24 canciones.
Aquella fue una importante victoria-por el elemento disuasorio, sobre todo- para las discográficas y productoras de cine. Éstas, sin embargo, han dejado de perseguir al usuario y se han centrado en colaborar con los proveedores de Internet. Esa cooperación ha resultado fructífera y ha reabierto el debate desde otra perspectiva: la de la neutralidad de la red. Según diversas opiniones judiciales, las proveedoras de conexión pueden discriminar el tráfico de sus redes según sus propios criterios comerciales.
Esto se ha traducido, recientemente, en una práctica que inició la telefónica Comcast. Con un programa de inspección de contenido del tráfico web, esa empresa detecta cuándo un usuario utiliza programas de transferencia de archivos a través de redes P2P y le ralentiza el tráfico. Comcast asegura que las redes son suyas y puede obrar de ese modo, alegando motivos comerciales: si muchos internautas utilizaran ancho de banda para transferir archivos, la navegación por la Red se ralentizaría considerablemente para todos los clientes.
El Gobierno, sin embargo, no opina del mismo modo. En 2008, la Comisión Federal de Comercio amonestó a Comcast por esas prácticas de discriminación del tráfico web. En abril, finalmente, un juzgado de Washington reprendió al Gobierno por haber actuado de ese modo y ratificó el derecho de Comcast y de las demás telefónicas de gestionar las redes como quieran. Aquello suponía, en teoría, luz verde para que éstas, en un futuro, lleguen a acuerdos con la discográficas y productoras audiovisuales para entorpecer el tráfico web cuando detecten el uso de redes P2P o programas de descarga, algo contra lo que está luchando la Administración de Obama.
En el dinámico mercado norteamericano, sin embargo, están apareciendo legítimas alternativas a la piratería que, además, generan nuevas oportunidades de negocio. Es el caso de la empresa Netflix, que ofrece una videoteca online que permite acceder ilimitadamente a más de 17.000 títulos de películas y series de televisión en streaming, por un precio de unos cinco euros mensuales. Otros portales, como Hulu.com, ofrecen contenido similar, pero con cortes publicitarios.
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