Un centenar de instituciones se suman a la petición de anulación de la condena a muerte de Miguel Hernández

La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante ha presentado ante el registro de la subdelegación del Gobierno de Alicante el listado de las entidades, organizaciones y personas que se han sumado a la petición de revisión y nulidad de la sentencia militar que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, fallecido finalmente en prisión. El fallo, de 18 de enero de 1940, aún está vigente.

Entre el centenar de instituciones que se suman a esta iniciativa destaca la adhesión de las Cortes Valencianas, las tres Diputaciones provinciales, 40 Ayuntamientos y decenas de centros educativos y otras instituciones. Además, se presentan 1.315 firmas de particulares.

"Es un clamor universal a favor de la nulidad de la pena, y existe un convencimiento unánime de la falta de actividad delictiva del poeta", asegura Manuel Parra, miembro de la Comisión. En junio pasado, los herederos de Miguel Hernández presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pedían la "revisión y nulidad" de la sentencia a muerte del poeta. "Esperamos en breve tener copia del informe que ha elaborado la fiscalía sobre este recurso", explica el abogado Carlos Candela, quien confía en que en "tres o cuatro meses" el Supremo decidirá si acepta o no este recurso.

El profesor de Filosofía de Derecho de Universidad Carlos III de Madrid Rafael Escudero argumenta que la mayor dificultad radica en "la mala calidad" de la Ley de Memoria Histórica, que "no reconoce la nulidad de estas condenas, aunque admita que son injustas e ilegítimas". Pero siguen siendo válidas, y la única manera de anularlas es un recurso de revisión avalado con "hechos nuevos". Y en el caso de Miguel Hernández, la Comisión Cívica y los herederos del poeta esgrimen dos novedades importantes: la existencia de un proceso paralelo contra el escritor y la reparación de la memoria aprobada por el Gobierno que reconoce que fue una condena injusta. Y es que mientras el poeta fue detenido y juzgado por el tribunal militar en Madrid, en los juzgados de Orihuela se seguía otro proceso contra él cuyos detalles ha analizado y descubierto el escritor y periodista Enrique Cerdán Tato. En el proceso que se ignoró para condenarle a muerte figuran avales de personas influyentes del régimen franquista defendiendo su inocencia.