Barberá recurrirá la paralización del plan de El Cabanyal

El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana han respondido hoy con dureza a la orden del Ministerio de Cultura de paralizar el plan de partir en dos el barrio marinero de El Cabanyal al estimar que la actuación urbanística implica un "expolio" al patrimonio histórico. La alcaldesa, Rita Barberá, ha acusado al Gobierno de "arbitrariedad" y al PSOE de "corromper" el Estado de Derecho "cada vez que gobierna". Según la alcaldesa, la decisión ministerial de suspender el proyecto, que prevé derribar más de 400 edificios para prolongar hasta el mar una gran avenida que destruiría una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), es "política". Además, en su opinión, es un "exceso" y va más allá de lo exigido por una sentencia del Tribunal Supremo (de mayo de 2009) que reclamó al ministerio que se pronunciara sobre un posible expolio patrimonial en El Cabanyal.

La alcaldesa ha anunciado que pretende seguir "adelante" con el plan y que recurrirá la orden de Cultura ante la Audiencia Nacional, donde pedirá que se anule la paralización. Barberá, que ha acusado también al Gobierno de no "dar la cara" al divulgar con un nota una resolución que esta mañana aún no estaba en poder del consistorio, ha comparecido acompañada por la portavoz del gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que con su presencia ha querido "escenificar y expresar" el apoyo de la Generalitat al proyecto estrella de la alcaldesa.

Para Sánchez de León, la decisión de Cultura supone "un nuevo ataque" a los intereses valencianos y ha asegurado que la Administración valenciana luchará "con todos los medios políticos y legales posibles" para salvar la ejecución del plan urbanístico, y se planteará incluso una modificación de la ley de patrimonio valenciano. "Si con las vías legales no es suficiente y el ministerio no ceja en su acción, estamos dispuestos a modificar la normativa de la declaración que hemos hecho de Bien de Interés Cultural en El Cabanyal para hacer posible la ejecución de un plan que ha supuesto tanto esfuerzo", ha afirmado Sánchez de León. El PP ya tramitó en 2004 una modificación de la norma valenciana de patrimonio que abrió la posibilidad de rebajar la protección de los BIC.

Desde Bruselas, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha destacado que la paralización del plan "es una decisión sin marcha atrás", si bien luego ha matizado que cabe un recurso contencioso-administrativo. "España tiene que seguir preservando sus bienes, pero, sobre todo, había un mandato judicial del Tribunal Supremo que había que cumplir, y el plazo era el que era: se había cumplido y había que hacer caso a los informes que se habían pedido y se habían remitido", ha añadido González-Sinde en referencia al fallo que exigía un dictamen sobre el expolio.

Frente a ello, Barberá y Sánchez de León han insistido en que el plan de El Cabanyal, aprobado en 2001, tiene una docena de sentencias favorables, incluidas varias del Supremo. Sin embargo, el alto tribunal, aunque dio vía libre al proyecto en marzo de 2008, reabrió luego el caso al confirmar una sentencia pendiente y reclamó un dictamen del ministerio sobre un posible expolio, una competencia del Estado en materia de defensa del patrimonio histórico. En ese contexto, la Generalitat se plantea otro recurso ante el Tribunal Constitucional por un posible conflicto de competencias.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha pedido al gobierno local del PP que "hable del futuro" de El Cabanyal tras más de una década de polémicas, que deseche la apertura de una gran avenida a costa de la singular trama urbana del barrio marinero y apueste por un plan consensuado por ciudadanos e instituciones que impulse "la rehabilitación y revitalización" de la zona. "El Ayuntamiento tiene la obligación, que no ha cumplido, de preservar el patrimonio", ha destacado Alborch.

Integrantes de la plataforma vecinal Salvem El Cabanyal, que se han enfrentado durante más de una década al Ayuntamiento en los tribunales por el conflictivo proyecto, han entregado una carta a la alcaldesa en la que piden que les reciba.