El Supremo reabre el caso del plan de El Cabanyal

El Tribunal Supremo reabrió ayer el caso del plan de El Cabanyal, que prevé la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia a costa de 450 edificios del barrio, y dejó el conflictivo proyecto en manos del Gobierno. Y lo hizo la misma sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que en marzo del año pasado dio vía libre al plan del gobierno local de Rita Barberá tras años de litigios con Salvem El Cabanyal.

En aquel fallo, los magistrados rechazaron que el plan suponga un expolio del patrimonio histórico. Ahora, en cambio, confirman una resolución judicial de 2004 que dio la razón a los vecinos frente al Ministerio de Cultura porque éste rechazó la denuncia sobre un posible expolio sin motivarla.

El Ayuntamiento defiende quie no se discute "La legalidad del plan"

Según alega el Supremo para intentar resolver la contradicción, el año pasado partió "de la premisa de que no había habido un procedimiento específicamente referido a la expoliación, ni un pronunciamiento al respecto de la Administración competente". Pero sí lo hubo, ya que Salvem El Cabanyal recurrió el dictamen del ministerio que negó sin mayores explicaciones que el plan exigiera una "tutela superior" del Estado en relación con el posible expolio. Aquel procedimiento siguió su curso en paralelo al resto del caso y esperaba el pronunciamiento del Supremo.

Ahora, el plan de Barberá vuelve al ministerio, que deberá argumentar debidamente si supone un expolio patrimonial o no.La patata caliente del plan se lanza así al Ministerio de Cultura, que ayer declinó entrar en el fondo del asunto y se limitó a comentar que analizará la sentencia. Ésta ratifica que el ministerio no se molestó en absoluto en 2001, con el PP en el Gobierno, en analizar la cuestión e incluso se apoyó en informes de la Generalitat que sirvieron precisamente para aprobar el plan denunciado por los vecinos por posible expolio.

Para cumplir ahora con el fallo, Cultura deberá "motivar" la decisión que tome tras oír a la Generalitat y tener en cuenta "los amplios y exhaustivos informes" sobre el proyecto de arquitectos de la Consejería de Cultura, la Sindicatura de Greuges y la Universitat de València.

Salvem El Cabanyal, nada más conocer la sentencia, anunció que pedirá al ministerio que "a la vista de todos los informes técnicos contrarios al plan" declare que "supone un expolio para el patrimonio histórico de los valencianos" y obligue al Ayuntamiento "a detener las expropiaciones y la ejecución del plan" en lo que afecta a la prolongación de Blasco Ibáñez. Según fuentes jurídicas, "lo lógico es que el ministerio pidiera la paralización del plan al reabrir el expediente para pronunciarse sobre el expolio". Una declaración de expolio equivaldría a "anular el plan".

La plataforma ha defendido públicamente y en documentos jurídicos que el Estado es competente para intervenir en la actuación de una comunidad autónoma cuando se trata de un caso de supuesto expolio patrimonial permitido por otra Administración. Esa competencia estatal la reconocieron ya el año pasado los magistrados del Supremo, pero entonces rechazaron la alegación de Salvem El Cabanyal porque no les constaba, según dicen ahora, que hubiera iniciado alguna actuación anterior para denunciar el expolio. La plataforma destacó ayer que el alto tribunal reconoce que partió de un supuesto equivocado, ya que el recurso contra el ministerio ya estaba pendiente de casación en el Supremo.

El Ayuntamiento se apresuró a destacar que el fallo "no discute la legalidad" del plan ni la capacidad del gobierno local de desarrollarlo. "La ejecutividad [sic] del PEPRI sigue siendo absoluta" porque está arropado por varias sentencias, incluida la que emitió el propio Supremo el año pasado, de la que reproduce un párrafo que rechaza que tenga encaje en el asunto "el concepto de expolio". El consistorio, no obstante, reconoció que el nuevo fallo del alto tribunal obliga a que el ministerio "se pronuncie de forma motivada sobre la existencia o no de expolio".

A la petición de "paralización inmediata de las demoliciones en marcha" en el barrio "en tanto no se resuelva" el asunto se sumó la Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar. La portavoz socialista, Carmen Alborch, instó asimismo a Barberá a suspender cautelarmente actuaciones que pudieran "incrementar el posible expolio por si fuera irreversible".