Los exhibidores auguran el cierre de 45 empresas si se pone en marcha la ley de cine catalana

El Gremio de Cines de Cataluña calcula que la puesta en marcha de la futura Ley del Cine en catalán "pondría en riesgo de cierre a 45 empresas catalanas que dan trabajo a 1.786 trabajadores" y supondría unas pérdidas de unos cinco millones de euros a los tres meses de aplicación de la norma. Según Camilo Tarrazón, presidente del gremio, "es una mala ley, innecesaria e inviable" que dará "el tiro de gracia" a un sector que ya ha perdido un 20% de espectadores en los últimos cuatro años. Las causas de este descenso, ha indicado, "son la piratería, los cambios de hábito de los espectadores y el rechazo del público a la oferta de cine español o catalán que se ofrece ya que éste vive de las subvenciones y se hace en contra del público". Tarrazón ha señalado en rueda de prensa que no hay un rechazo al catalán, pero que esta ley, tal como está planteada con la obligación de cuotas, provocará la disminución de la oferta de títulos y perjudicará especialmente a las salas pequeñas y a las películas independientes.

Como alternativa a la ley, los exhibidores piden un acuerdo con la Generalitat para crear una red de cines en catalán que estaría integrada por 53 pantallas repartidas por toda Cataluña que, señalan, supondría un incremento de un 148% de las proyecciones en catalán respecto a la oferta actual. Según la Generalitat, esta oferta supone sólo pasar de un 3% a un 7,5%, lo que consideran insuficiente. Los exhibidores consideran que el coste del doblaje de estas películas y de las posibles pérdidas que puedan tener los cines que ofrezcan cine en catalán sea asumido por la Generalitat. La red no se pondrá en marcha hasta que no haya un acuerdo al respecto, pero de momento el próximo sábado, día 12, se hará un ensayo de esta red con una tarde de cine en catalán en estas 53 pantallas (las sesiones de la noche serán de pago) que servirá, dicen, para demostrar la viabilidad de la propuesta.

Para la creación de esta red cuentan con el apoyo de los distribuidores, que también se oponen frontalmente a la ley. Luis Hernández de Carlos, presidente de Fedicine (que agrupa a las grandes distribuidoras estadounidenses) hizo una llamada a la Generalitat para que convoque una reunión para acercar posiciones. Con todo, y pese a que no quiso hablar de guerra ni enfrentamiento sino de búsqueda de acuerdos, Hernández de Carlos indicó que las majors cumplirán la ley, pero no aceptarán las cuotas porque supondría "abrir la caja de Pandora" para que se pida lo mismo en otras comunidades españolas con lengua propia o en otras zonas de Europa. Para evitar las cuotas, añadió, cabe la posibilidad de que las grandes distribuidoras sólo estrenen 15 copias de las películas más taquilleras para eludir la obligación de doblaje que impondrá la ley. En este punto, Tarrazón indicó que si se cumple esta amenaza podría suponer el cierre de muchas salas ya que no habrá copias para todos.

"No es animadversión al idioma, pero cualquier acción de promoción del catalán tiene que ser sufragada con fondos públicos", insistió Hernández de Carlos, que considera viable esta propuesta de la red de los exhibidores como experimento de cara al futuro. "Nosotros decimos que no hay demanda y ellos que no hay oferta. Hagamos la prueba, déjemos que sea el mercado el que decida", remachó.