Transportes actúa contra Logroño por eliminar carriles bici e investiga a 14 ciudades más

“El carril de avenida de Portugal se va a quitar [...] para que la calle vuelva a tener la lógica de circulación”. En julio de 2023, la teniente de alcalde de Logroño (PP), Celia Sanz, ofrecía así un ejemplo de las actuaciones de varios consistorios de derechas, que se estrenaron ese año eliminando carriles bici y bus para dar más espacio al coche. Un mes después, la infraestructura —puesta en marcha solo medio año antes— fue destruida. Ahora, el Ministerio de Transportes ha enviado una resolución al Ayuntamiento de Logroño —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— para rechazar estos cambios y advertirle de que si no construye los carriles previstos tendrá que retornar la subvención europea de 6,5 millones recibida de forma previa para actuaciones a favor de la movilidad sostenible. El departamento de Óscar Puente está investigando otras 14 urbes por estas causas. “Los ayuntamientos incumplidores tendrán que devolver el dinero y además pueden enfrentarse a una sanción de hasta tres veces la cuantía de la subvención”, explica a EL PAÍS el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia.

El Ejecutivo español movilizó 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation en dos convocatorias (2022 y 2023) para impulsar el desarrollo de la movilidad urbana sostenible con carriles bici, peatonalizaciones, zonas de bajas emisiones o carriles bus. Cualquier modificación de estos proyectos requiere de la aprobación previa del Ministerio de Transportes, algo que, en muchos casos, no ha ocurrido.

De hecho, Logroño eliminó en agosto la infraestructura de la avenida de Portugal, construida con urbanismo táctico y que pretendía consolidar con los fondos europeos. Después, en varias peticiones —de septiembre de 2023 a febrero de 2024— solicitó modificar el Eje Ciclista Este-Oeste. Pese a no tener respuesta del ministerio, el Consistorio destruyó el carril bici protegido para dar más sitio al coche y lo sustituyó por un espacio compartido entre coches y bicicletas. Además, ha pedido no construir la ampliación del puente de la A-13 para albergar una conexión ciclista y peatonal con la excusa de que otro proyecto del Gobierno de La Rioja proporciona acceso desde el otro extremo de la ciudad. Además, quiere dejar de ejecutar la actuación de plataforma única —poner la calzada y la acera al mismo nivel— en la calle Sagasta.

Los técnicos del ministerio entienden que Logroño pide realizar tres modificaciones de mucho alcance, “que responden a ningún criterio técnico objetivo, ni tampoco a actuaciones sobrevenidas, sino a un cambio de criterio municipal, que no es admisible”. Como ejemplo destacan la destrucción de la parte central del Eje Ciclista Este-Oeste: “Hablan de la carga y descarga de un teatro, que existía desde antes, y de la instalación de unos contenedores subterráneos que el propio Ayuntamiento puso después. Ninguna de ellas es una circunstancia sobrevenida una vez que está aprobado el proyecto”.

Julio Romero, portavoz de Logroño en bici, considera que estas actuaciones se hacen por “revanchismo político” del equipo municipal: “Teníamos un modelo técnico como el de Oslo o Copenhague, hecho con poco dinero, y se está cambiando por otro que supone 40 años de retroceso en la movilidad ciclista. Se están eliminando actuaciones pagadas con fondos europeos, como la prioridad ciclista en la rotonda holandesa [un tipo de infraestructura en el que las bicis tienen prioridad], y también se están quitando otras. El resultado es que mucha gente ha dejado de usar la bici, sobre todo los chavales para ir al instituto”.

Políticas reaccionarias contra la movilidad sostenible

David Lois, profesor de Psicología Social y experto en movilidad, tercia: “Tras las elecciones municipales de 2023, la agenda de algunos ayuntamientos parece tener un único punto: desmantelar políticas destinadas a hacer más fácil la movilidad activa, los viajes en transporte público o la mejora del espacio urbano. Las actuaciones se hacen sin ningún tipo de evidencia, más allá de tópicos como un supuesto maltrato a los conductores”. En su opinión, “son políticas reaccionarias que socavan mejoras en la autonomía infantil, en la caminabilidad de los mayores o en la creación de entornos donde pedalear no resulte estresante”. En este sentido, “Logroño ha sido una de las ciudades más activas en llevar a cabo medidas regresivas”.

El Consistorio logroñés dispone ahora de cinco días para responder al requerimiento con sus alegaciones. Cuando lo haga, Transportes emitirá la resolución definitiva. Si a final del año no están terminadas las actuaciones que lograron fondos europeos tal y como se comprometieron, conminará al Gobierno local a devolver las cantidades percibidas.

No es el único caso. A finales de abril, el departamento de Óscar Puente envió un documento similar a Murcia para exigirle que realice las actuaciones comprometidas en cuanto a peatonalizaciones y carriles bici; el Consistorio señaló que varias están en marcha, aunque otras siguen sin realizarse. Mientras, Transportes confirma que está investigando a 14 ciudades más por actuaciones similares que suponen regresiones en la movilidad sostenible. De hecho, Puente fue alcalde de Valladolid en la anterior legislatura, cuando construyó varios carriles bici que su sucesor, Jesús Julio Carnero, ha eliminado después.

“Desde el ministerio queremos estar vigilantes para que no se desnaturalicen los objetivos de estos fondos, que pretenden impulsar la movilidad sostenible, y que los ayuntamientos ejecuten las actuaciones a las que se comprometieron. Podemos ser flexibles cuando hay circunstancias sobrevenidas, pero no cuando hay cambios de criterio políticos injustificados”, apunta Fernández Heredia, responsable de Movilidad Sostenible en el Ministerio de Transportes. “Cuando se constate que no las han realizado, deberán devolver el importe íntegro subvencionado. Pero además, pueden enfrentarse a sanciones contempladas en la ley, que pueden conllevar dos y hasta tres veces la cantidad a reintegrar”, añade.

Para más adelante queda la revisión de las ayudas otorgadas para construir zonas de bajas emisiones (ZBE), que llevan un enorme retraso en España pese a ser ya obligatorias. “Cuando llegue el momento de justificar estas ayudas estaremos vigilantes a que estas actuaciones han ido para poner una ZBE efectiva. Los alcaldes beneficiarios firmaron una declaración responsable comprometiéndose a que al final del periodo [en muchos casos, a final de 2024] estarían funcionando, y funcionarían durante los cinco años siguientes. Si no lo cumplen, tendrán que devolver el dinero”, apunta Fernández Heredia. Mientras, el Defensor del Pueblo, que lanzó una actuación de oficio por el retraso en la implantación de las zonas de bajas emisiones, confirma que todavía no hay novedades en su investigación.

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