La Junta de Andalucía da vía libre para la apertura de la nueva mina de Aznalcóllar

La Consejería andaluza de Medio Ambiente ha firmado este jueves la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la puesta en marcha del nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar. Este trámite es crucial e indispensable para dar vía libre a la reapertura del complejo que, irremisiblemente, remite al desastre ecológico que supuso hace 26 años la rotura de la balsa que derramó siete millones de residuos tóxicos al Guadiamar.

Con todo, su puesta en marcha definitiva aún no es inminente. Ahora queda la resolución de la autorización final, un trámite que depende de la Consejería de Industria, Energía y Minas, que incluye un período de audiencia pública, y que, si todo va conforme a lo previsto, concluirá a finales del último trimestre de este año. A partir de entonces comenzaría la fase de preapertura de la mina de tres años de duración, que contempla la construcción de una depuradora y de un túnel para transportar el agua, además de las galerías subterráneas de la mina —que durará 18 meses—, para seguir con el vaciado del agua almacenada en la corta Los Frailes, donde se ubicará la mina, y la extracción de parte de la de la vecina corta de Aznalcóllar, que es la que cuenta con mayores residuos contaminantes. A partir de aquí, a finales de 2027 o principios de 2028, comenzará la actividad minera como tal durante los siguientes 17 años para la extracción de cobre, zinc y plomo, especialmente.

Tanto la Junta de Andalucía como la empresa que tiene la concesión de explotación, Minera Los Frailes, insisten en desvincular este proyecto del de 1998 y los riesgos ambientales que provocaron aquel desastre. “La mina de 1998 no tiene nada que ver”, ha asegurado esta tarde el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco. Esta explotación es subterránea y por tanto no tiene balsas donde se depositen los residuos, al contrario que la que provocó la catástrofe tóxica, que era al aire libre. “La minería del siglo XXI, no tiene nada que ver con la del XX. Aquí hay mucha tecnología y seguridad”, ha abundado el titular de Minas, Jorge Paradela.

Conscientes de la oposición frontal de los grupos ecologistas, que en sus alegaciones advirtieron de que los vertidos de esa agua, por muy depurados y tratados que estuvieran, iban a contribuir a incrementar la acumulación de residuos tóxicos que ya están sedimentados en el Guadalquivir con grave riesgo para la pesca y la agricultura de la zona, la seguridad del proyecto ha sido el aspecto en el que más hincapié han hecho los dos consejeros.

“El proyecto cumple al 100% las garantías ambientales”, ha insistido Fernández-Pacheco. La AAU contempla la autorización de hasta 17,52 hectómetros cúbicos en los 18 meses que dure el vaciado de las cortas, 15 provenientes de la de Los Frailes y 2,52 de Aznalcóllar. Toda esa cantidad irá a parar al Guadalquivir tras pasar un proceso de depuración “con técnicas novedosas” y que deben cumplir con unos parámetros de calidad, cuyo control se realizará diariamente en tres puntos distintos de la circulación del vertido. Se realizarán 4.465 controles diarios de lunes a viernes y en el momento en que se constate que alguno de los parámetros de calidad estipulado para cada uno de los metales que componen el agua se supera en un 0,75% se parará la explotación, han asegurado fuentes de ambas consejerías. “Jamás va a haber un vertido por encima de lo estipulado, porque si supera el 0,75% se para, es decir, jamás se llegará a un incumplimiento del 100%”, ha señalado el titular de Medio Ambiente.

En la AAU también se han incluido exigencias solicitadas por los ecologistas, según han recalcado los consejeros, como un plan de contingencia de garantía financiera de 60 millones de euros, del que tendrá que hacerse cargo la empresa a lo largo del proyecto —que la anterior empresa que gestionaba la mina nunca suscribió―; la figura de un hidrólogo y la de un técnico ambiental residente dentro del proyecto. Se trata de un profesional perteneciente a una Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental de las que trabajan con la Junta, cuyo sueldo correrá a cargo de Minera Los Frailes y que deberá comprobar todos los informes internos que realice la compañía, a los que se sumarán las inspecciones de la propia administración regional.

“El impacto en el río tiene que ser el mínimo posible”, ha remarcado Fernández-Pacheco. En este sentido fuentes de su consejería explican que los parámetros de calidad de los residuos contaminantes se han calculado a partir de 23 escenarios diferentes, entre ellos que el Guadalquivir fluya con el caudal mínimo ecológico en situación de sequía. “El más desfavorable de todos también se ha tenido en cuenta”, subrayan.

Fuentes de la empresa también comparan el volumen total que ellos descargarían al río, un máximo de 16 hectómetros cúbicos al año (tomando el máximo de cuatro hectómetros que podrían descargarse de la corta de Aznalcóllar en caso de que la pluviometría fuera muy elevada), con el volumen fluvial total, de 12.772,2 hectómetros cúbicos anuales, para atemperar el impacto. El vaciado, recuerdan desde la compañía, es además necesario para evitar que suba el volumen del agua embalsada en Aznacóllar hasta el límite en que rebosaría y el agua contaminada se esparciría por el entorno. Para evitarlo hay que continuar con el bombeo de agua del que se encargaba la Junta hasta que en 2015 otorgó la concesión de la explotación de la mina, año desde el que no se hace. La escasez de lluvias en este período ha propiciado, no obstante, que el nivel no haya crecido demasiado.

Residuos metálicos

Para Greenpeace, sin embargo, estas prevenciones no son suficientes. “No se ha tenido en cuenta el informe del catedrático Luis Castillo [que se aportó en sus alegaciones] en el que traslada la evidencia de que ya existen residuos metálicos acumulados en el Guadalquivir. ¿Qué más da que nunca se supere el 100%, si lo que se vierta se acumula a lo que ya está? No se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos”, advierte Luis Berraquero, portavoz de la ONG en temas de agua, que puntualiza que no han recibido respuesta a sus alegaciones. “Probablemente no haya un nuevo desastre, como el del 98, pero sí una contaminación más inocua y que tendrá un impacto menor, pero que lo tendrá”, añade.

La reapertura de la mina es vista por algunos como una oportunidad para revitalizar la economía de la zona, en coma inducido desde el desastre y el cierre de la explotación en 2002, que ha ido perdiendo población paulatinamente. Su alcalde, Juan José Fernández Garrido, de IU, es uno de los firmes defensores de un proyecto que supone una inversión privada de 450 millones de euros —de los que 100 millones están previstos para activos medioambientales, como la depuradora― y que creará 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante los 20 años de duración de la concesión. “Esta es la mayor oportunidad de impulsar la economía de la zona en años”, ha corroborado Paradela, que también ha hecho hincapié por la apuesta de la minería del Gobierno de Juan Manuel Moreno, como una oportunidad para crecer económicamente y captar inversión. “Estamos dispuestos porque vemos todas las garantías ambientales para abrir una mina nueva con un impacto medioambiental muy limitado. Ninguna región de Europa tiene tanto cobre como Andalucía, y esta mina va de eso”, ha recalcado el consejero.

La mina tiene 45 millones de toneladas de reservas de cobre, zinc y plomo y la empresa prevé extraer 2,7 millones de toneladas anuales. Además de la actividad extractiva, el proyecto incluye la rehabilitación del entorno, un espacio de 500 hectáreas en el que se encuentran las dos cortas, la escombrera y los suelos contaminados.

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