El consejero andaluz de Sostenibilidad: “Ningún dirigente de la Junta ha abogado por amnistiar a los agricultores infractores”

La semana pasada la Junta andaluza (PP) y el Gobierno firmaron la paz tras dos años de enfrentamiento por la ley autonómica que ampliaba regadíos junto a Doñana, ahora retirada. Ramón Fernández-Pacheco (Barcelona, 40 años), consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, además de portavoz de la Junta, saca pecho por el pacto y rechaza que con la norma su Gobierno haya buscado perdonar a los agricultores ilegales que esquilman con pozos ilegales el acuífero de la reserva, con un deterioro ambiental cuesta abajo.

Pregunta: En el acuerdo por Doñana, la Junta anunció 728 millones en medidas que ya estaban previstas. ¿Cómo beneficia al parque, por ejemplo, la depuradora de Lepe, situada a 62 kilómetros?

Respuesta: Bueno, creo que todo lo que tenga que ver con la reutilización de agua es positivo. Andalucía todavía está pagando multas de la Unión Europea por los incumplimientos del Gobierno socialista en materia de depuración de agua.

P. Pero su Gobierno ha incluido en el paquete de Doñana esa depuradora que vierte al Océano Atlántico sin vínculo alguno con la reserva.

R. Nosotros hemos planteado una serie de inversiones que tienen que ver con el entorno de Doñana. Si nos circunscribimos solo al Parque Nacional y al Parque Natural, habría que sacar [del plan firmado esta semana] no solo nuestras propuestas, sino muchas del Ministerio.

P. Ante el robo masivo de agua en Doñana y el riego ilegal, las Administraciones han acabado poniendo en marcha un plan de 350 millones, en vez de aplicar la ley. ¿No sufre la sociedad un descrédito de sus instituciones y el fallido cumplimiento de las leyes?

R. No creo que no haya triunfado la ley, que es clara. El acuerdo no dice nada de que haya que tocar leyes.

P. Pero es evidente que este plan social ha salido porque los agricultores tenían un problema con los pozos ilegales.

R. La Junta de Andalucía ha hecho cumplir la ley en el ámbito de sus competencias, las de agua son del ministerio. Hemos llegado a un buen acuerdo que compagina perfectamente que la ley no solo se cumpla, sino que se siga cumpliendo en el futuro sin ningún tipo de retroactividad ni de amnistía.

P. Afirma que el Plan de la Fresa de 2014 fue injusto con algunas familias. ¿De qué manera?

R. Fue injusto porque la cartografía estaba mal hecha. Cuando me preguntan si aplicaremos el plan de la fresa, contesto a la gallega: ¿Por qué el PSOE no lo aplicó de 2014 a 2018?

P. ¿Eso es una excusa del retraso del PP de cinco años en aplicarlo?

R. No, no, no, pero el plan estaba mal hecho y todos los técnicos coinciden en que necesita una revisión, que ahora es una gran noticia.

P. Si estas familias tenían regadíos con derechos históricos, ¿por qué los tribunales no se los han reconocido?

R. Probablemente porque el plan estaba aprobado. Hay políticos que revisan la función de los jueces, yo no entraré en eso. Había un problema social y lo hemos solucionado.

P. ¿Por qué nunca han hecho público el número exacto de freseros y la localización de sus fincas?

R. Porque la casuística es tan diferente que requiere un estudio caso a caso y que esos agricultores presenten documentación. El rigor pasaba por no por dar publicidad a una cifra a vuela pluma, sino estudiar caso a caso.

P. ¿Y no es inaudito hacer una ley ex profeso sin saber el número de beneficiados?

R. La proposición de ley planteaba en su articulado el estudio caso a caso de cara a conseguir una calificación de terreno.

P. La Junta revisará ese Plan de la Fresa de 2014, apoyado, entre otros, por las grandes cadenas de supermercados europeos. ¿Ha valorado qué reacción pueden tener tras pedir por carta al Gobierno andaluz el desarrollo de dicho plan?

R. Creo que no pasa nada, la Junta está revisando el Plan de Ordenación del Territorio de toda Andalucía (POTA). Revisaremos para corregir errores, no hay que tener miedo a revisar una normativa que tiene prácticamente 10 años.

P. Algunos agricultores junto a Doñana han ignorado las normas de manera sistemática y ahora las Administraciones les pagan para que abandonen esas tierras. En la cuenca de Barbate [con los embalses al 14%] por ejemplo, de su competencia, ¿la Junta aboga por hacer cumplir la ley con un ejército de inspectores y evitar infracciones?

R. Evidentemente. Jamás ningún dirigente de la Junta ha abogado por amnistiar a los agricultores infractores ni por alentar el incumplimiento de la norma.

P. Los agricultores de Huelva pidieron que Portugal ceda las aguas de sus pantanos del Guadiana, y ahora la Junta negocia con el país vecino. ¿Supondrá un conflicto con Extremadura y Castilla-La Mancha que dejan pasar las aguas, para que luego las rescate Andalucía?

R. Es un tema que tenemos que hablar con el Ministerio porque es su competencia, pero no hay que tener miedo a abrir ese melón. Andalucía no plantea ningún conflicto territorial con nadie: ni con Portugal, ni con Extremadura, ni con Castilla-La Mancha. Parece razonable estudiar la posibilidad de que si hay excedentes de agua, se puedan poner en servicio para la gente que lo necesita.

P. Andalucía será una región con mucha menos agua en las próximas décadas. ¿Se plantea su Gobierno comenzar un debate sobre agricultura sostenible y el crecimiento de cultivos superintensivos como almendro, olivar o aguacate, que necesitan tanta agua?

R. El debate es más complejo que todo eso. Al final, ante una evidente falta de precipitaciones, el debate tiene que versar acerca del consumo y también de la disponibilidad de agua, y esta se puede optimizar vía infraestructuras. El debate completo debe aunar los dos criterios para no dejarlo huérfano.

P. Ahora que estamos en plena cumbre del clima, ¿contempla la Junta elevar su ambición de reducción de emisiones para homologarla a la de la Unión Europea, del 55% en relación a 1990?

P. Nosotros, de hecho, tenemos una ambición mayor que la que tiene el Gobierno de España. A través de nuestra propia normativa, hemos decidido aumentar el nivel de ambición en cuanto a la reducción de misiones.

P. El Sistema Andaluz de Compensación de Misiones (SACE) recibe críticas por ser “humo verde” y por la falta de transparencia y credibilidad de los proyectos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a esas prácticas “blanqueo medioambiental”. ¿Qué les parecen esas críticas?

R. Creo que vamos por el buen camino. De hecho, son muchas las empresas que se han inscrito en el SACE, ¿Todas quieren blanquear y hacer greenwashing? Yo creo que no, la verdad.

P. En este ambiente político tan polarizado, ¿es exportable el acuerdo de Doñana a otros ámbitos?

R. Desde luego, siempre que la actitud del Gobierno sea plantear asuntos beneficiosos para el conjunto de Andalucía, la Junta tendrá la mano tendida.

P. ¿A qué ámbitos lo exportaría usted?

R. A todos, a todo lo que sea bueno para Andalucía, nosotros nos sentaremos a hablar.

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