La Policía detiene a dos activistas climáticos de Futuro Vegetal y los acusa de organización criminal

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos activistas climáticos de Futuro Vegetal —un hombre y una mujer— y, tras tomarles declaración, los ha dejado en libertad, acusados de pertenecer a una “organización criminal”, según ha confirmado la Jefatura Provincial de Madrid de este cuerpo policial. “Es una escalada de la represión al activismo climático. Somos una organización no violenta y tenemos derecho a la protesta, más aún cuando estamos en una emergencia climática y tenemos que actuar ya”, ha comentado Victoria Domingo, portavoz de este colectivo. La detención se produce dos semanas después de que la Fiscalía pidiera 21 meses de cárcel para cada uno de los 15 activistas climáticos de Rebelión Científica que tiraron pintura biodegradable contra el Congreso en 2022.

Según la versión de Futuro Vegetal, el activista fue detenido a la salida de un bar y llevado a declarar a la Brigada de Información, situada en la comisaría de Moratalaz. Mientras, a la joven la llamaron por teléfono para pedirle que se presentara en ese mismo lugar porque en caso contrario sería detenida. Ambos se negaron a declarar. Después, fueron puestos en libertad con cargos.

“La Policía motivó las detenciones en que habían cometido varios delitos, pero no tenemos más información. No hay un delito que se les esté imputando claramente, sino que se hace una atribución a una organización criminal, y según eso luego pueden variar las penas”, señala Enrique Flores, abogado de la acusada. En septiembre, la Fiscalía incluyó en su memoria a Futuro Vegetal y Extinction Rebellion en el apartado de “terrorismo”, lo que conllevó una gran polémica e hizo que dos semanas después se desdijera. Los activistas temen que esta acusación pueda ser un intento de llevar la desobediencia civil a la Audiencia Nacional y de realizar peticiones de penas desorbitadas. No descartan que puedan llamar a declarar a más personas.

“Tenemos mucho miedo, esta es una acusación muy grave que nos puede llevar a la Audiencia Nacional, que no suele ser muy simpática con los activistas”, explica Victoria Domingo, una de las portavoces de la organización. “No somos una organización criminal, sino que hacemos protesta no violenta, y no nos lucramos de esto, al contrario, tenemos la posibilidad de ir a la cárcel por exigir un futuro digno para la humanidad”, prosigue.

En su opinión, “en España va a haber una desertificación muy importante, una pérdida de cultivos como las que ya estamos viendo, y no nos podemos quedar de brazos cruzados”. Critica además que en la COP28, la cumbre del clima de la ONU que se está celebrando en Dubái, no se tomen medidas valientes contra la emergencia climática, que pasan por reducir las emisiones de gases contaminantes.

Futuro Vegetal es un colectivo de desobediencia civil creado hace dos años cuyos miembros han logrado gran repercusión al pegarse a las majas de Goya en el Museo del Prado —una acción similar a la que ya habían realizado activistas internacionales de Just Stop Oil por toda Europa—, cortar parte de la M-30 de Madrid o una etapa de la Vuelta a España. Además, intentaron amarrarse a la tribuna del Congreso y han hecho varias protestas en aeropuertos españoles, entre ellas una en Barajas el pasado verano. Son acciones disruptivas que llaman la atención porque subvierten el orden de las cosas y generan incomodidad, aunque, por ahora, no dañan el patrimonio.

Acusaciones en toda Europa

El activismo climático está en el punto de mira de las autoridades en varios países de Europa. De hecho, ya hay militantes de Just Stop Oil en la cárcel en Reino Unido por protestas pacíficas, mientras que el Gobierno francés ha intentado ilegalizar y disolver al movimiento Les soulèvements de la terre, aunque la justicia acaba de revocar esa decisión. En Alemania, hay pendiente un juicio al movimiento denominado Rebelión Científica por una protesta, en la que hubo científicos españoles.

En España, activistas climáticos precisamente de Rebelión Científica protestaron en abril de 2022 frente al Congreso de los Diputados y arrojaron pintura roja biodegradable contra la fachada de la puerta de los leones, siendo después detenidos e identificados por la Policía. Ahora, la Fiscalía de Madrid solicita 21 meses de prisión para 15 de ellos, al imputarles un delito contra el patrimonio histórico. Entre los acusados para los que se pide cárcel está el filósofo Jorge Riechmann, la ambientóloga Marta García Pallarés o el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto. Este último critica que la Fiscalía actúe contra los científicos “en lugar de contra el Estado o las empresas contaminantes” y vaticina que las protestas climáticas continuarán pese a la represión. Riechmann, por su parte, defiende este tipo de acciones: “La pregunta sería por qué no hay más científicos y profesores universitarios protestando” por la crisis climática.

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal