La Fiscalía pide 21 meses de cárcel para cada uno de los activistas climáticos que tiraron pintura biodegradable contra el Congreso

Activistas climáticos protestaron en abril de 2022 frente al Congreso de los Diputados y arrojaron pintura roja biodegradable contra la fachada de la puerta de los leones, siendo después detenidos e identificados por la Policía. Ahora, la Fiscalía de Madrid solicita 21 meses de prisión para 15 de ellos, vinculados al movimiento denominado Rebelión Científica, al imputarles un delito contra el patrimonio histórico. Entre los acusados para los que se pide cárcel está el filósofo Jorge Riechmann, la ambientóloga Marta García Pallarés o el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto. Este último critica que la Fiscalía actúe contra los científicos “en lugar de contra el Estado o las empresas contaminantes” y vaticina que las protestas climáticas continuarán pese a la represión. “Es una petición totalmente desproporcionada, era pintura biodegradable y esa misma tarde quedó limpio”, explica el exdiputado Juan López de Uralde, que presenció los hechos e hizo un escrito para retirar acusaciones más graves contra los activistas.

La protesta se produjo dos días después de publicarse el último gran informe del IPCC, el grupo de expertos de Naciones Unidas que sientan las bases sobre el calentamiento climático, que concluyó que las emisiones de efecto invernadero del mundo deben tocar techo antes de 2025 y luego caer drásticamente para evitar las peores consecuencias de la emergencia climática. Pero los planes climáticos de los gobiernos del mundo no van en esa dirección, por lo que las protestas climáticas no han dejado de sucederse, tanto ante el Congreso como en el Museo del Prado o con cortes de vías como la M-30 de Madrid.

El escrito de la Fiscalía recuerda que el Congreso está catalogado como edificio singular en el Catálogo de edificios protegidos de la ciudad de Madrid y tiene reconocido un nivel de protección Tipo I integral. Por ello, el representante del Ministerio Público les imputa un delito contra el patrimonio histórico y les reclama una indemnización en concepto de responsabilidad de 2.593 euros al Estado y de otros 714 euros al Ayuntamiento de Madrid. En total, unos 3.300 euros a dividir entre todos.

El documento de acusación recuerda que poco antes de las 10.00 del 6 de abril de 2022 un grupo de 15 personas, “previamente concertados entre sí”, acudió a la plaza de las Cortes de Madrid con motivo de una protesta en la que participaron junto con otras personas ante el Congreso de los Diputados por razón de las emergencias del cambio climático. Una vez allí, provistos de sustancia líquida de composición orgánica, “posiblemente resultante del previo licuado de remolacha y su mezcla con cacao y/o alguna otra sustancia”, arrojaron dicha sustancia líquida en múltiples zonas de la fachada principal del edificio del Congreso de los Diputados, “incluyendo la escalinata, las columnas, el pórtico, los podios de los leones, y parte de la fachada anexa a la puerta principal de bronce”.

La sustancia líquida de pigmentación rojiza causó menoscabos en el inmueble “cuya plena restauración exigió, además de una primera limpieza mediante la aplicación de agua a presión por el Servicio Especial de Limpieza Urgente municipal de Madrid, con un coste de 713,57 euros, la posterior intervención del inmueble mediante aplicación de sistemas de limpieza controlados e inocuos para la piedra y los morteros, teniendo que emplearse tensoactivos, cepillos y sistemas absorbentes encaminados a eliminar los residuos orgánicos que quedaron, principalmente en los materiales porosos”, según la Fiscalía. En total, es coste adicional ascendió a 2.592,69 euros para el presupuesto del Congreso de los Diputados.

Por último, el Ministerio Público subraya que el edificio del Palacio del Congreso de los Diputados, situado en la Carrera de San Jerónimo nº 39 de Madrid, está catalogado como edificio singular en el Catálogo de edificios protegidos de la ciudad de Madrid y tiene reconocido un nivel de protección Tipo I integral de conformidad con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Además, le fue incoado expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento por Orden Ministerial de 4 de junio de 1977 del Ministerio de Educación y Ciencia, con la consecuencia del artículo 11.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio histórico español.

Una petición “desproporcionada”

“Lanzamos un líquido inocuo con remolacha. A la media hora lo limpiaron. No hubo ningún efecto contra el edificio, pero simbólicamente fue importante”, explica a EL PAÍS Fernando Prieto. “Lo hicimos para denunciar la emergencia climática, frente a la que no se están tomando medidas serias. Año y medio después se confirman los peores presagios: este año han muerto ya 11.000 personas en España por calor extremo, y pese a ello la Administración sigue sin tomárselo en serio”.

En su opinión, “llama la atención que la Fiscalía priorice una petición de penas altas frente a los activistas climáticos, en lugar de actuar contra las grandes empresas que siguen emitiendo, o contra el propio Estado que no toma medidas para mitigarlo. Los activistas lo único que hacemos es señalar que hay un problema y exigir que se lo tomen en serio”. En cualquier caso, “las protestas climáticas científicas van a seguir hasta que haya un cambio en las políticas y en la asunción de responsabilidades”.

Otra de las imputadas es Elena González, doctora en Astrofísica por la Universidad de Hertfordshire (Reino Unido): “Los científicos llevamos décadas advirtiendo a los Gobiernos de lo que está pasando con el clima y no se han tomado medidas a la altura de los datos. Por eso nos sumamos a la protesta, para exigir cambios. Usamos un líquido inocuo biodegradable que se podría haber ido solo”. González también critica la elevada petición de penas: “En los últimos años ha ido escalando la represión a las protestas pacíficas, también ha pasado con los activistas de Futuro Vegetal, y en otros países europeos. Es una deriva preocupante”.

Por su parte, el exdiputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde —ahora coordinador de Alianza Verde— se encontró con la acción al salir del Congreso ese 6 de abril. “Vi a los activistas climáticos protestando y charlé con ellos. Luego lanzaron pintura biodegradable. En el mismo momento en que se llevaron a la gente, ya estaban limpiándolo con mangueras, y esa misma tarde no quedaba ni rastro”, señala.

“El auto de la Fiscalía me parece un absoluto bodrio injustificado. Hay un principio en la justicia que es la proporcionalidad y creo que la petición es absolutamente desproporcionada. No hubo daños al edificio, y pese a ello los acusan por daños al patrimonio”. Tras las detenciones, López de Uralde escribió a la entonces presidenta de la Cámara Baja, Meritxel Batet, para defender a los imputados: “Los querían acusar también de atentado contra las autoridades del Estado, que conlleva penas más altas, porque supuestamente se había interrumpido el desarrollo del Pleno del Congreso. Eso era una falsedad. Así que escribí a Batet y esta lo desmintió, porque realmente no tuvo ninguna repercusión en la sesión”. En su opinión, esta petición de penas “es una muestra del intento de persecución cada vez mayor a activismo climático”.

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