Seis jóvenes portugueses sientan en el banquillo de la justicia climática a 32 países: “Nos preocupa nuestro futuro”

Retroceder hasta el 17 de junio de 2017 es como viajar a la prehistoria en un planeta en el que se suceden sin tiempo para asimilarlos los desastres causados por los eventos meteorológicos extremos, que el cambio climático convierte en más dañinos y frecuentes. Pero lo que ocurrió hace seis años en una carretera portuguesa es clave para comprender lo que pasará el próximo 27 de septiembre en la sede de Estrasburgo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuando los gobiernos de 32 países, entre los que figura España, se sentarán en el banquillo de los acusados. Tendrán que responder por la demanda que seis jóvenes presentaron contra ellos por no hacer lo suficiente contra un cambio climático que les perjudica ya y que en el futuro será aún peor.

“Han sido seis años largos, ha sido un largo camino y, finalmente, estamos viendo el resultado de nuestro trabajo”, contaba esta semana Martim Duarte Agostinho, uno de los seis demandantes. Los otros son sus dos hermanas y otros tres primos. Martim ahora tiene 20 años, pero recuerda bien aquel 2017, un año trágico en Portugal por los incendios. La tarde del 17 de junio de hace seis años, un pavoroso fuego estalló en un bosque de Pedrógão Grande, una localidad del centro de Portugal situada a una hora de la casa en la que vivían este joven y sus hermanas. Murieron 64 personas, 30 de ellas atrapadas en sus coches cuando trataban de huir por carretera, y nadie ha sido condenado por aquel siniestro. En octubre de aquel año, otra oleada de incendios volvió a golpear el norte del país. “Los incendios nos hicieron entender que el cambio climático no es solo una amenaza para el futuro del planeta o para los casquetes polares, es una amenaza para todos nosotros y está aquí, ahora mismo, justo en nuestra puerta”, explican en su demanda estos jóvenes.

El caso se presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en septiembre de 2020. El argumento para acudir a este tribunal se basa en que la crisis climática interfiere con varios de los preceptos que protege la Convención Europea de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el derecho a la vida, el respeto de su vida privada y familiar, el derecho a no ser tratados de manera inhumana o degradante y el de no ser discriminado. El TDDH aceptó el caso y decidió llevarlo por la vía rápida.

Tras el cruce de escritos entre los demandantes y los representantes legales de los 32 países acusados, el 27 de septiembre se celebrará en la Gran Sala, compuesta por 17 magistrados, la vista de este litigio climático que persigue que las naciones endurezcan sus compromisos climáticos.

Una sentencia favorable a los demandantes “actuaría como un tratado vinculante impuesto por el tribunal a los demandados, exigiéndoles que aceleren rápidamente sus esfuerzos de mitigación climática”, sostiene Gerry Liston, uno de los abogados de Global Legal Action Network que ha llevado el caso desde el principio. Esta batalla ha sido posible gracias a una campaña de crowdfunding que ha conseguido recaudar hasta ahora más de 100.000 euros. “En términos legales, sería un gran cambio”, afirmaba esta semana Liston durante un encuentro telemático con varios medios de comunicación internacionales, en el que también participaron los jóvenes demandantes.

“El cambio climático ha tenido un profundo impacto en nuestras vidas”, advertía en ese encuentro Sofia dos Santos Oliveira, de 18 años y prima de Martim. “Ha limitado severamente nuestra capacidad de participar en las actividades básicas, como salir y disfrutar del día (...). Tengo lo que llaman ansiedad por el cambio climático”. Y no solo por lo que ocurrió hace seis años, sino por lo que lleva ocurriendo desde entonces. “En febrero, tuvimos 30 grados, eso no es normal, fue una ola de calor y dañó nuestra vida diaria”. A su lado, su hermano André añadía: “No solo nuestra salud física se ve afectada. La crisis climática afecta a nuestra salud mental porque nos preocupa nuestro futuro. ¿Cómo podríamos no tener miedo?”.

Los 32 países demandados son todos los miembros de la Unión Europea, además de Noruega, Rusia, Suiza, el Reino Unido y Turquía. Todos forman parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuando se inició el caso también estaba incluida Ucrania, pero debido a la invasión rusa, el equipo legal que representa a los chicos decidió no seguir adelante con esa acusación. “Este es realmente un caso de David contra Goliat. No tiene precedentes en su escala y consecuencias. También hace historia legal. Nunca antes tantos países habían tenido que defenderse ante ningún tribunal en ninguna parte del mundo”, explica Gearóid Ó Cuinn, director y fundador de Global Legal Action Network.

Antes de la vista, que se celebrará el 27 de septiembre, los equipos legales de los 32 países han tenido que ir respondiendo por escrito a los demandantes y los requerimientos del tribunal.

Las respuestas de las naciones demandadas se parecen bastante. Algunas son conjuntas y se centran en descartar que a los jóvenes demandantes se les pueda considerar víctimas directas y únicas de la crisis climática o en rebajar los posibles daños que han sufrido o sufrirán. “Ninguno de los demandantes (ni sus familiares) ha demostrado que hayan sufrido daños, ni ningún perjuicio específico y suficientemente grave, ni como consecuencia de los incendios ni del cambio climático en general”, apunta una de estas respuestas. “Las preocupaciones y temores a los que alegan enfrentarse, pero que no han fundamentado —en lo que respecta al empeoramiento de los problemas respiratorios y las alergias, las dificultades para dormir o, más en general, su calidad de vida—, así como la ansiedad que estos fenómenos supuestamente les han causado, no se limitan a los demandantes”, añaden las defensas de los países acusados en sus escritos.

“Es una batalla épica”, insiste Nick Flynn, responsable del área legal de la ONG Avaaz, que también les ha prestado apoyo. “Se enfrentan a 32 gobiernos y ejércitos de abogados en el caso climático más grande de la historia”, añade. De lograr una sentencia condenatoria, se podría abrir una importante vía legal a otros litigios en los que se vinculen el cambio climático y los derechos humanos. En la práctica, según Liston, una sentencia condenatoria abriría la puerta a que los activistas climáticos acudieran a los tribunales nacionales para presionar a sus gobiernos para que pongan en marcha recortes más potentes de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Greenpeace ha intentado en los últimos años abrir esa vía y presentó un litigio contra el Gobierno de España para intentar que asuma compromisos de recortes de las emisiones más potentes. Pero este verano el Supremo falló en contra de la ONG ecologista y respaldó los planes climáticos del Ejecutivo.

Los abogados de los seis chicos portugueses explican que las sentencias del TEDH suelen tardar entre nueve y 18 meses. Este fue el primer litigio climático que se presentó en este tribunal. Pero actualmente se están analizando otras dos demandas más por la falta de medidas contra el cambio climático: una contra Suiza, presentada por una asociación de personas mayores, y otra de un exalcalde de un pueblo francés, también contra su Gobierno. Todos estos casos los está analizando la misma sala del TDEH. “No estamos seguros de si obtendremos una sentencia conjunta para todos los casos o por separado”, explica Liston.

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