Las cocinas de gas prenden la última guerra entre demócratas y republicanos en Estados Unidos

Las guerras culturales que desgarran EE UU se han colado hasta la cocina. La prohibición por parte del Estado de Nueva York de fogones y calderas de gas en los edificios de nueva construcción ha puesto en pie de guerra a los republicanos, que consideran que esta medida atenta contra la libertad de elegir y especialmente contra los intereses del sector. Hasta la Casa Blanca, que tampoco comparte la decisión aunque por otros motivos, ha salido al paso del debate mediante un comunicado de la Oficina de Gestión y Presupuestos, el brazo ejecutivo de la presidencia.

En el último presupuesto de Nueva York, aprobado a primeros de mayo, los demócratas, que controlan el Capitolio estatal, adoptaron dos propuestas para poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático. La primera es la prohibición del uso de dichos combustibles para calefacción y cocinas en las nuevas construcciones, la primera iniciativa estatal en el país. No va a ser un remedio instantáneo: la ley entrará en vigor en los edificios de menos de siete plantas a partir de 2026, mientras que los bloques de mayor altura tendrán hasta 2029 para implementarla. No afectará a las viviendas existentes y se prevén excepciones para la industria, los generadores de emergencia y los hospitales, entre otros. La otra medida prevé impulsar la construcción y explotación de instalaciones de energías renovables para reducir las emisiones en un 85% para 2050.

Más del 60% de los hogares estadounidenses ya utilizan electricidad para cocinar —aunque Nueva York no alcanza ese porcentaje—, mientras la Administración de Joe Biden ha propuesto ampliar las normas de eficiencia de las cocinas de gas, con un ahorro energético estimado en 100 millones de dólares para la población, además de los beneficios ambientales y de salud. Pero los representantes republicanos Kelly Armstrong (Dakota del Norte) y Debbie Lesko (Arizona) han contraatacado con sendos proyectos de ley, apoyados por cinco y 63 legisladores respectivamente.

Sólo la denominación de sus iniciativas ilustra el grado de encono que provoca un debate aparentemente banal sobre el uso de las cocinas en un país en el que, además, gana por goleada el consumo de comida preparada, más asequible que la hecha en casa (una tendencia que se manifiesta también en las cifras de inflación). El proyecto de ley que promueve Armstrong, el H.R. 1615, lleva por título Protección de las cocinas de gas y Ley de la Libertad (la llamada Freedom Act heredó en 2015 la mayoría de las provisiones de la famosa Patriot Act, que tras el 11S consagró la lucha global contra el terrorismo). El segundo borrador, el H. R. 1640, se titula simplemente Salvad nuestras cocinas. La denominación resulta desmedida en opinión de los demócratas, aunque no todos: los que tienen intereses en la industria del gas, como el díscolo senador centrista Joe Manchin, ven con buenos ojos cualquier recurso legal o administrativo para sortear la prohibición.

Hace tres semanas, la Oficina de Gestión y Presupuestos de la Casa Blanca salió al paso de las intenciones culinarias de los republicanos en el Congreso. “Aunque la Administración ha dejado claro que no apoya ningún intento de prohibir el uso de cocinas y calderas de gas, se opone firmemente a las leyes H.R. 1615 y H.R. 1640″, reza el comunicado publicado el 6 de junio. La Administración demócrata defiende el uso doméstico del gas por “las decisiones de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, basadas en la ciencia y [destinadas] a ayudar a los estadounidenses a reducir sus facturas de energía”, por lo que rechaza las propuestas republicanas. Pero también, veladamente, la de sus correligionarios neoyorquinos: en una nueva vuelta de tuerca a la tradicional tirantez entre demócratas de Washington y demócratas de Nueva York, la Casa Blanca rechaza cualquier intento de prohibición, incluida la de los suyos.

Contaminación en los hogares

Un equipo de científicos de Stanford se ha embarcado recientemente en una gira por apartamentos de Nueva York para conocer el alcance de la contaminación y cómo esta fluye de una habitación a otra en los hogares. Forma parte de un estudio en 10 ciudades, en cooperación con grupos ambientales locales, que ya ha constatado cómo los contaminantes pueden llegar rápidamente a salones y dormitorios, a veces mucho más allá de los fuegos que los generan. La medición demostró un aumento de las concentraciones de dióxido de nitrógeno, así como de la de benceno, una sustancia carcinógena. Según un estudio publicado a finales del año pasado, las estufas de gas pueden estar relacionadas con casi el 13% de los casos de asma infantil en EE UU. Es decir, que la contaminación por gas incide tanto en el cambio climático como en la salud pública.

Durante décadas, bajo la dirección del Congreso, las normas de eficiencia de los electrodomésticos han reducido sustancialmente las facturas de energía de la iluminación, aires acondicionados, frigoríficos y otros aparatos, explica el comunicado de la Oficina. “Los consumidores de todos los Estados han ahorrado cientos de dólares al año en facturas de servicios públicos como resultado de estas normas de eficiencia y para 2030 se espera que el ahorro acumulado en facturas de servicios públicos para los consumidores supere los dos billones de dólares”. A los demócratas de la Casa Blanca les interesa electoralmente reducir el precio de la energía para el consumidor -en máximos el año pasado, por la guerra de Ucrania- en vez de proponer medidas de máximos como la prohibición del gas.

El refuerzo de la eficiencia por parte del Gobierno federal y la prohibición de Nueva York ha exasperado en fin a los republicanos, polarizando aún más el debate. La última semana de mayo, en Washington, convocaron una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes “para examinar el asalto normativo de la Administración de Biden a las cocinas y calderas de gas de los estadounidenses”. La respuesta fue el comunicado de la Casa Blanca, enarbolando el papel neutral y regulador de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (en comparación con los niveles y el número de negociados de la Administración estadounidense, la extinta burocracia soviética quedaría en mantillas).

La llama anaranjada de la combustión se ha convertido en nuevo casus belli, máxime en vísperas de las primarias para las presidenciales de 2024. Pero el escenario rebasa ampliamente la lucha política: la colosal producción de gas del país, los intereses del sector y sus importantes contribuciones a las campañas de muchos congresistas, como la senadora exdemócrata, hoy independiente, Kyrsten Sinema; incluso el liderazgo occidental de EE UU en la producción de gas natural licuado -que representó el 40% del consumo del gas europeo el año pasado- están en juego en los hornillos y las calderas de los hogares. Como si de los quemadores no saliera combustible, sino ideología.

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