La campaña de boicot en Alemania por Doñana que alarma a los agricultores andaluces: “Se están cumpliendo todos nuestros presagios”

“Se están cumpliendo todos nuestros presagios, sabíamos que la ley de ampliación de regadíos en Doñana que impulsa el Gobierno andaluz podía provocar esto”. Quien así se lamenta es Manuel Delgado Domínguez, portavoz de la asociación de Agricultores Puerta de Doñana, contrarios a la normativa para regularizar regadíos ilegales propuesta por PP y Vox y que ahora se tramita en el Parlamento andaluz, y lo hace a cuenta de la campaña de recogida de firmas que ha puesto en marcha la plataforma Campact para que las cadenas de supermercados alemanas no distribuyan fresas de Huelva por “el riesgo de una catástrofe por sequía en uno de sus parques nacionales más importantes”. Una iniciativa que, de momento, apenas ha tenido repercusión entre los consumidores de ese país, pero que ha vuelto a avivar la polémica sobre el entorno natural patrimonio de la humanidad entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central y que preocupa a los agricultores que temen que sus pedidos puedan verse mermados de cara a la próxima campaña.

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuestionaban en sendos tuits cómo el impulso de Moreno de la ley para regularizar a regantes ilegales “arruinaba el medio ambiente” y “las economías rurales”. Ribera, además, pedía al presidente de la Junta que retirara la norma. El aludido también utilizó las redes sociales para responderles: “La manipulación se les ha ido de las manos. Hablar mal de #Andalucía y sus agricultores en Europa tiene estas consecuencias. Están jugando con el pan de miles de familias. Doñana se salva con más compromiso y menos demagogia. ¡Ya está bien!”. En cascada han llegado un día después la reacción de la patronal de la fresa, Interfresa, calificando de “insidiosa y dañina” la campaña alemana, y las declaraciones de la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, pidiendo una reunión “urgente” con las cadenas de distribución de ese país “para defender la fresa”.

El Gobierno andaluz, avalado por los históricos resultados cosechados en la provincia de Huelva el 28-M, donde ha arrebatado con mayoría absoluta la diputación que el PSOE ostentaba desde 1979, se siente cómodo en la confrontación con el Ejecutivo nacional sobre Doñana, dando pábulo al argumento de que el presidente Sánchez se pone en contra de los agricultores onubenses. Cree que esa beligerancia le otorga rédito electoral. En medio de esta controversia, un sector que produce el 98% de los frutos rojos de España y el 30% de Europa, que genera alrededor de 100.000 puestos de trabajo y que el año pasado alcanzó la cifra récord de 1.163 millones de euros, según las cifras de Extenda, la empresa pública andaluza de Promoción Exterior. “Vamos a pagar justos por pecadores”, se lamenta Delgado.

El revuelo que ha provocado esta campaña en Andalucía y España no se corresponde con el impacto, bastante limitado, que ha tenido en Alemania. La asociación que la promueve, Campact, lanza campañas todas las semanas sobre los temas más variados: desde los derechos de los niños en Instagram hasta los planes del Gobierno germano para sustituir las antiguas calefacciones de gas, pasando por la financiación del salvamento marítimo. Más que un boicot alemán a las fresas de Huelva, como lo han interpretado algunos, lo que hay es una llamada al boicot que por ahora se materializa en la recogida de firmas en una página web. Cuando estalló la polémica habían sumado alrededor de 146.000 firmas, que este miércoles han crecido hasta las 153.000.

La trazabilidad de los productos

Mientras tanto, los supermercados venden con normalidad fresas españolas en un país al que le gusta especialmente esta fruta y donde es habitual encontrar las procedentes de Huelva y Sevilla. En una encuesta sin valor científico en la sección de frutas de un supermercado Aldi del centro de Berlín, cuatro de las cinco personas preguntadas por la polémica este miércoles la desconocían y una dijo haber visto un reportaje en la televisión sobre el regadío ilegal en el entorno de Doñana. Periódicamente, organizaciones ecologistas como WWF lanzan en Alemania campañas de concienciación sobre este problema, aunque su enfoque es distinto al de Campact, explica su portavoz, Sylvia Ratzlaff: “Nosotros estamos en contacto con los principales comerciantes y supermercados y agricultores responsables para encontrar una solución y les hemos estado alertando sobre la situación desde el año pasado”.

El consumidor medio alemán en general desconoce de dónde proceden las fresas, pero cada vez más llegan preguntas o peticiones a las grandes cadenas de supermercados, que se están tomando en serio la trazabilidad de sus productos. WWF reconoce que están empezando a solicitar a sus proveedores que “proporcionen certificaciones adicionales para demostrar que sus productos han sido regados con agua de fuentes legales”, explica Ratzlaff. Los medios alemanes han hablado en las últimas semanas del problema, relacionando la escasez de agua en España con el consumo de frutas en Alemania. “1,49 euros por medio kilo de fresas es demasiado barato”, se titulaba la entrevista que le hizo Der Spiegel a la ministra Ribera a finales de abril.

En Rewe, uno de los cuatro grandes de la distribución en Alemania, aseguran que priorizan la compra de frutas y hortalizas en la región. “Únicamente compramos fresas, frambuesas y arándanos de la región de Huelva y Doñana para cubrir los picos estacionales de demanda”, explica su portavoz, Thomas Bonrath. Sus proveedores españoles tienen que cumplir el estándar GlobalGAP y realizar continuas evaluaciones sobre la eficiencia del riego, la calidad del agua, su almacenamiento y la legalidad de las fuentes de donde procede. “Todos los certificados se comprueban regularmente”, insiste. Estas comprobaciones se incluyen además en los contratos de compraventa.

También Edeka, que con Rewe, Aldi y Lidl lideran el sector de los supermercados en Alemania, exige este tipo de certificaciones. Hace unos meses, en respuesta a EL PAÍS —en esta ocasión no ha respondido a las preguntas—, aseguró que se disponía a introducir una nueva “herramienta para analizar mejor los riesgos hídricos”. El supermercado con sede en Hamburgo subrayaba que sus proveedores del sur de España “han aportado pruebas de la legalidad de su abastecimiento de agua”. Edeka además organiza inspecciones a las explotaciones “sin previo aviso” y tiene en marcha sistemas para que, en caso de incumplimiento, los proveedores pierdan la certificación.

El efecto de la polémica

“No solo nos perjudica a los que cultivamos de forma legal, sino a otros compañeros de otras zonas de la provincia que no riegan con agua de Doñana”, advierte el portavoz de Puerta de Doñana. El 80% de toda la producción de frutos rojos onubense se localiza en la Corona Norte, la demarcación donde se concentran los cinco municipios donde se llevaría a cabo la legalización de los regadíos que promulga la ley. Las últimas polémicas a cuenta de los dos intentos por sacar esta norma adelante —el que arrancó el 2022, pero que decayó con el adelanto de las elecciones autonómicas, y el actual, que sigue su tramitación por la vía de urgencia― no se han traducido en un descenso de pedidos por parte de las comercializadoras extranjeras y españolas, pero los agricultores sí temen las consecuencias de cara al año que viene. “La campaña está a punto de terminar, pero ahora es cuando se empiezan a cerrar pedidos para el curso que viene y tememos que sí pueda afectarnos”, sostiene Delgado.

WWF lleva una década trabajando con cadenas de supermercados nacionales y extranjeras sobre la concienciación de la legalidad en el uso del suelo y del agua y saben de su interés por cumplir con todos los parámetros de cara a sus mercados, mucho más exigentes con la conservación y la sostenibilidad que el autóctono. “Nosotros les ofrecemos las herramientas para que ellos realicen las auditorías y los controles de calidad pertinentes, un control que, lamentablemente, no apoyan ni impulsan las asociaciones agrícolas”, reconoce Juan José Carmona, portavoz de la organización ecologista en Huelva. “Llevábamos tiempo advirtiendo de que la explotación política del Gobierno andaluz iba a tener efectos en el mercado por su voluntad de dar apoyo y carta de naturaleza a los regantes ilegales, esta estrategia va a poner en cuestión no solo al sector de la fresa onubense, sino al español”, añade.

El activista hace hincapié en la preocupación de los intermediarios extranjeros por el cumplimiento de la normativa en cuanto a los procesos de cultivo y recolección de la fresa y recuerda cómo hace un año 23 supermercados y empresas líderes del sector frutícola europeo suscribieron una carta dirigida a Moreno reclamándole que abandonara el plan para legalizar las hectáreas de regadío ilegal. Entre los firmantes figuraban grupos como Aldi, Edeka, Lidl, Migros, Sainsbury´s o Tesco. “La culpa de lo que está ocurriendo es solo suya, que no eche balones fuera”, advierte Carmona, que sostiene que el presidente de la Junta “ha banalizado la situación en Doñana por intereses electorales locales”.

“Nuestros productos se hacen aquí pero se venden fuera y las grandes cadenas sí tienen interés por mejorar el ecosistema del coto. Ignorar esto es desconocer la realidad del problema. Veremos qué pasa el año que viene”, indica Carmona. “Echamos en falta una defensa más rotunda de los que estamos haciendo todo bien, tanto por parte del Gobierno central como por el de la Junta, más interesados en sus propios intereses partidistas”, se lamenta Delgado.

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