Única urgencia: salvar Doñana

Hay algo que hoy deberían recordar los señores del PP y los señoritos de Vox, y es que Doñana ya estuvo en grave peligro una vez y fue salvada por la ciencia y por Europa. En los años cincuenta del pasado siglo, el Gobierno franquista publicó un decreto que ordenaba desecar las marismas y plantar eucaliptos para explotaciones madereras. Franco, temeroso de la presión internacional, fue disuadido de esta abominable idea gracias a José Antonio Valverde, uno de los primeros naturalistas modernos de nuestro país. El escándalo cruzó nuestras fronteras y, finalmente, la recomendación de expertos ornitólogos europeos y de Luc Hoffmann, doctor en zoología de la Universidad de Basilea y primer presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), convirtieron aquellos humedales en reserva natural.

La ciencia no entiende de campañas electorales, de motivos partidistas, de iniciativas contradictorias y engañosas. Las recomendaciones científicas no son voces agoreras que vienen de otro mundo a estropear los planes de políticos ensordecidos de prepotencia. Las recomendaciones científicas son el resultado de una visión cabal, legitimada por años de investigación y objetividad, con el único empeño de cuidar y mejorar la vida de las personas, de todas las personas, y de respetar nuestro entorno para que el futuro sea un lugar posible.

El Parlamento de Andalucía, con los votos del PP y Vox, inició a mediados de abril la tramitación de urgencia de la proposición de ley que pretende legalizar alrededor de un millar de hectáreas de regadío ilegal en la zona del parque de Doñana. Una tramitación de urgencia que agudiza la situación ya trágica de uno de los grandes tesoros naturales de nuestro país. La ciencia, sin embargo, no entiende de cinismo electoral. La ciencia sabe que la única urgencia que debe preocuparnos es salvar nuestra tierra, salvar Doñana.

Legislar en contra de las recomendaciones científicas es un lujo que ninguna sociedad democrática puede permitirse. El parque de Doñana está declarado en situación de sobreexplotación desde el año 2020. El 59% de las mayores lagunas temporales del parque no se inunda desde 2013, y las previsiones futuras, con la brutal sequía a la que nos enfrentamos, no son mejores. Han desaparecido más de la mitad de aquellos humedales que daban vida a la fauna y los árboles de una tierra cuya biodiversidad es valiosísima. Las tres lagunas que eran permanentes ya no existen. El acuífero 27, de casi 2.500 kilómetros cuadrados, la masa de agua que existe bajo el parque, del que se alimenta —no siempre de forma legal— la industria del fruto rojo de los alrededores de Doñana, resulta crucial para mantener las lagunas de las que beben decenas de miles de aves cada año. Doñana no solo se está secando. Nuestro paisaje se muere. Burlarse de la ciencia en aras de una política radical y negacionista, al más puro estilo Bolsonaro, desoyendo además la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos obliga a proteger un humedal que es Patrimonio de la Humanidad es algo que, insisto, ninguna sociedad democrática puede permitirse.

Las tortugas mora, anfibios, libélulas, caballitos de diablo, anguilas, salinetes, colmejillas... Multitud de plantas acuáticas. Alcornoques centenarios del monte negro. La vida de Doñana desaparece. La pérdida de biodiversidad, la extinción de vegetales y especies animales, afecta directamente, entre otras muchas cosas, al incremento de enfermedades infecciosas en el ser humano. Si se rompe un equilibrio milenario, se rompe también nuestro equilibrio sanitario, social, económico. El mundo entero ha comprobado esta sentencia científica hace muy poco tiempo. Apenas nos recuperamos de una pandemia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, debería saber que Doñana no es un capricho turístico patrio, ni siquiera un capricho de la Unesco. Debería saber que no puede vender Doñana por un puñado de votos. Porque de la conservación de ese mosaico de ecosistemas dependen la vida y el futuro de nuestro país y también de Europa.

El último informe de la Estación Biológica de Doñana del CSIC es demoledor. Es el tipo de recomendación científica y técnica que el PP andaluz ha querido evitar al tramitar por vía de urgencia la proposición de ley para aumentar los suelos de regadío alrededor de Doñana. Haciéndolo de esta forma, saltándose a las consejerías de Sostenibilidad o Medio Ambiente, esquivando la ciencia y también la sensatez, los plazos se acortarían y en el mes de agosto, precisamente en medio de un verano que se prevé terriblemente caluroso y seco, el Gobierno andaluz habría aprobado esta controvertida y dañina iniciativa. Pero ocurre que esta iniciativa, además de todo, es ilegal, porque la gestión del agua ni siquiera es de su competencia.

Desde el Gobierno de España, hace cuatro años que se trabaja en la restauración ecológica de Doñana y en la delicada gestión de los recursos hídricos de la zona. Entre otras muchas medidas, ya se han cerrado por ejecución forzosa 210 pozos ilegales y hay otros 428 que se acabarán clausurando. El Gobierno de España está trabajando por cumplir con la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es otra cosa que cumplir con nuestro país, con responsabilidad, sensatez y honestidad.

Cumplir, cuidar el entorno y a las personas, sin poner en riesgo la economía de Huelva, de Andalucía, de España, pero tampoco la vida. La ciencia sabe que es posible.

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