Un grupo de economistas propone una tasa a los megarricos para financiar un fondo climático global

El cambio climático también es una historia de desigualdad. De desigualdad respecto a sus responsables y a las víctimas de una crisis que no solo implica un aumento medio de las temperaturas, sino también una cascada de fenómenos meteorológicos extremos que entierran más en la pobreza a los que menos tienen. Un grupo de investigadores del Laboratorio de Desigualdad Mundial —un proyecto que lideran los economistas Lucas Chancel y Thomas Piketty— aboga por la creación de una tasa climática internacional sobre las mayores fortunas del planeta. Proponen que a las 65.130 personas que tienen un patrimonio superior a los 100 millones de dólares [unos 92 millones de euros] (el 0,001% de la población adulta mundial) se les imponga un gravamen —de entre el 1,5% y el 3% de su fortuna— para ayudar a los que menos tienen a adaptarse al calentamiento global y a protegerse así frente a esta crisis.

Si se impusiera esta tasa, la recaudación anual sería de 295.000 millones de dólares, según el Informe de Desigualdad Climática 2023, que firman, además de Chancel, los economistas Philipp Bothe y Tancrède Voituriez. Se estima que en estos momentos los flujos de financiación para la adaptación hacia los países en desarrollo rondan los 29.000 millones de dólares, muy por debajo de las necesidades reales en este campo, que ascienden a los 200.000 millones. La forma de cerrar esa brecha de financiación centra una parte importante de las negociaciones internacionales sobre cambio climático. En la última cumbre del clima, celebrada a finales de pasado año en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, se acordó la creación de un fondo de compensación para los países más pobres, pero todavía está por definir cómo se nutre ese instrumento y a quién debe ir dirigido. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha propuesto que se graven los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, el sector que es el principal emisor de gases de efecto invernadero. Ahora, este grupo de economistas da un paso más y propone, entre otras medidas, el establecimiento de una tasa climática internacional sobre las grandes fortunas.

El economista francés Lucas Chancel señala a EL PAÍS que hasta ahora no se ha lanzado una iniciativa como esta. Sin embargo, añade, los llamamientos a que se pongan en marcha impuestos sobre la riqueza surgen por todo el mundo, incluso en el último Foro Económico Mundial de Davos de hace unas semanas. Y añade: “Algunos países han introducido o aumentado impuestos progresivos a la riqueza en los últimos años (por ejemplo, Noruega o Argentina) y otros han conectado explícitamente la introducción de nuevos impuestos progresivos (sobre las rentas del capital) con la financiación de la mitigación climática en el país (así es como la Administración Biden presentó sus reformas fiscales progresivas en el contexto de la ley sobre la inflación durante el verano)”. Además, continúa Chancel, “los Gobiernos de los países ricos han acordado financiar la adaptación climática y las pérdidas y daños en los países de bajos ingresos, pero aún luchan por encontrar nuevos recursos para hacer precisamente eso”.

La propuesta del Laboratorio de Desigualdad Mundial contempla cierta progresividad. Para aquellos cuyos activos netos estén entre los 100 y los 1.000 millones de dólares (62.380 personas) la tasa sería del 1,5%; para aquellos con un patrimonio de entre 1.000 y 10.000 millones (2.584 individuos) el gravamen sería del 2%; para las fortunas de entre 10.000 y 100.000 millones (155 adultos) el tipo sería del 2,5%; y para las 11 personas que tienen más de 100.000 millones sería del 3%.

“Dados los niveles extremos de concentración de la riqueza en el mundo hoy, incluso las tasas impositivas modestas sobre las mayores riquezas pueden generar ingresos fiscales sustanciales”, añade el estudio, que cuenta con el apoyo de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Si se implementaran con éxito (incluso después de tener en cuenta cierta depreciación del capital y la evasión fiscal) alcanzarían alrededor de los 300.000 millones cada año”, remacha.

Los autores son conscientes de que “es poco probable que se logre un acuerdo global sobre un impuesto sobre la riqueza extrema para financiar la adaptación y mitigación del cambio climático en un futuro próximo”. Sin embargo, “una medida de este tipo puede ser iniciada por un grupo de países sin necesidad del consenso” en las cumbres del clima de la ONU. “Por ejemplo, si Estados Unidos y los países europeos implementaran tal impuesto, recaudarían alrededor de 175.000 millones cada año”: 121.000 en EE UU y 56.000 en Europa. Se trata de una cantidad importante que “podría redistribuirse total o parcialmente hacia un fondo climático global, sin costo para el 99,99% de la población de estos países”. Aun así, los economistas autores de la propuesta inciden en la importancia de que en otras economías de ingresos bajos y medios también se grave a “los centimillonarios que viven” en estas naciones “para financiar un esquema climático global”.

Desigualdad

Más allá de proponer esta tasa, el informe se centra en analizar la desigualdad de la crisis climática: “Los impactos climáticos no están distribuidos equitativamente en todo el mundo: de media, los países de ingresos bajos y medios sufren mayores impactos que sus contrapartes más ricas. Al mismo tiempo, la crisis climática también está marcada por importantes desigualdades dentro de los países”. Si se acude a las causas, también se encuentra un desequilibrio tremendo. “Todos los individuos contribuyen a las emisiones, pero no de la misma manera”. “El 10% de los mayores emisores mundiales de dióxido de carbono genera casi la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero” del planeta, ponen como ejemplo.

Los economistas señalan que “comprender mejor cómo los grupos” de población “pueden ganar y perder con la transición energética es clave para acelerarla”. Pero advierten de que se deben “extraer conclusiones políticas del hecho de que es probable que los principales emisores estén relativamente bien protegidos de las consecuencias adversas del cambio climático”. “Por lo tanto, sus incentivos para reducir las emisiones no están necesariamente alineados con el daño que causan esas emisiones”. Y esto es así, explican, tanto en el escenario internacional “como dentro de los países”.

Ayudas públicas

El estudio también resalta que la lucha climática y la batalla por terminar con la pobreza mundial no son incompatibles. “Investigaciones recientes contradicen la idea de que poner fin a la pobreza mundial consumiría la mayor parte del presupuesto mundial de carbono restante para cumplir con los objetivos de París”, sostienen los autores. “Sacar a un gran número de personas de la pobreza no tiene que tener un gran efecto negativo en la mitigación del cambio climático”, añaden.

El informe realiza algunas recomendaciones a los Gobiernos. Señala que medidas que están al alcance de los gobernantes y son relativamente fáciles de aplicar, como los impuestos sobre el exceso de beneficios, podrían ayudar a financiar la adaptación y la mitigación del cambio climático “sin perjudicar desproporcionadamente” a los grupos de población con ingresos más bajos. Se apunta a otras de las asignaturas pendientes en la lucha global contra el calentamiento global: la eliminación de las ayudas públicas a los combustibles fósiles. Y se resalta el ejemplo positivo de Indonesia para se afirma que, cuando la eliminación de estos subsidios “va acompañada de reformas sociales” para beneficiar al conjunto de la población en su conjunto (como los seguros de salud), “los posibles aumentos de los precios del combustible no necesariamente resultan en pérdidas de bienestar para los pobres”.

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