El etiquetado de la carne informa sobre seguridad alimentaria, pero no sobre bienestar animal o impacto medioambiental

La etiqueta de una bandeja de lomo permite conocer dónde se ha criado la vaca de la que proviene. También explica si ha pasado por otras instalaciones y dónde ha sido sacrificada. Es la llamada “trazabilidad”, que permite desandar cada paso de la cadena de producción. “Es herencia de la gran crisis que fueron las vacas locas. Es un elemento de gran seguridad alimentaria”, explica Enrique García portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esa información tiene una vocación sanitaria: si la carne está en malas condiciones, el supermercado, el charcutero o el propio consumidor puede saber quién es el responsable. Sin embargo, no ofrece detalles sobre cómo ha vivido el animal ni la contaminación que implica la instalación en la que se ha criado. Estos dos factores, entre otros, son los que más se han criticado a las macrogranjas y otras grandes producciones de ganadería intensivas en las últimas semanas.

“Los consumidores quieren conocer más información sobre la carne que consumen”, considera Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Este deseo se ha avivado desde la polémica en torno a las declaraciones que hizo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en The Guardian, en las que criticó las macrogranjas —instalaciones de ganadería intensiva que acogen a miles de animales en una única instalación, con poco espacio por animal y que no salen al campo— y alabó las producciones extensivas, pero que fueron interpretadas por la oposición y parte del PSOE como un ataque a toda la ganadería. La polvareda de esta polémica ha puesto en el centro del debate cómo se produce la carne en España, lo que lleva a muchos consumidores a querer saber más sobre los muslos, pechugas y solomillos que compran. Una recogida de firmas iniciada hace dos semanas en Chage.org con el título “Queremos saber lo que comemos: etiqueten la carne con el tipo de ganadería ¡YA!” acumula 63.000 firmas en dos semanas. “No podemos seguir así, necesitamos saber lo que comemos y consumir con responsabilidad”, indica el impulsor de la recogida de firmas.

Esta no es solo una reclamación de los consumidores. También lo exigen muchos ganaderos cuyas producciones no contaminan el agua y el suelo, ni apestan el entorno y cuyos animales viven en mejores condiciones que en las macrogranjas. Así lo pidió la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en la reunión que mantuvo la semana pasada con el ministro de Consumo. “La ley de etiquetado es absolutamente necesaria. Nosotros tenemos un modelo de producción distinto que hay que reivindicar: tenemos que aprovechar esta ocasión para diferenciar las explotaciones familiares frente a las macrogranjas. Creo que nosotros cuidamos más a los animales y contaminamos menos. Hay gente que tiene estas cosas en cuenta y quiere valorarlas”, indica Román Santalla, secretario de ganadería de UPA. “Además”, continúa, “nuestra ligazón con el territorio es mayor. No somos proyectos de fondos de inversión, grandes empresas o entidades bancarias”.

Garzón habló sobre el desarrollo del etiquetado de la carne en la entrevista que concedió la semana pasada a EL PAÍS: “Hay que avanzar en los etiquetados. En el marco de la nueva Agenda del Consumidor de la UE aparece referenciada precisamente la necesidad de un nuevo etiquetado, y nosotros en el Ministerio de Consumo somos quienes lo bajamos a lo concreto. Un etiquetado que se está planteando que sea tanto ecológico como sanitario y ambiental. Se está trabajando a nivel europeo para que exista un etiquetado que pueda recoger con claridad la trazabilidad ecológica plena”. Más País registró el 14 de enero una proposición no de ley en el Congreso para implantar un etiquetado “claro y homogéneo” que permita identificar la procedencia y el modelo de ganadería “de todos los productos alimentarios de origen animal”.

Ya existen etiquetas que ponen en valor a ciertas producciones, pero no son obligatorias. Es la conocida como “información complementaria”: no tiene por qué aparecer en el envase, pero algunas empresas escogen incluirla si les beneficia. Las principales figuras en este aspecto son los certificados ecológicos. “Los requisitos, tanto para la ganadería como para otros productos, están regulados por el Ministerio de Agricultura y hay una homologación europea. Pero estos sellos de calidad no son lo mismo que el etiquetado obligatorio, que debería contener esa información”, explica el portavoz de OCU. Otro problema de los sellos ecológicos es que muchas empresas se los autoimponen: “Lo que no nos gusta es que surjan etiquetas donde cada empresa se autocalifica. Pasa mucho en materia de impacto medioambiental, el conocido como greenwashing”. También están muy extendidas las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen.

“Los sellos de calidad son interesantes, pero para hablar de etiquetado creemos que la fórmula adecuada es la norma”, continúa García. “Apostamos por que el etiquetado avance en la información sobre el tipo de producción y la huella ambiental de los productos. Queremos que el consumidor tenga herramientas para evaluar el impacto de sus decisiones de consumo. Con el etiquetado actual, eso no es posible. Tiene que ser fácil de comprender. El consumidor no debería hacer un máster para saber qué se está comiendo”.

“El mejor ejemplo son los huevos”, prosigue el portavoz de OCU. Este producto está clasificado con un sistema fácil de entender, en el que el primer número indica cómo ha vivido la gallina. “Podría ser parecido con la carne”, añade el portavoz de Facua. El jamón, la paleta y el lomo ibérico también están estratificados en función de cómo ha vivido el cerdo (es jamón de bellota ibérico 100% si ha permanecido en la última fase de su vida en dehesas, es jamón de cebo 50% ibérico si ha sido cebado en naves industriales con pienso...), pero la clasificación no se replica para otros productos cárnicos. “El jamón tiene esas categorías por ser un producto emblema”, opina Sánchez. Las normativas que clasifican el huevo y el jamón llevan la firma del Ministerio de Agricultura en el Boletín Oficial del Estado.

Santalla considera que este hipotético modelo tendría que conciliar variables como el bienestar animal, la contaminación que genere la producción o su relación con el territorio. “No es solo indicar si es una granja intensiva o extensiva. Si se valora la regulación del etiquetado hay que ir mucho más allá. Imagínate un cerdo que vive la mayoría de su vida en intensivo, pero una pequeña parte es en extensivo y ya con esa etapa se refleja en la etiqueta. Habría que trabajar mucho en esa norma para definirla”, añade el portavoz de Facua. García añade que sería “interesante” aportar más datos, como la edad, el sexo o la raza del animal. “La mayoría de la carne de supermercados viene de modelos intensivos o mixtos. El consumidor tiene derecho a poder diferenciar”, comenta el portavoz de OCU. “No toda la ganadería extensiva es sinónimo de bienestar animal y la intensiva, antónimo. Además del etiquetado, es importante aumentar las inspecciones”, finalizan desde Facua.

Una clasificación como esta no serviría para diferenciar entre empresas “que maltratan a animales” y otra que no, en opinión del secretario de ganadería de UPA. “No consiste en eso. Todas las empresas están controladas por veterinarios que certifican que no se produzcan estas prácticas”, dice Santalla. “Los veterinarios, con nuestro trabajo abnegado como base de la salud pública, somos garantes de que la carne que se produce en España cumple rigurosos controles sanitarios durante toda la cadena de producción y distribución. Las granjas y los mataderos están sujetos a inspecciones diarias de bienestar animal”, expresó el Consejo General de Colegios Veterinarios de España tras la polémica de Garzón.

“Para lo que serviría este etiquetado”, continúa Santalla, “es para que el consumidor pueda valorar más a las producciones familiares, con menos densidad de animales y en las que viven en mejores condiciones. Hay unas normas básicas que cumplen todas las producciones, pero nosotros aportamos un plus de cuidado”. “Nosotros no podemos competir en precios. Las macrogranjas se pueden permitir márgenes bajísimos porque sus volúmenes de producción son inmensos. Pero nosotros ofrecemos algo que la gente pide y empieza a valorar. Sería interesante”, finaliza el representante de UPA.

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