El Gobierno advierte sobre los planes de PP, Cs y Vox en Doñana: “No habrá agua, es un engaño a los regantes”

El Ministerio para la Transición Ecológica ha advertido este martes que los nuevos regantes del entorno de Doñana que surgirán, si prospera la iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz para legalizar 1.460 hectáreas, carecerán de agua para sus invernaderos de fresa cercanos al espacio protegido y que esquilman su acuífero desde hace décadas. “No habrá agua, ni un solo metro cúbico, es un engaño a los regantes. Ni una sola hectárea es regularizable, no habrá agua para ellos”, ha repetido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es el organismo que podría conceder agua a los nuevos regantes si la iniciativa legislativa de la derecha en Andalucía sale adelante, dado que suma los votos suficientes en la Cámara autonómica. La sequía extraordinaria declarada en noviembre en la cuenca del Guadalquivir, el nivel de los embalses, que están al 28% de su capacidad, y el acuífero de Doñana, que fue declarado “sobreexplotado” por el Gobierno hace un año y medio, hacen imposible que estos nuevos regantes accedan a tener derechos de agua, esgrime el Gobierno. La iniciativa de los tres grupos políticos supondría que 1.460 hectáreas ilegales se conviertan en “suelo agrícola regable”, aunque sin garantizarles el permiso para contar con agua, superficial o subterránea.

El enfrentamiento entre la Junta andaluza y el Ejecutivo central ha subido este miércoles unos grados más por esta polémica iniciativa planteada en año electoral por los partidos que gobiernan en esta comunidad y la ultraderecha. “No se van a reconocer derechos [a los regantes]. Le pido a la Junta que vete esta proposición de ley y que no permita un debate estéril (…). Generar expectativas abocadas al fracaso es literalmente engañar. Un derecho al agua sin agua es humo”, ha añadido Morán. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, alegó este martes que la iniciativa restituía “derechos históricos” de los agricultores del entorno de Doñana. “Los derechos históricos solo existen en la imaginación del presidente andaluz”, ha respondido Morán, que ha recordado que esas reclamaciones esgrimidas por los agricultores ilegales y atendidas por el presidente andaluz carecen de encaje legal.

En paralelo, la Comisión Europea analizará el plan de la Junta andaluza después de que Unidas Podemos haya trasladado un escrito ante el Parlamento Europeo. “Esta proposición es un atentado medioambiental que daría la puntilla al parque natural y agudizaría la competencia desleal que sufre el sector agrícola que cumple con la normativa”, ha censurado el portavoz del partido, Toni Valero.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, dispone de seis semanas para valorar si el proyecto de ley andaluz pone en peligro a Doñana y contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que condenó el pasado junio a España por no haber frenado el expolio provocado por los invernaderos clandestinos mediante pozos. Morán se reunirá esta semana con Sinkevičius y ambos tratarán la controvertida medida.

Está por ver qué sanciones se derivarán del incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en caso de que los jueces consideren que esta reforma legal en trámite contraviene su fallo. “La sentencia obliga y no podemos obviarla (…) No nos desviamos ni un milímetro del plan de la corona de 2014″, ha afirmado Morán. El problema es que el Ministerio asegura ante las instituciones internacionales como la Comisión Europea y la Unesco, que España defenderá dicho plan de la corona para proteger el acuífero de Doñana, pero el programa de medidas está en manos de la Junta, que rema en dirección contraria.

La Confederación no ha concretado si sus servicios jurídicos han garantizado que los propietarios de estas 1.460 hectáreas, muchas de las cuales hoy se riegan con pozos ilegales, no tendrán agua por mucho que la reclamen por la vía administrativa o judicial. Hay cinco comunidades de regantes de Almonte (Huelva) que opinan lo contrario y creen que estos nuevos regantes del entorno de la reserva podrían competir con ellos y por tanto provocar la reducción de las dotaciones de agua que hoy disfrutan, por lo que son una amenaza para la supervivencia de sus explotaciones ante las restricciones de riego previstas. Es decir, la connivencia de los agricultores legales con los ilegales se ha acabado de un plumazo porque estos últimos son competencia desleal y a partir de ahora podrían cerrarles el grifo.

Estas comunidades de regantes han alertado en una carta de que la Confederación, “en concesiones de aguas superficiales otorgadas anteriormente, ha privilegiado a usuarios sin derechos previos”. Los regantes se han dirigido a cuatro grupos políticos (PP, Cs, Vox y PSOE) para pedirles que eviten tramitar por la vía de urgencia la proposición de ley, para que así cuente con los informes técnicos que expliquen la viabilidad de incorporar nuevos regadíos. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, alegó ayer que se promueve la iniciativa “para que todos puedan participar y ser oídos”, a pesar de la ausencia de la Confederación y el Consejo de Participación de Doñana, organismos que disponen de los técnicos sabedores de la gestión del agua en la zona.

El Ministerio recuerda que la Junta “sabe que no hay agua” y por eso no planteó su iniciativa en el Plan Hidrológico que se cerró el pasado 17 de diciembre, donde podría haberle contestado la Confederación para demostrar con informes técnicos que la iniciativa no es posible. Ayer Moreno insistió en que la iniciativa parlamentaria de su partido no supone “ampliar regadíos”, a pesar de que la proposición de ley dice lo contrario. El presidente andaluz también subrayó que las fincas que se legalizarán no afectan al acuífero porque “están a 30 kilómetros del parque”. Sin embargo, algunas de las fincas afectadas por la regularización distan apenas un par de kilómetros de la reserva. Mientras, la Unesco ha dirigido su exigencia de información sobre el plan andaluz a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio del Ministerio de Cultura, su interlocutor habitual en España.

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