El Gobierno achaca los problemas del mar Menor a la dejación de competencias de Murcia
En los últimos 10 días miles de peces han muerto en la laguna por la falta de oxígeno. La región reclama más capacidades para abordar el problema
La grave crisis ambiental que vive el mar Menor se ha visto agudizada desde hace 10 días por la muerte de miles de peces (hasta cinco toneladas) asfixiados por la falta de oxígeno. El Gobierno considera que el problema en la laguna salada no es consecuencia “de un conflicto de competencias” entre administraciones, sino que responde a “una dejación de competencias” del Gobierno de Murcia, de “años de inacción y de permisibilidad con acciones lesivas con el medio ambiente” de ese espacio natural. Así lo ha explicado este martes la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Mientras, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a insistir en que Murcia no tiene competencias para solucionar la crisis de esta laguna y reclama al Ejecutivo que actúe. Por su parte, el Ejecutivo murciano ha tildado de “rotundamente falso” que exista una dejación del ejercicio de las competencias de la comunidad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha apuntado que “el Gobierno de España está plenamente comprometido en buscar soluciones a lo que está ocurriendo en el mar Menor”, pero ha asegurado que la situación actual “no es algo que ocurra en un día ni en un fin de semana”, sino que es el resultado de “años de dejación” de las competencias que tiene encomendadas el Gobierno murciano, presidido actualmente por Fernando López Miras, del PP, partido que ha copado el poder en la región desde 1995.
“Lo que corresponde es que cada uno ejerza sus competencias. El Gobierno [de España] ejerce sus competencias y el Gobierno de Murcia ha de ejercer sus competencias. Este es un problema importante”, ha añadido la portavoz. En ese sentido, ha apuntado que se han detectado 8.000 hectáreas con regadío ilegal que no contaban con concesión de agua, el uso excesivo de nitratos y la sucesión de vertidos. Así, ha añadido que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente han instruido 800 expedientes que “no están siendo tramitados por el Gobierno de Murcia”.
“Esto no es una pelea de competencias sino una dejación de competencias que tiene encomendadas el Gobierno de Murcia”, ha defendido la ministra, tras recordar que el Ejecutivo declaró el acuífero en riesgo químico sin que la decisión contara con el apoyo del Gobierno murciano. La cuestión, ha continuado, preocupa por razones ambientales, por economía, por la reputación de los propios productos agrícolas que España exporta y por el turismo en la zona. En todo caso, ha asegurado que el Gobierno está “plenamente comprometido” en buscar soluciones, pero que ha hecho “hasta donde podía hacer”.
Mientras, el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido que partidos y administraciones dejen de “tirarse los trastos a la cabeza” sobre la situación del mar Menor y busquen una salida. “Si hay una solución, hay que hacerlo ya”. Casado se ha remitido a las palabras del presidente murciano, Fernando López Miras, en las que pide al Gobierno que ataje el problema medioambiental del mar Menor, ya que considera que el Gobierno autonómico no tiene competencias.
La rambla del Albujón vierte cada día 30 millones de litros de agua dulce y cinco toneladas de nutrientes en el mar Menor. La propuesta del PP pide que esa rambla “pase a un colector y se bombee hacia estaciones de depuración para que se utilice esa agua para riego o, al menos, para que se vierta posteriormente de la depuración al mar Mediterráneo, no al Menor”, según Casado. “Y esto es algo para lo que no tenemos competencias para hacerlo”, ha añadido el popular.
También quieren drenar la gola del Marchamalo (canal artificial que conecta la laguna con el Mediterráneo), que está llena de sedimentos. Unas medidas muy contestadas por los expertos, que se preguntan qué impacto va a tener eso en el Mediterráneo, un mar ya muy contaminado. Mientras, López Miras ha reclamado “vaciar el acuífero, que ya está contaminado, porque tiene 300.000 toneladas de nitratos de las últimas décadas de actividad”.
El Gobierno de la Región de Murcia ha negado que existan 800 expedientes sin tramitar en el mar Menor y ha tildado de “rotundamente falso” que exista una dejación del ejercicio de las competencias de la Comunidad en esta materia. En un comunicado, el Gobierno murciano ha asegurado que a día tiene abiertos 113 expedientes de restitución de regadío ilegal recibidos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por lo que “no existe ninguna orden sin tramitar”. Según su versión, la CHS debe sancionar el uso ilegal de agua y cesar ese riego, y tras esto dar traslado a la consejería para que inicie el procedimiento de restitución, por lo que “solo la CHS es competente para acabar con el regadío ilegal y el daño que este ocasiona al medio ambiente”.
“Asumir responsabilidades”
Por su parte, Pablo Echenique, portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, ha acusado a Casado de intentar “engañar” a la gente con la misma estrategia que usó la presidenta madrileña —Isabel Díaz Ayuso— con las residencias. Por ello, preguntó por qué en los medios se “difunde la mentira entre comillas en vez de titular la verdad” que a su juicio es que “Casado miente”, porque la mayoría de las competencias son del Gobierno murciano. Mientras, el líder de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha criticado que Casado no “asume responsabilidades” ni donde el PP “lleva gobernando décadas”, como es el caso de Murcia.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, visitará la zona este miércoles para ofrecer su colaboración, pero ha exigido a Murcia “detener la sobrecarga de nitratos que recibe el mar Menor”, por lo que pide a López Miras que resuelva “los expedientes sancionadores instruidos [...] por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), las inspecciones y requerimientos del Seprona y la Fiscalía”. Ribera se reunirá con los alcaldes del área para buscar soluciones y mostrarles la postura del Gobierno, algo que el Ejecutivo también hará en sede parlamentaria.
La situación ha producido el hartazgo de los vecinos, que recogen firmas para dotar de derechos a la laguna mientras contemplan cómo la situación empeora cada día. Además, ha generado numerosas quejas por parte de entidades y expertos. La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha alertado este martes de que la mortalidad continuará porque se siguen recibiendo grandes cantidades de aguas de drenaje de los cultivos intensivos del Campo de Cartagena cargadas de nitratos. Mientras, la Fundación Ingenio ha pedido “soluciones urgentes para atajar este drama ambiental que padecen especialmente quienes viven a orillas de la laguna”.
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