Espías en las marchas y falsos avisos a la Guardia Civil: las artimañas para desactivar a los ecologistas

En una realidad alternativa que a punto estuvo de materializarse, el histórico ecologista gaditano Juan Clavero habría comparecido este martes de pie como acusado y no sentado como testigo ante en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz en Jerez de la Frontera. Apenas ha podido contener la emoción al recordar ante el tribunal ese 26 de agosto de 2017 en el que acabó engrilletado y acusado de portar en su furgoneta una bolsa con 47 gramos de cocaína. “El titular [de prensa] era ‘un dirigente ecologista detenido por tráfico de drogas’. Estaba claro que el objetivo era destruirme”, ha explicado el también biólogo con voz entrecortada. Pero ese universo alternativo no prosperó y los cuatro supuestos artífices de esa trampa, que consistía en colocar droga en el coche del ecologista, han comparecido como investigados en un juicio en el que están acusados de denuncia falsa y simulación de delito.

Todos los acusados estaban vinculados en el momento de la denuncia a la gestión de la finca La Breña del Agua, ubicada de la Sierra de Cádiz y atravesada por caminos de dominio público en disputa. El fiscal Francisco García Cantero pide un año y medio de prisión para cada uno y el pago de una indemnización de 20.000 euros a Clavero, pero podría haber sido mucho peor para ellos. La primera de las dos sesiones —está previsto que la causa quede mañana vista para sentencia— comenzó con José Miguel Herrera, entonces administrador de la Breña del Agua; Manuel Alcaide, artífice de colocar la droga; Óscar González, señalado por dar el falso aviso a la Guardia Civil, y Juan Luis Pérez, capataz de la finca, acusados de detención ilegal y organización criminal, delitos por los que la acusación particular popular les pedían hasta siete años de cárcel. Hasta que la magistrada presidenta del tribunal, Lourdes Marín, aceptó la cuestión previa planteada por una de las abogadas de las defensas, Carmen Oteo, en la que planteó que esos dos delitos añadidos constituían una acusación “sorpresiva”, dado que se produjeron a posteriori del auto de incoación de procedimiento abreviado en el que solo quedó fijada la investigación por denuncia falsa.

Los cuatro están acusados desde 2017 de urdir una supuesta trampa a Clavero, hartos de que él y otros miembros de Ecologistas en Acción organizasen marchas y caminatas para reivindicar el libre paso por el camino público que va de Benamahoma a Zahara de la Sierra por La Breña del Agua, una finca privada de 1.600 hectáreas propiedad del millonario belga Marnix Galle que cerró el paso por esa vía. Grabaciones de cámaras de seguridad y de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y testigos les ubican como supuestos organizadores de la colocación de la droga. En estos siete años nunca se había escuchado su versión de los hechos, después que se negasen a declarar ante la Guardia Civil y el juzgado de Ubrique que instruyó la causa. Pero este jueves, a preguntas únicamente de sus abogados, han perfilado un relato en el que solo han reconocido que Alcaide acudió a la marcha haciéndose pasar por ecologista como infiltrado contratado por Breña del Agua Investments S.L., mercantil que en el proceso judicial figura como responsable civil subsidiaria de lo ocurrido.

“Era costumbre poner [infiltrados] en todas las marchas para que nos dijesen el objeto de la marcha y el camino”, ha declarado Herrera, que ha asegurado que tomaban esas medidas por los enfrentamientos que se producían con los ecologistas en esas caminatas. Pero la tarde de ese 26 de agosto, terminada la marcha por el camino, el artificio supuestamente escaló a delito, después de que el administrador diese aviso a las 15.20 a un cabo del Seprona de Ubrique para advertirle que la furgoneta blanca de Clavero llevaba “bastante cantidad de droga” y darle las coordenadas de dónde poder encontrarla. Poco después, a las 15.40, Óscar González también lanzó el mismo aviso al centro de operaciones de Cádiz desde una cabina de El Bosque. La llamada quedó grabada y una camarera de la zona, testigo este jueves, ha corroborado que era la voz de González, pese a que él ha defendido que para el día de los hechos ya había sido despedido de la finca por problemas personales.

Alcaide ha reconocido también que fue él el que compró y escondió la bolsa con papelinas de cocaína —salió de una colecta de varios amigos para comprarla, según su testimonio— tras el asiento del copiloto de la furgoneta de Clavero, pero ha desmentido que lo hiciese a encargo de Herrera: “Nadie me dijo que la dejase”. Según su relato, se puso nervioso después de escuchar a los ecologistas comentar durante la marcha que esas caminatas a veces terminaban con llamadas a la Guardia Civil para que mediasen en los encontronazos con los trabajadores de la finca. “Me cago [de miedo] y dejo la droga en el vehículo (…). A José Miguel [Herrera] para quedar bien le dije que había visto una bolsa blanca en el coche que me parecía sospechosa”, ha añadido a preguntas de su abogada.

Pero Alcaide no ha llegado a explicar porqué no arrojó la droga en el campo justo cuando le hablan de la Guardia Civil y no horas después, acabada la marcha y después de que argumentase haber perdido unas gafas para acabar montado en la furgoneta de Clavero, como ha explicado este y han corroborado dos ecologistas más como testigos. Herrera ha alimentado esa tesis de defensa, esbozada a duras penas por Alcaide, al asegurar que avisó al cabo del Instituto Armado de la presencia de droga, después de la alerta de su infiltrado y no porque él lo orquestase: “No hice eso nunca ni a él ni a nadie”.

La voz de alarma de Herrera y González surtió efecto. Después de la errática y sospechosa actitud de Alcaide —con cambios de argumentos y llamadas constantes a Herrera camufladas diciendo que eran a su mujer— y de que éste se bajase pocos minutos antes, una patrulla de la Guardia Civil dio el alto a Clavero, pasadas las cinco de la tarde de ese día. “Se pusieron a registrar. Les pregunté qué estaban buscando. El cabo me pegó un grito para que me alejase 100 metros. Vi que tenía un teléfono en sus manos (…). Uno me enseñó una bolsa y sin abrir me dijo ‘¿Esto es tuyo? Esto es droga, es cocaína’ y me pusieron los grilletes”, ha explicado el testigo.

Esa escena tiene el respaldo de los mensajes de WhatsApp que Herrera se intercambió con el cabo. Primero, advirtió al guardia civil de la llegada del vehículo. Luego el agente llegó a llamarle para decir que no encontraban la droga. El administrador telefoneó entonces a Alcaide y le precisó aún más por un mensaje referido por el fiscal en su escrito de calificación: “Detrás del asiento del copiloto. Borra esto”. El administrador —cuyo padre antes era dueño de la finca y que se quedó trabajando para el empresario belga cuatro años más desde que este la compró en 2014— ha asegurado en la sala que lo de eliminar el mensaje solo era para no verse implicado con los ecologistas, con los que no tenía una buena relación.

Clavero estuvo más de 20 horas detenido, en ese lapso siete agentes registraron su casa de Benamahoma ante la atónita mirada de su mujer y su hija y de él mismo esposado, según ha explicado visiblemente emocionado. “El juez [de Instrucción] sobreseyó el caso diciendo que todo había sido una trampa. Después de una vida dedicada a la enseñanza y al derecho de la defensa de lo público que me vea implicado en un caso de droga…”, ha apuntado el ecologista, poco antes de terminar su intervención como testigo. Este miércoles está previsto que declaren los guardias civiles que participaron en ese operativo y que investigaron la trampa que enredó a Clavero que, en la primera sesión, ha respirado aliviado porque el caso, aunque tarde, por fin llegue a juicio. “Espero que a los mafiosos que intenten cargarse los movimientos sociales, como en este caso, se les combata con ideas”, ha exclamado orgulloso poco antes de comenzar.