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29 papelinas de cocaína ocultas para destruir al ecologista

La Guardia Civil achaca a cuatro personas un plan para lograr la detención por tráfico de drogas del histórico activista Juan Clavero

El ecologista y exdirector del Parque Natural Sierra de Grazalema, Juan Clavero.
El ecologista y exdirector del Parque Natural Sierra de Grazalema, Juan Clavero.

“Introduciendo maliciosamente en su vehículo 47 gramos de cocaína y 4 gramos de hachís, y asegurándose de que fuera interceptado por la Guardia Civil (…) se concertaron en el espacio y en el tiempo para perjudicar a Juan Clavero por su condición de ecologista activo en la defensa de los caminos públicos presuntamente usurpados por algunos propietarios de fincas”.

El insólito párrafo anterior extraído de un atestado policial demuestra la determinación de una banda contra un ecologista —hasta el punto de tenderle una trampa con droga— pero también la gravedad de la batalla por recuperar las vías pecuarias que se libra en todo el país. Un enfrentamiento silencioso, en el campo y sin apenas testigos, con numerosas Administraciones que hace décadas tiraron la toalla a favor de los dueños de las fincas y les permitieron apropiarse de los caminos de todos, en origen destinados a la trashumancia.

Clavero es un histórico ecologista andaluz y exdirector del Parque Natural de la Sierra de Grazalema que a mediados de agosto fue víctima de un plan destinado a desacreditarle y lograr su condena por tráfico de drogas, según el instituto armado. El frecuente acoso que sufren los activistas saltó de categoría el pasado 26 de agosto con esta peligrosa trama. Pero algo falló.

Tras una declaración “detallada y verosímil”, el juez Javier de Lemus le puso en libertad después de una noche en calabozos. La sospechosa operación despertó la solidaridad de alcaldes que habían polemizado con Clavero durante sus 30 años de activismo, pero que no daban crédito a que se hubiera vuelto traficante a sus 62 años. Ahora, tres meses y medio después, la Guardia Civil ha destapado la maquinación de cuatro personas vinculadas a la finca La Breña del Agua, cerca de Zahara de la Sierra (Cádiz), que han resultado imputados por el instructor y en febrero declararán por un delito de acusación o denuncia falsa.

Juan Clavero, horas antes de su detención en agosto.
Juan Clavero, horas antes de su detención en agosto.

Ese día de agosto la banda llamó a la central del instituto armado, tal  y como refleja el atestado:

—¡Guardia Civil de Cádiz...!

—¡Hola!, buenas tardes... ¿Guardia Civil, no?

—Sí

—Mire... yo llamaba para informar que hoy, entre las cuatro y media y las siete de la tarde, va a entrar en el pueblo de Benamahoma una furgoneta Volkswagen blanca, con matrícula terminada en DTT, con una importante cantidad de droga para ser consumida en las fiestas del Coto de Bornos.

—¡Ummmm...!

—Gracias

En paralelo el grupo contactó con un cabo del Seprona amigo —al que citan en un restaurante y saludan “con un abrazo”— para contarle que tenían “un infiltrado” que les había dicho que “en una furgoneta blanca tienen bastante cantidad de droga”. El cabo alertó para desplegar un control de carretera que parara el coche de Clavero y como en un principio el registro del vehículo resultó infructuoso, el responsable de la finca, José Miguel Herrera, le mandó un mensaje al cabo: “Detrás del asiento copiloto, borra esto”. Allí encontraron los agentes “veintinueve papelinas de cocaína y ocho trocitos pequeños de hachís” y le pusieron los grilletes al activista.

"¿Qué será lo próximo? ¿Un tiro?"

“Las formas mafiosas de estos dueños son distintas de todas”, define Illescas. Se refiere a los propietarios de la finca objeto de la polémica, enclavada en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, con más de 2.000 hectáreas entre El Bosque, Grazalema y Zahara de la Sierra. “Este empresario belga ha comprado unos terrenos aquí pensando que esto es Kenia pero hay que cumplir con unas normas”, añade la activista.

Justo por esta finca de Breña del Agua discurre el camino público que va desde Benamahoma (pedanía de Grazalema) a Zahara por el que pasó la marcha del pasado mes de agosto, tras la que Clavero acabó detenido. “Antes se podía acceder sin problemas, pero ellos cerraron el camino y lo llenaron de guardas”, denuncia Gaspar Corbacho, integrante de la plataforma que defiende los caminos y vías de la Sierra de Cádiz. En 2011, el Ayuntamiento de Grazalema decidió aprobar legalmente la catalogación de este sendero de Benamahoma a Zahara como público, ya que buena parte de la vía y de las fincas (unas 1.300 hectáreas) se encuentran en su término municipal.

Las formas empleadas para defender la privacidad de la zona han sido poco amistosas, tal y como denuncia Corbacho: “Guardas de esas fincas me han llegado a perseguir con el brazo en alto sosteniendo una vara o incluso una vez que nos sacaron un rifle. En otra ocasión se plantaron en mi casa y atravesaron los coches en la puerta para amenazarme”.

Corbacho reconoce sentir ahora más temor ante lo ocurrido con Clavero y se pregunta qué ocurrirá en el futuro: “Soy mucho de ir a caminar solo y ya siempre llevo el móvil activo por lo que pueda pasar. El miedo ya lo llevo. Si no le paran los pies a esta gente, ¿qué será lo próximo? ¿Un tiro?”. El activista contabiliza “de 15 a 16” los empleados que La Breña del Agua tiene contratados para garantizar que nadie acceda al camino. “¿Para qué tantos? ¿Qué hacen allí dentro?”, se cuestiona Corbacho.

Juan Heredia, guarda de un coto de caza que linda con las fincas, lo corrobora: “En la finca se ve actividad de día y de noche y suele estar vigilada por tres o cuatro personas”. Oficialmente, las fincas de La Breña del Agua son usadas para caza y actividades cinegéticas. Además, por el despacho de García Ramírez ha pasado un proyecto de actuación para la ampliación de un caserío ya existente y la construcción de unas naves para usos agropecuarios. El alcalde de Grazalema explica que la aprobación del proyecto se encuentra ahora mismo en manos de la Junta de Andalucía. Si cumple los estrictos criterios urbanísticos que establece el municipio y el parque natural, el Ayuntamiento podrá otorgarle licencia de obras.

Mientras que ese dictamen llega y se acomete el deslinde definitivo del camino público, García añade: “Aunque, hasta ahora, ningún vecino ha pedido nada en relación con ese camino, lo vamos a abrir”. En Zahara, Nieto también tiene claro que es necesario pelear por que la vía acabe de nuevo abierta: “Esto es como la democracia, hay que lucharla y pelearla. Lo que no estás continuamente pisando se lo acaba apropiando lo privado y eso no puede ser”.

Los miembros de Ecologistas en Acción habían acudido a una marcha para reivindicar los caminos públicos que atravesaban dicha finca y que sus dueños habían vallado para impedir el paso. “Uno de los presuntos responsables, Manuel Alcaide (…) se ganó su confianza [la de los activistas] para que al finalizar le llevaran en su vehículo por un camino, momento que aprovechó para esconder las drogas bajo el asiento del acompañante del conductor”, según el relato de la Policía Judicial del instituto armado. A continuación, se bajó del coche poco antes de donde sabía que les estaba esperando la Guardia Civil.

Tras ser citados como investigados en el cuartel, los cuatro —tres de ellos trabajadores de la sociedad Breña del Agua Investements— se negaron a declarar para dar su versión. Ahora Herrera considera que “la acusación no es tan grave, pero no tenemos nada que ver. Fui propietario de la finca la Breña del Agua y vendí al actual dueño belga”, explica sobre los terrenos que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) establece que han usurpado al menos una vía pecuaria. “Estas son noticias negativas porque afectan a la imagen de la Guardia Civil, de los propietarios y empleados de la finca”, añade. Ecologistas en Acción, personado en la causa, ha pedido que el cabo del Seprona declare como investigado, pero el juez le ha citado como testigo.

¿Qué ocurre en la defensa de las vías pecuarias para que cuatro personas elaboren una trama de ese calibre contra el movimiento ecologista?

Al mismo ritmo que los agricultores y cazadores han usurpado estos caminos con un simple traslado de su vallado, los ecologistas y los montañeros han multiplicado sus reivindicaciones y marchas para que se cumpla la ley. Pero el conflicto se ha enconado y en ocasiones el enfrentamiento se recrudece. “La Guardia Civil normalmente se posiciona con los propietarios que cierran caminos y la sensación de impunidad es absoluta. La Federación de Montaña montó una marcha hace poco y cuando 150 personas saltaron una valla, la Guardia Civil les denunció”, ejemplifica Clavero, cuyo caso ha publicado Le Monde hace dos semanas.

Dado que a veces caminar por el campo es imposible, comunidades como Baleares han dicho basta y su Gobierno autonómico aprobó hace un mes la Ley de Caminos Públicos, que incluye sanciones a los propietarios y prevé expropiaciones para los incumplidores. A diferencia de la mayoría de países europeos, a veces en España caminar por el campo es una odisea y muchos Ayuntamientos carecen de inventario de caminos públicos, tal y como denuncia la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos. Pero sobre todo se ignora por sistema la Ley de Vías Pecuarias de 1995, que fija estos bienes de dominio público de las comunidades autónomas como inalienables, imprescriptibles e inembargables.

En Andalucía otra ley refuerza la protección de estas vías, que suman 30.000 kilómetros en esta comunidad, pero solo un tercio de ellas están deslindados según la Junta, porcentaje que la asociación de agricultores Asaja reduce al 10% del total. “Desde hace tres años hemos visto cómo el deslinde se ha reducido”, afirma la portavoz de Ecologistas en Acción, Lola Illescas. El director de los servicios jurídicos de Asaja, Emilio Vieira da una cifra clara: hace una década el departamento de vías pecuarias de la Junta en Sevilla disponía de una docena de trabajadores, hoy solo cuenta con un técnico y un abogado.

Vieira considera que la usurpación de caminos públicos es un problema de perspectiva de los agricultores y cazadores y que su asociación les asesora para que siempre negocien un cambio de trazado con la Administración. “Existe una visión decimonónima anclada en muchos propietarios. Pero en general nos hacen caso, aunque hay problemas con las fincas pequeñas”, admite.

El pasado verano la Junta de Andalucía anunció un plan de choque contra la usurpación de vías pecuarias, pero ahora prevé aprobar una ley de caminos públicos (destinados a las personas y al transporte, al margen del ganado) que dé respaldo a los Ayuntamientos y las Diputaciones. Eso sí, por tiempos el Gobierno ve difícil su aprobación esta legislatura, a pesar de que el apoyo de Podemos le permitiría sacarla adelante. “Reconocemos que en todo el país hay un problema real de abandono y usurpación. No es fácil, pero estamos firmemente decididos porque son exigencias de los ciudadanos, ya que cada vez hay más gente que sale al campo a caminar”, alega el consejero de Medio Ambiente andaluz, José Fiscal. ¿Ha existido abandono por parte de la Junta la última década? “Han sido un cúmulo de circunstancias: miles de kilómetros y que durante la crisis había otras prioridades, como que la gente comiera, además de la tasa de reposición cero en la Administración”, responde.

Para que las medidas surtan efecto y se recuperen los caminos, además del refuerzo legislativo es necesario inversión pública, dado que la señalización con mojones suele costar entre 6.000 y 8.000 euros por cada cinco kilómetros, según los expertos.

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