Juicio a la banda acusada de meter cocaína en el coche de un histórico ecologista para hundirle

El acoso y persecución que sufren los ambientalistas en España subió un gran escalón hace siete años, cuando una banda introdujo supuestamente cocaína en el coche del histórico ecologista andaluz Juan Clavero para tenderle una trampa y meterlo entre rejas. Muy lejos aún de los asesinatos de activistas por la tierra que desde hace años corroe América Latina, el caso constató que en España la lucha por los caminos rurales acarrea una oposición con métodos mafiosos y un alto coste personal.

Este martes arranca en la Audiencia de Jerez de la Frontera (Cádiz) el juicio contra una banda de cuatro hombres que en 2017 ocultó presuntamente 47 gramos de cocaína y cuatro de hachís en la furgoneta de Clavero para lograr su detención y destruir su reputación, labrada durante décadas de lucha ecologista. La Fiscalía de Cádiz pide para los cuatro procesados un año y medio de cárcel por un delito de denuncia falsa, petición de condena que las acusaciones particular y popular elevan a siete años de prisión por denuncia falsa, simulación de delitos, detención ilegal y organización criminal.

“Pasé miedo y me asusté porque en principio pensé que me habían tendido la trampa los guardias civiles, porque con maneras muy chulas el teniente me ordenaba y nunca me pidió la identificación. Luego en el calabozo de Ubrique me quitaron las gafas y me apuntaron con dos focos para no poder dormir, por si me intentaba suicidar. Si los primeros días lo pasé muy mal, luego hubo una gran cooperación ciudadana para desentrañar la trama”, recuerda ahora Clavero.

La vista oral suscita gran expectación por el insólito plan urdido contra un ecologista de 70 años y exdirector del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. La trama urdida salió mal porque tras su detención inicial, Clavero fue liberado del cargo de tráfico de drogas por otro juez, y porque más tarde la Guardia Civil deshizo los pasos que habían dado los cuatro hombres para supuestamente meter la cocaína en su coche, con contundentes pruebas de cargo, incluidos vídeos y mensajes telefónicos que enviaron sin demasiada pericia y prevención para no ser descubiertos.

Los ecologistas habían peleado durante años en la comarca de Sierra de Cádiz por lograr el paso público por los caminos públicos destinados a la trashumancia, uno de los cuales atraviesa la finca La Breña del Agua, cerca de Zahara de la Sierra. Para desactivar esta batalla, se piensa que el exgerente de dicha finca, dos empleados suyos y un cuarto cómplice activaron un plan junto a un amigo guardia civil para de un plumazo convertir a Clavero en narcotraficante. Supuestamente, el 26 de agosto de 2017, uno de ellos se hizo pasar por activista ambiental en una manifestación por la recuperación del camino, y todos avisaron al instituto armado de que en el coche del ecologista había droga escondida. En una curva, una patrulla detuvo el automóvil y si en un principio no hallaron la cocaína, el agente repreguntó a su contacto y este le indicó el sitio exacto donde la había dejado la banda, bajo el asiento del copiloto.

Ahora el ministerio público pide una indemnización de 20.000 euros por daños morales y declara responsable civil subsidiario a la entidad dueña de la finca, Breña del Agua Investments SL. Sin embargo, la acusación particular ejercida por Clavero y la popular que mantiene Ecologistas en Acción elevan la gravedad del relato del ministerio público. Ambos sostienen que además de una denuncia falsa, formaron una organización criminal al concertarse para urdir el plan, simularon delitos y provocaron la detención ilegal de Clavero, que pasó una noche en el calabozo. Y consideran que la indemnización debe ser de 70.000 euros.

“Clavero fue privado de libertad de manera ilegal durante un día y tuvo que asistir engrilletado al registro de su domicilio realizado por ocho guardias civiles ante su mujer y su hija (…) Pretendían perjudicar y denostar su imagen pública y consideración, así como su honorabilidad y conseguir su encarcelamiento (…) La práctica totalidad de los medios de comunicación, audiovisuales y escritos, se hicieron eco de la detención del representante de Ecologistas en Acción”, reza el escrito de acusación de la víctima del montaje.

El exgerente de la finca y principal implicado, José Miguel Herrera, llamó al jefe de la patrulla del Seprona en Ubrique para avisarle de que tenía un infiltrado que sabía que los ecologistas transportaban droga para venderla en unas fiestas locales. El abogado de Clavero, Juan Domingo Valderrama, sospecha que el jefe policial colaboró con la banda porque en su atestado inicial no incluyó detalles que luego en su declaración ante el juez instructor ―que investigó la trama― sí desgranó. “No hizo constar las llamadas previas y me parece que el guardia civil incurrió en una ocultación total”, critica. La Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz confirma que tras resultar investigado durante la instrucción, no hubo sanción disciplinaria y el agente pidió el traslado desde Sierra, en Cádiz, hasta Sevilla, que sus superiores le concedieron.

Hasta llegar a la vista oral, los cuatro procesados se han negado a declarar en fase de instrucción, a pesar de la contundencia de las pruebas en su contra. Mientras, el millonario belga Marnix Galle, propietario de la finca La Breña del Agua y otras tres propiedades que suman 2.000 hectáreas en Sierra, echa balones fuera y se considera ajeno a las supuestas maniobras de sus empleados. “Los hechos están motivados por la larga disputa entre el antiguo propietario de la finca y el movimiento ecologista local. Nunca he sido llamado por el juez y no soy sospechoso de ningún comportamiento incorrecto”, alega por correo electrónico Galle, consejero delegado de Immobel, primera inmobiliaria belga con presencia en seis países, entre ellos España.

La batalla de Galle por prohibir a los vecinos serranos y activistas el paso por esta vía pecuaria continuó en los tribunales, donde interpuso una demanda civil contra el Ayuntamiento de Grazalema. Sin embargo, el pasado mayo se avino a iniciar una negociación con el consistorio y Ecologistas en Acción para fijar su trazado definitivo, ahora pendiente de los técnicos de la Diputación de Cádiz, encargados de la topografía del camino.

“A los implicados los despidieron de la finca, pero con generosas indemnizaciones. Nunca en mi vida se me habría ocurrido pensar que iban a intentar hundir mi vida y desactivar a Ecologistas en Acción. Después de todo, tuvimos mucha suerte porque tanto la reunión previa como la llamada telefónica clave están grabadas por las dos únicas cámaras de seguridad que hay en el pueblo”, relata Clavero aún con asombro.

A la espera de que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE ratifiquen la ley contra las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública conocida como anti-SLAPP (Strategic Lawsuits against Public Participation), este caso demuestra cómo las grandes empresas utilizan cualquier recurso ―también ilícitos― para tumbar a la iniciativa ciudadana que combata sus intereses.

“Es una estrategia creciente en el mundo de las demandas estratégicas para forzar a los activistas a que se lo piensen dos veces. Sin llegar a los extremos de Latinoamérica, donde se juegan la vida, estos tipos tendieron una emboscada a Clavero para destrozar su imagen pública, lo que hicieron fue monstruoso y tendrán que responder por sus actos”, valora Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción en el proceso.