“El tráfico de residuos mueve mucho dinero y será uno de los problemas más graves en los próximos años”

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se ha transformado en sus 33 años de vida en un cuerpo cada vez más especializado: de unos cuantos agentes que controlaban la caza y la pesca a casi 2.000 efectivos dedicados a investigar los delitos ambientales, cada vez más complejos. El general de división Clemente García Barrios (Zamora, 62 años) es desde el pasado mayo su nuevo responsable. “Somos un cuerpo verde por dentro y por fuera”, apunta. García Barrios se crió en la Sierra de la Culebra, de donde le viene un inmenso amor por los bosques y un gran respeto por el lobo. El general se muestra preocupado por el tráfico de residuos, que vaticina que será un problema cada vez mayor.

Pregunta. ¿Cómo ha sido su aterrizaje en el Seprona?

Respuesta. Es un reto nuevo muy ilusionante y con muchas cosas que hacer. El Seprona tiene mucho prestigio y lo único que tengo que hacer es mantenerlo y no romper nada. Mi reto es reforzar su carácter de policía judicial específica y consolidar aún más su posición internacional.

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P. ¿Cómo ha cambiado este cuerpo desde su creación, en 1988?

R. Cuando nace el Seprona es como una policía administrativa, que denuncia infracciones a las leyes de caza, pesca, montes, aguas… Ahora somos una policía judicial medioambiental. Las cuestiones ambientales están transferidas a las comunidades, que tienen sus propios agentes forestales, lo que permite que nosotros nos centremos en las grandes infracciones al medioambiente, sin dejar de lado la prevención. Al inicio el Seprona eran unos pocos agentes que iban en moto por el monte, y ahora hemos pasado a casi 2.000 especialistas; con un gran componente de investigación, cuyo peso es cada más importante, porque los delitos ambientales son cada vez más complejos, y necesitan de un personal especializado y de medios técnicos sofisticados. De ser una Guardia Civil rural hemos pasado a la internacionalización, y a ser referencia europea, por eso nos están intentando copiar el modelo desde países como Francia. Cada vez hay más colaboración con las policías ambientales de otros países.

P. ¿Cuáles son los delitos internacionales más frecuentes?

R. Las grandes investigaciones suelen tener un componente internacional, dado el gran beneficio económico que reportan, pero si debemos de destacar dos serían el tráfico de especies —también vegetales— y el tráfico ilegal de residuos. España es un país de recepción de especies exóticas, pero también exporta animales que salen de forma ilegal, por ejemplo aves rapaces para cetrería, aves cantoras y angulas. La Operación Askea lucha cada año contra el furtivismo y el tráfico ilícito de angulas hacia el sudeste asiático; este año por primera vez se ha decretado el ingreso en prisión provisional de un detenido por esta causa.

P. ¿Por qué hay tantos envenenamientos de animales?

R. El uso de cebos envenenados sigue siendo en la actualidad un problema muy relevante para la conservación de la fauna en España, que afecta de manera muy especial a las especies amenazadas y, en particular, a aves que consumen carroña. A pesar de estos avances, cada año continúan produciéndose episodios de muerte o captura de especies cuya importancia medioambiental resulta de gran valor. Seguimos investigando los 100 buitres envenenados recientemente en Salamanca, aunque por suerte encontrar tanta avifauna muerta no es habitual.

P. ¿Qué tipo de veneno se utiliza?

R. Son principalmente aldicarb y carbofurano, que están prohibidos desde 2007. O bien se trafica con ellos ilegalmente, o queda stock de cuando eran legales. Cada vez que hay un envenenamiento se tira del hilo para investigar de dónde salen.

P. Las ONG dicen que no se encuentran todos los animales que se envenenan. ¿Es así?

R. Cuando aparece un animal muerto pedimos la colaboración del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que tiene perros especializados en la detección de cebos y de cadáveres envenenados, y con los perros batimos zonas de varios kilómetros a la redonda para buscar todos los cadáveres.

P. ¿Qué problemas suele haber con los residuos?

R. Los residuos de los aparatos electrónicos y electrodomésticos se deben reciclar, pero en ocasiones salen del circuito y se intentan exportar a otros países, bien de segunda mano, bien como basureros. El pasado domingo hicimos una operación contra la exportación de compresores de los electrodomésticos a Pakistán sin descontaminar para su posterior fundición. Son residuos que, si no se reciclan, son muy contaminantes, algunos contienen gases fluorados que atacan a la capa de ozono. Otros residuos salen porque es caro reciclarlos y se envían a países asiáticos, algo que está prohibido. El tráfico de residuos mueve mucho dinero y será de los problemas más graves en los próximos años.

P. ¿Y en el ámbito nacional?

R. El problema más importante está también en los residuos electrónicos. La mayoría de lo que detectamos son infracciones administrativas, que están a la cabeza en cuanto a las detectadas por el Seprona. En cambio, cada vez hay más conciencia de que hay que reciclar, por eso se dan menos casos de escombreras ilegales.

P. ¿Ha habido cambios en los delitos ambientales con la pandemia?

R. En 2020 bajaron los delitos ambientales [de 4.234 a 3.957], pero subieron mucho las infracciones administrativas, que duplicaron las de 2019 [de 107.854 a 233.893]. Se debe sobre todo a la mala gestión de los residuos de la pandemia: guantes, mascarillas, residuos bioinfecciosos... En cambio, en otras infracciones graves no hemos notado variación, ha seguido habiendo incendios, sobreexplotación de acuíferos, delitos de caza…

P. ¿Ha evolucionado la mentalidad ambiental de la sociedad en las últimas décadas?

R. Hay mucha más concienciación a nivel individual, y también han influido mucho las leyes nacionales y europeas que se han ido desarrollando. Cada vez hay más legislación que ayuda a que la gente respete el medio ambiente. Aquí tenemos centralizadas todas las llamadas sobre esta problemática y cada vez recibimos más avisos, sobre todo en cuanto a maltrato animal. Antes los animales salvajes eran rechazados, pero hoy incluso la gente que convive con lobos, con osos… Lo ven como un recurso turístico y económico, hasta los protegen.

P. ¿Sigue habiendo mucha caza furtiva?

R. Hay furtivismo, pero no a gran escala. El año pasado se detuvo a 252 personas por este motivo [en 2019 fueron 148]. Donde más furtivos hay es en la caza mayor (ciervos, corzos, gamos…); las comunidades marcan las piezas que se pueden abatir, todas con su precinto, pero hay personas que quieren más de lo que pueden cazar o que cazan fuera de la veda.

P. ¿Afecta a los animales protegidos?

R. El furtivismo es un problema de primer orden por los múltiples efectos negativos que genera, desde pérdidas económicas hasta desequilibrios en los ecosistemas. Pero no existe una problemática tan marcada en especies protegidas —linces, osos, lobos...— como en cinegéticas. Es verdad que se dan episodios de muerte por furtivismo o por medios de caza prohibidos pero de manera más aislada, y se investigan como cualquier delito.

P. ¿Cómo va la investigación de la muerte del oso Cachou?

R. Se sigue investigando.

P. ¿Qué delitos se denuncian más en cuanto a sanidad animal?

R. El tema de la medicación, es decir, la administración de productos veterinarios que no necesitan para que engorden. Está muy vinculado con el maltrato animal.

P. ¿Cómo actúan contra el maltrato animal?

R. Tenemos línea directa con la Dirección General de Derechos de los Animales, de reciente creación; cuentan con nosotros para todo. Hemos abierto una línea directa con ellos para que las denuncias que reciban nos las pasen directamente. También estamos intentando mejorar el transporte de animales.

P. ¿Se está respetando la prohibición de cazar en los parques nacionales?

R. No hemos recibido ninguna denuncia; las cacerías en los parques nacionales se encontraban ya muy regladas. Tampoco hemos detectado que haya subido el furtivismo.

P. ¿Tiene el Seprona medios suficientes?

R. Sí. Me gustaría que la plantilla fuera más grande, pero sí. Se está dotando al personal con medios técnicos para delitos más complejos que precisan una investigación posterior como contaminación de aguas, vertidos de residuos... El agua, por ejemplo, requiere tomar muestras, analizarlas en el laboratorio, saber de dónde viene la contaminación…

P. ¿Cómo luchan contra la sobreexplotación de los acuíferos?

R. Esta problemática está entre las primeras infracciones que denunciamos [ha pasado de 1.258 delitos en 2017 a 1.562 en 2020]. Los pozos tienen que estar registrados en las confederaciones hidrográficas de las distintas cuencas hidrográficas. Buscamos los ilegales, en ocasiones con drones, que también son muy importantes para la investigación de incendios. Hemos detectado sobreexplotación de acuíferos en zonas delicadas como el Parque Nacional de Doñana, donde hemos hecho varias investigaciones recientes.

P. ¿Cuáles son los retos de futuro del Seprona?

R. El reto más importante es el de liderar, junto con Italia, la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales [EMPACT, según sus siglas en inglés], que supone que durante dos años vamos a pilotar la estrategia contra los delitos medioambientales en la Unión Europea. Italia lo hará en 2022 y 2023 y nosotros, en 2024 y 2025. Y eso es mucha responsabilidad, porque implica coordinar a las policías medioambientales de toda Europa y marcarles unos objetivos y unas campañas. La Guardia Civil es el cuerpo de referencia a nivel europeo en tema de medio ambiente gracias al Seprona. Tenemos en el ADN la vigilancia del medio ambiente y protección de la naturaleza.

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